El terremoto del 10 de agosto de 2026 dejó una pregunta fiscal que la Administración Distrital y el Concejo de Cali ya no pueden aplazar: ¿De dónde saldrá el dinero para reconstruir la ciudad?. La respuesta que se desprende del análisis de los recursos actualmente identificados, que solo podrían cubrir apenas una fracción de las necesidades de reconstrucción. Una estimación señala que los aportes económicos, donaciones y ayudas en especie de la Nación, internacionales, entidades privadas y Distrito podrían representar alrededor del 10 % de las necesidades de reconstrucción.
Los caleños tendrían que conseguir aproximadamente el 90 % restante de los recursos necesarios para reconstruir la ciudad. Ahora el problema central es cuánto cuesta reconstruir Cali, cuánto dinero existe realmente y quién va a financiar la gigantesca diferencia.
El costo real de la reconstrucción
Según informe de la alcaldía del 19 de septiembre del 2026, los daños alcanzaron a 12.000 edificaciones, y las inspecciones técnicas a 1198 edificaciones. Y son:
Colapso total verificado 24. Colapso parcial 365. No habitables 543. Uso restringido 315. Habitables 312. Total con el diagnóstico especializado 1.198
Al tener 932 edificaciones afectadas total y parcialmente, un valor de costos totales de $10 billones, pero de las 12.000 edificaciones alcanzadas en daños, no se conoce el presupuesto de reconstrucción.
$42,1 billones: la dimensión nacional de la tragedia
La evaluación conjunta PNUD–UNGRD, según la cual los daños físicos directos ocasionados por el terremoto en Colombia alcanzaron una estimación de $42,1 billones, cifra que incluye $37,4 billones en viviendas y $4,8 billones en infraestructura
En Cali, la solicitud reclama una valoración específica y técnicamente sustentada de los daños en vivienda (apartamentos y casas) , edificaciones públicas, hospitales, instituciones educativas, vías, puentes, acueducto, alcantarillado, energía, telecomunicaciones, espacio público, equipamientos, comercio y actividad productiva.
La reconstrucción requiere atención de emergencia, recuperación, reposición de infraestructura y, especialmente, reconstrucción bajo criterios de reducción del riesgo y resiliencia.
El verdadero problema está en la brecha financiera
La petición exige una matriz que ponga frente a frente dos cifras: el costo total de reconstruir Cali y los recursos efectivamente disponibles. Allí deben aparecer los aportes del Gobierno Nacional ( Minvivienda, Mineducacion, Mincultura, Mindeportes, etc ) , cooperación internacional, Naciones Unidas, gobiernos extranjeros, empresas, fundaciones, donaciones ciudadanas, ayudas en especie, recursos propios del Distrito, créditos y otras fuentes de financiación. Además, debe quedar claro qué dinero fue efectivamente recibido, qué recursos están comprometidos, cuáles fueron contratados, cuáles fueron ejecutados y cuáles solamente han sido anunciados y todavía no han sido desembolsados.
Un anuncio de recursos no es lo mismo que dinero disponible para reconstruir. Por eso la pregunta es directa: si el costo de reconstrucción resulta ser muy superior a los recursos disponibles, ¿quién financiará la brecha?
El Distrito tampoco tiene recursos ilimitados
Cali deberá informar cuánto dinero ha destinado a emergencia, subsidios, ayudas, exoneraciones, recuperación y reconstrucción, discriminando recursos propios, traslados presupuestales, adiciones, créditos y vigencias futuras.
La reconstrucción también tendrá consecuencias sobre las finanzas futuras de la ciudad. La petición reclama conocer el impacto sobre la deuda pública, la capacidad de pago y el Marco Fiscal de Mediano Plazo, incluyendo compromisos existentes con la valorización y el MIO.
Por eso, reconstruir no significa simplemente conseguir dinero para reparar edificios. Significa comprometer recursos públicos durante años y posiblemente durante más de una administración.
