Los nombres que ya circulan entre partidos y movimientos ciudadanos empiezan a dibujar el escenario de la elección de Alcaldía de Cali en 2027. La elección de Cámara dejó una primera referencia sobre las fuerzas con presencia electoral, pero ninguna tiene hoy los votos suficientes para garantizar una candidatura competitiva. El potencial electoral fue de 1.841.675 ciudadanos, con 855.168 sufragantes y una abstención de 986.507, equivalente al 53,57 %. Ese dato cambia la lectura: Cali no tiene una fuerza dominante. Tiene partidos pequeños frente a una mayoría ciudadana que todavía no participa y será el principal campo de disputa.
La abstención es el gran electorado
El Pacto Histórico obtuvo 317.515 votos, equivalentes al 17,24 % del potencial electoral ( 1.8 millones ) ; el Centro Democrático alcanzó 120.076, el 6,52 %, y La U llegó a 76.207, el 4,14 %. Las demás fuerzas registraron porcentajes menores. La abstención, con 986.507 ciudadanos, supera ampliamente la votación de cualquier partido o coalición. Ese 53,57 % será determinante en 2027. A este escenario se incorpora Firmes por la Patria, movimiento de Abelardo de la Espriella, quien ganó la primera vuelta presidencial y busca convertir ese respaldo nacional en poder territorial, disputando votos a los partidos y capacidad de movilización electoral.
¿Quién construirá una candidatura competitiva?
Por ahora, la competencia reúne varias corrientes y nombres: Alejandro Ocampo y María del Carmen Londoño por el Pacto Histórico; Clara Luz Roldán por La U; Santiago Castro en el Centro Democrático; Mabel Lara por el Nuevo Liberalismo; y sectores independientes o de centro donde aparecen Maurice Armitage, Roberto Ortiz y Diana Rojas. Sin embargo, la pregunta central no es quién aparece primero en las encuestas, sino quién logra construir una mayoría para gobernar Cali entre 2028 y 2031. La elección está abierta: será decisivo conservar votos, sumar sectores, conquistar abstencionistas y construir una coalición política capaz de superar la fragmentación actual.
El terremoto puso a Cali frente al espejo
El terremoto no creó la crisis institucional de Cali: simplemente la dejó al descubierto. La ciudad conocía desde hace décadas su vulnerabilidad sísmica, pero la prevención nunca ocupó el lugar que correspondía. Como ciudadano e ingeniero civil, asistí al Concejo y presenté 12 proposiciones científicas, técnicas y jurídicas en dos días, porque una emergencia de esta magnitud no podía enfrentarse con improvisación. El 30 de junio había advertido públicamente sobre la necesidad de prepararse y el 6 de julio el concejal Mauricio Zamora pidió igualmente un plan de emergencia. Nada sustancial ocurrió. Después llegó el terremoto y la realidad terminó haciendo el control que las instituciones omitieron.
Gestión del Riesgo convertida en puerta giratoria
Seis secretarios y once subsecretarios pasaron por Gestión del Riesgo durante el gobierno de Alejandro Eder. Para una ciudad con reconocida amenaza sísmica, esa rotación resulta difícil de explicar y todavía más difícil de justificar. Una dependencia estratégica terminó funcionando como puerta giratoria, cuando necesitaba continuidad, conocimiento técnico y capacidad de respuesta. El terremoto confirmó las consecuencias de esa inestabilidad. Pero el problema no terminó en la administración: llegó al Concejo. Allí, una mayoría que debía ejercer control constitucional y político terminó acompañando las condiciones planteadas por el alcalde. La tragedia exigía rigor institucional; aparecieron acuerdos políticos, negociaciones y demasiada complacencia.
La tragedia también llegó a la política
Lo más preocupante es que el terremoto tampoco modificó las viejas costumbres políticas. La reconstrucción de Cali debía ser una operación técnica, transparente y sometida al más estricto control público, no una negociación entre la Alcaldía y el Concejo. Reconstruir viviendas y ciudad no significa entregar un cheque en blanco ni autorizar nuevas improvisaciones. Se necesitaban controles sobre riesgo sísmico, licencias, curadurías, contratación, recursos públicos y decisiones administrativas. El Concejo tenía la responsabilidad de controlar al alcalde, no de negociar con él las condiciones de la reconstrucción. El terremoto sacudió las estructuras físicas de Cali; el debate político mostró que las otras estructuras permanecieron intactas.
No se trata de volver a la vieja normalidad
Después del sismo del 10 de agosto de 2026, Cali no debería limitarse a recuperar la normalidad anterior, porque esa normalidad también permitió muchas de las condiciones que agravaron los daños. La reconstrucción debe convertirse en una oportunidad para corregirlas. El primer paso es actualizar y ampliar el mapa de suelos de la ciudad, considerando su diversa conformación geológica y la manera particular como cada terreno transmite los movimientos sísmicos. Sobre esa base deben definirse nuevas exigencias de construcción y reforzamiento, diferenciadas según las características del suelo y actualizadas conforme a criterios modernos de sismorresistencia. Benjamin Barney Caldas
Reconstruir mejor y convertir la solidaridad en política urbana
Las nuevas edificaciones, los reforzamientos y hasta las reparaciones deben responder a criterios técnicos rigurosos. La reconstrucción también exige educar a los nuevos habitantes en las normas y responsabilidades propias de una ciudad compleja, fortaleciendo comunidades y organizando a Cali en varias centralidades conectadas por ejes urbano-regionales. El Municipio debe planificar, dirigir y controlar las intervenciones, coordinado con los gobiernos Departamental y Nacional, mientras los ciudadanos verifican e informan sobre daños en sus entornos. La solidaridad espontánea de los primeros días debe institucionalizarse y mantenerse durante años, transformándose en una cultura permanente de cooperación para reconstruir y mejorar Cali. Benjamin Barney Caldas
Cali no puede reconstruirse con el mismo modelo que la golpeó
El terremoto del 10 de agosto volvió visibles las consecuencias de cuatro décadas de “dejar hacer, dejar pasar” en el crecimiento urbano de Cali. La expansión sobre suelos inestables, el deterioro ambiental, la ocupación de zonas vulnerables y el déficit de vivienda aumentaron la exposición de miles de familias. Ahora, la reconstrucción enfrenta además pobreza, informalidad y limitaciones fiscales. El Concejo aprobó facultades presupuestales al alcalde mediante un trámite acelerado, sin contar previamente con un Plan de Acción Específico (PAE) que estableciera las prioridades. Reconstruir rápidamente, sin conocer las condiciones territoriales, sociales y económicas, puede repetir los mismos errores.
Un cabildo antes de decidir el futuro urbano
La reconstrucción no puede reducirse a levantar edificios caídos ni convertirse en una gigantesca operación contractual. Los proyectos de reconstrucción y renovación urbana, con recursos estimados en 10 billones de pesos, deben definir primero dónde conviene reconstruir y dónde no, según las condiciones del suelo, el riesgo y las características ambientales. Además, el proceso estará ligado al nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), por lo que resulta indispensable escuchar a los ciudadanos antes de aprobar decisiones que comprometerán las próximas décadas. Un Cabildo Abierto permitiría incorporar propuestas, cuestionamientos y controles ciudadanos, aplicando realmente el principio constitucional de participación democrática.
