Algunos dirigentes políticos y candidatos presidenciales han propuesto que con posterioridad a la realización de la elección presidencial, se convoque un diálogo nacional con todas las fuerzas que participaron en la campaña electoral para elegir al presidente de la república, lo cual hace parte de la estrategia política que en el pasado les trajo grandes réditos a las clases dirigentes del país que se repartieron el poder por igual entre liberales y conservadores durante 16 años en lo que se conoció como el Frente Nacional. Posteriormente, con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que le dio luz a la Constitución de 1991, la dirigencia política de la época ha logrado hasta la fecha asegurar la gobernabilidad del país, no obstante el ambiente de polarización y de confrontación política particularmente durante el gobierno actual, cuyas ejecutorias políticas en torno a proyectos como la paz total y el trámite en el Congreso de las reformas sociales, estuvieron sometidos a todo tipo de conflictos, generándose con ello un clima de permanente hostilidad, en tanto se recrudece la violencia de los grupos armados ilegales en los territorios, generada por diversos actores que en la actualidad tienden a lograr un mayor control territorial.
Ahora bien, según los dirigentes políticos, de lo que se trata es de recuperar no solo la estabilidad macroeconómica sino la gobernabilidad perdida en manos de las nuevas alianzas políticas a la cabeza de las cuales se encuentra el gobierno del presidente Petro que dice representar al pueblo frente a los sectores políticos que se autodenominan de la derecha, que temen se imponga con el candidato Iván Cepeda un modelo dictatorial de gobierno, inspirado en ideologías que atentan contra los principios y valores democráticos que han caracterizado gobiernos anteriores.
Para conjurar dicha posibilidad y asegurar las características del actual sistema político se propuso como alternativa política la convocatoria de un gran diálogo nacional de donde podría surgir la iniciativa de apoyar la propuesta del presidente Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente que sería presentada al Congreso de la República el 20 de julio para su trámite, de acuerdo con las reglas establecidas en la actual Constitución.
En esta ocasión se podría estar repitiendo la historia con otros actores del devenir político que se sentarían en la mesa para convenir esta vez la aprobación de reformas políticas y sociales con el fin de asegurar la gobernabilidad deteriorada e imposible de mantener en las condiciones actuales de violencia e incertidumbre política y social.
El diálogo nacional y la Asamblea Nacional Constituyente aunque conforman dos instrumentos importantes de la actividad política-jurídica del país, sino están encaminados a avanzar por los caminos de la paz estable y duradera, la ampliación de la democracia, el progreso social y el bienestar general del pueblo colombiano, no serán más que estrategias de última hora para garantizar en la práctica la gobernabilidad en medio de la lucha competitiva por el poder, que en la actualidad demanda de una verdadera transformación económica, política y social, más allá de las simples reformas de estirpe populista que no buscan modificar la base económica y política del régimen sino preservarlo y fortalecerlo para beneficio de determinados sectores de las clases dirigentes del país.