El 10 % es la cifra que debe aclarar la Alcaldía
La estimación de que los aportes disponibles podrían equivaler a aproximadamente el 10 % de las necesidades de reconstrucción obliga a la Administración que explique el soporte de esa cifra y establezca oficialmente qué porcentaje representan los recursos disponibles frente al costo total de reconstrucción. También solicita determinar el monto pendiente de financiación.
Pero si el 10 % termina siendo confirmado, la conclusión financiera será inevitable: Cali tendría financiada solamente una pequeña parte de su reconstrucción y enfrentaría una brecha cercana al 90 %. Eso convertiría la reconstrucción en el mayor desafío financiero de la ciudad en décadas.
¿Existe un plan para financiar los próximos diez años?
Se exige conocer si existe un verdadero plan financiero de reconstrucción y cuáles serían sus fuentes durante los próximos 1, 3, 5 y 10 años. La Nación, el Distrito, el crédito del sistema bancario, la banca multilateral, la cooperación internacional y el sector privado aparecen como posibles fuentes, pero la pregunta esencial permanece: ¿cuánto aportará cada uno y cuándo llegará ese dinero?
Sin esa respuesta, Cali puede tener un diagnóstico de daños, pero no tendría todavía una hoja de ruta financiera completa para reconstruir la ciudad. La otra gran pregunta: ¿qué hizo el alcalde y el Concejo antes del terremoto?
El terremoto también abre una discusión institucional.
La petición solicita a cada uno de los 21 concejales que entregue las evidencias de su actuación frente al riesgo sísmico antes de la tragedia: debates, proposiciones, citaciones, requerimientos, actas, documentos y respuestas oficiales del alcalde y del secretario de Gestión del Riesgo.
La pregunta es concreta: ¿qué hizo cada concejal para que Cali identificara sus vulnerabilidades sísmicas, priorizara intervenciones y destinara recursos para reducir el riesgo?
También se les pregunta si recibieron previamente advertencias técnicas, estudios, comunicaciones oficiales, peticiones ciudadanas o intervenciones de expertos que alertaran sobre la amenaza sísmica y, si las recibieron, qué hicieron con ellas.
Control constitucional: ahora deben aparecer las pruebas
Aquí aparece una de las mayores exigencias institucionales de la petición. No basta con afirmar que hubo control político. Hay que demostrarlo documentalmente.
Cada concejal debe poder mostrar qué preguntó, qué exigió, qué debatió, qué respuestas recibió y qué seguimiento hizo frente al riesgo sísmico de Cali. La petición busca establecer precisamente si ese control existió, cuándo se ejerció y cuáles fueron sus resultados. Si no existen documentos, debates, requerimientos o actuaciones previas que demuestren una vigilancia efectiva, la ciudadanía tendrá elementos para cuestionar la suficiencia del control ejercido por la corporación.
La ciudadanía también tiene que controlar
El terremoto deja así una doble obligación: la Administración debe demostrar cuánto perdió Cali y cómo piensa financiar su reconstrucción; el Concejo debe demostrar qué control ejerció y qué exigió antes y después del desastre.
Y la ciudadanía debe verificar ambas cosas. La petición resume el desafío en preguntas: cuánto perdió Cali, cuánto cuesta reconstruirla, cuánto ha recibido, cuánto aportó el Distrito, cuánto aprobó el Concejo, cuánto dejará de recaudar por beneficios tributarios, cuánto falta por financiar y quién pagará la diferencia.
Si la estimación del 10 % es confirmada, el problema no será solamente reconstruir Cali: será conseguir el 90 % de los recursos que todavía faltarían.
El Concejo deberá demostrar con documentos que ejerció efectivamente sus funciones de vigilancia sobre el alcalde y la gestión del riesgo. La ciudadanía, por su parte, deberá ejercer el control que la Constitución le reconoce sobre ambos.
ANEXO: Petición de información y control ciudadano. Como soporte formal de fiscalización institucional, se anexa el texto completo del Derecho de Petición dirigido al Alcalde Distrital y al Concejo de Cali por el ingeniero Ramiro Varela M., Director de Caliescribe.com
