La instalación de un nuevo período legislativo debería representar uno de los momentos más importantes de la democracia colombiana. La elección de los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes no es un simple trámite político, sino la designación de quienes conducirán el debate legislativo, garantizarán el equilibrio entre las fuerzas políticas y protegerán la independencia del Congreso frente a los demás poderes públicos. Sin embargo, la realidad demuestra que buena parte de la discusión gira alrededor de cálculos burocráticos, cuotas de poder y ventajas electorales, antes que de las responsabilidades constitucionales que esos cargos representan.
Mientras el gobierno y los partidos de gobierno buscan consolidar mayorías para facilitar la agenda del Ejecutivo, los partidos de oposición intentan sacar partido a la disputa. Todos se están equivocando, empezando por el nuevo ministros de la política, Rodrigo Lara . Ambos comportamientos son legítimos dentro del juego democrático, pero resultan equivocados cuando el interés partidista desplaza el interés nacional.
La carta politica exige armonía institucional…
La Constitución de 1991 concibió un Congreso autónomo, deliberante y pluralista. Las mesas directivas no fueron creadas para favorecer a un gobierno ni para bloquearlo sistemáticamente. Su misión consiste en garantizar el funcionamiento institucional, el respeto por las minorías, el cumplimiento del reglamento y la producción legislativa en beneficio del país.
Cuando la elección de los presidentes del Senado y de la Cámara se convierte exclusivamente en una negociación entre bancadas para obtener ministerios, contratos, presidencias de comisiones o ventajas electorales, el Congreso pierde autoridad moral ante la ciudadanía. El debate deja de girar alrededor de proyectos para Colombia y se concentra en quién obtiene mayor capacidad de influencia política.
La democracia constitucional exige mayor madurez. El control político debe ejercerse con rigor, pero también con responsabilidad institucional. De igual manera, el respaldo al Gobierno debe sustentarse en la calidad de sus iniciativas y no en acuerdos burocráticos.
Una diferencia que el país observa
Mientras en Bogotá predominaban las negociaciones internas para definir el reparto del poder legislativo, la delegación oficial del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella desarrolló una intensa agenda internacional en los Estados Unidos. Encabezada por el vicepresidente y acompañada por varios ministros, sostuvo nueve reuniones de alto nivel con autoridades, empresarios e inversionistas, proyectando una imagen de estabilidad institucional y de apertura para fortalecer las relaciones bilaterales, la cooperación económica y la confianza internacional en Colombia.
Más allá de las posiciones políticas que cada ciudadano tenga frente al Gobierno, resulta positivo que una delegación oficial represente con seriedad los intereses nacionales en escenarios internacionales. Esa es precisamente la función del Estado: defender los intereses permanentes de la Nación, independientemente de las disputas partidistas internas.
El contraste es evidente. Mientras una parte del liderazgo político concentraba sus esfuerzos en la disputa por cargos dentro del Congreso, la representación del Ejecutivo procuraba fortalecer la posición internacional del país mediante el diálogo diplomático y económico.
El liderazgo institucional debe estar por encima de la política menor
Colombia enfrenta enormes problemas en materia de desigualdad social, crecimiento económico, seguridad, inversión, empleo y estabilidad fiscal. Ninguno de esos problemas se resolverá mediante acuerdos para distribuir cuotas de poder entre partidos.
Las presidencias del Senado y de la Cámara deben recaer en congresistas con la cohrencia con la política del nuevo gobierno, capacidad de concertación y compromiso con el interés general. Su responsabilidad constitucional consiste en garantizar que el Congreso legisle con eficacia, ejerza un control político serio y preserve el equilibrio entre los poderes públicos.
La política adquiere legitimidad cuando pone al Estado al servicio de la Nación. Pierde credibilidad cuando reduce las instituciones a escenarios de negociación permanente entre intereses partidistas. Mientras Colombia necesita liderazgo para enfrentar sus desafíos internos y proyectar confianza ante la comunidad internacional, el Congreso tiene la obligación constitucional de demostrar que representa a la República y no únicamente a las estrategias electorales de las organizaciones políticas.
