En Colombia, el trabajo estable y duradero no deja de ser más que una ficción contenida en la Constitución y en las leyes de la república.
Esta situación es cada vez más compleja en el país teniendo en cuenta que el desempleo y la informalidad son fenómenos recurrentes. Conseguir trabajo es más difícil para trabajadores no calificados e incluso para los que poseen títulos universitarios o tecnológicos que tampoco encuentran trabajo, ocupándose en la realización de actividades ajenas a sus profesiones y capacidades o simplemente emigrando a otros países en busca de trabajo acorde con sus conocimientos y experiencia.
Esta situación es más dramática en la medida en que se introdujeron nuevas tecnologías con las cuales se sustituye el trabajo de centenares de trabajadores como sucede en varias empresas y en particular en el sector financiero, siendo aún más crítica en las zonas rurales por la infinidad de problemas sociales que afrontan los campesinos en varias regiones del país.
De ahí, que Colombia ocupe los primeros puestos en materia de informalidad y desigualdad social en los países capitalistas globalizados.
La circunstancia de coincidir la celebración del día Universal del Trabajo con la campaña electoral para elegir presidente de la república, trajo como consecuencia el desvío de la atención de los verdaderos problemas del país y especialmente los relacionados con la situación social y laboral de los trabajadores y del pueblo en general, los cuales se maquillan con simples estadísticas de medición, con las cuales se busca destacar los logros aparentes de las políticas gubernamentales en favor de los trabajadores.
Entretanto, el trabajo como derecho y deber es relegado a un segundo plano, a la vez que disminuye la inversión y, la economía del país se vuelve cada vez más dependiente de otras economías con el aumento de las importaciones de productos, bienes y servicios que no permiten generar un trabajo estable y duradero.
Aunque en la Constitución de 1991 el derecho al Trabajo en sus diferentes formas y modalidades constituye una garantía esencial del Estado Social de Derecho, lo cierto es que durante los últimos gobiernos se ha privilegiado el trabajo independiente e informal como producto de la economía consumista y de los servicios y, no de aquella ligada con la producción industrial cuya fuente principal es el trabajo productivo con el cual es posible asegurar los ingresos necesarios y suficientes para atender las demandas de los trabajadores.
ADENDA: Las elecciones de juntas de acción comunal JAC en la ciudad, continúan siendo muy poco representativas de la comunidad en general que no participa en su constitución, tal como se manifestó el pasado 26 de abril con la elección de 499 Juntas de Acción Comunal en tanto que solo aparecen inscritos menos de cien mil personas no obstante los mayores de 14 años podían participar en dichas elecciones. La abstención fue muy alta, con lo cual las JACs pierden su carácter democrático y representativo.
Este hecho, sumado a la baja popularidad del alcalde Alejandro Eder, pone de presente la necesidad de que se revisen sus políticas y proyectos que seguramente se plasmaran en el Estatuto Tributario (proyecto de acuerdo 082) y en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial que se presentará al Concejo Distrital. Esto en razón de que las autoridades están obligadas a garantizar la participación ciudadana en aquellos asuntos de interés general tal como lo dispone el artículo segundo de la Constitución Política.
