El 10 de agosto de 2026, un sismo de magnitud 7,4 resquebrajó la infraestructura física, fiscal y social de Cali. La cifra nacional consolidada entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) fijó en 42,1 billones de pesos el costo de los daños físicos directos en Colombia. Sin embargo, la brecha más preocupante no es la magnitud del desastre, sino la dimensión de la respuesta gubernamental.
Informes técnicos e institucionales calculan que la suma de todos los aportes del Gobierno Nacional, las donaciones privadas, la cooperación internacional y las asignaciones del propio Distrito apenas alcanzará a cubrir alrededor del 10% del total de los recursos necesarios para reconstruir a Cali.
Esta revelación pone de manifiesto una paradoja alarmante: la narrativa oficial celebra la llegada de auxilios, subsidios y mesas de trabajo mientras oculta que el 90% del costo total de la reconstrucción se encuentra en el limbo fiscal. ¿Cómo pretende la Administración Distrital cerrar una brecha presupuestal de esta magnitud sin comprometer la sostenibilidad económica de la ciudad a corto, mediano y largo plazo?
El espejismo del costo, la ilusión de la exención fiscal y la carga ciudadana vs el tren
La administración del alcalde Alejandro Eder se enfrenta a un desafío financiero de carácter crítico. Si las ayudas públicas, nacionales , internacionales y en especie no superan la décima parte de la demanda requerida, todos los caminos restantes conducen a que el ciudadano , le toca asumir todo ese costo y el gobierno , el alcalde, pensando en $1.8 billones para el tren de cercanías.
A este escenario se suma la aprobación o propuesta de alivios, descuentos y exoneraciones tributarias orientadas a mitigar la crisis socioeconómica de los damnificados. Si bien estas medidas responden a una urgencia social, generan un impacto colateral de consideración: disminuyen de forma drástica el recaudo distrital en el momento exacto en que la ciudad necesita más ingresos propios.
El plan de financiación exige respuestas concretas sobre la reestructuración de la deuda pública, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el impacto directo sobre los proyectos estratégicos del Distrito, incluidos los compromisos vigentes con el sistema MIO y las obras de valorización. Apelar a créditos multilaterales o vigencias futuras para cubrir la brecha del 90% implicaría empeñar las finanzas distritales por generaciones.
Omitir la prevención: La responsabilidad del alcalde y el Concejo Distrital
El debate alrededor de la reconstrucción no se agota en la consecución de fondos; abarca la revisión de la gestión del riesgo antes del fenómeno telúrico. La Ley 1523 de 2012 impone a las corporaciones públicas la obligación de ejecutar políticas de conocimiento y reducción del riesgo sísmico de forma continua.
Es imperativo examinar la actuación previa del alcalde , el Concejo Distrital y sus 21 cabildantes frente a la vulnerabilidad de Cali:
- Control político previo: ¿Qué citaciones, debates u observaciones presupuestales se adelantaron para exigir la mitigación del riesgo en edificaciones públicas y privadas?
- Alertas tempranas: ¿Qué trámites se dieron a las advertencias, diagnósticos técnicos o peticiones ciudadanas radicadas ante la Corporación antes del 10 de agosto de 2026?
- Asignación de recursos: ¿Cuáles fueron las decisiones presupuestales promovidas por los concejales para reforzar la infraestructura crítica de la ciudad?
- Control político del concejo al alcalde
Exigir información auditable, trazable y soportada sobre la evaluación de daños y el balance de recursos no constituye un mero trámite burocrático, sino el ejercicio pleno del derecho de control ciudadano sobre la gestión pública.
ANEXO: Petición de Información Pública y Control Ciudadano
Como soporte formal de fiscalización institucional, se anexa el texto completo del Derecho de Petición dirigido al Alcalde Distrital y a la Mesa Directiva del Concejo de Cali por el ingeniero Ramiro Varela M., Director de Caliescribe.com:
