El autoritarismo se ha disparado en varios países del mundo capitalista globalizado, tanto en Europa como en América latina, en la medida en que buena parte de los gobiernos han abandonado sistemáticamente las formas y procedimientos democráticos como producto de la concentración y centralización del poder al frente del Estado en cabeza de los órganos ejecutivos, generándose con ello un gran desequilibrio institucional respecto de las otras dos ramas del poder público: legislativa y judicial que integran la vieja y prosaica teoría de la división tripartita del poder, encargadas del cumplimiento de funciones separadas pero colaborándose armónicamente entre sí y a través de las cuales se expresa de manera directa o indirecta la correlación de fuerzas políticas surgidas de la lucha competitiva por el poder desde el Estado.
El auge de las prácticas autoritarias nada tiene que ver con el ejercicio legítimo de la autoridad que se ejerce por los gobernantes en el marco de determinadas competencias de acuerdo con la Constitución y la ley.
El autoritarismo adquiere en la práctica una forma ideológica con la cual se pretende justificar y legitimar los actos arbitrarios de los funcionarios públicos, que actúan motivados por intereses políticos, de clase o grupo social, particularmente en aquellos momentos en que la lucha política se vuelve más tensa y violenta como producto de la agudización de las contradicciones y conflictos sociales.
El autoritarismo como se dijo, ha extendido sus redes a varios países del denominado mundo civilizado de occidente en donde se ha desarrollado con gran fuerza con la adopción de una serie de medidas que revisten una legalidad aparente, mediante las cuales se restringen los derechos y libertades de los ciudadanos y se vulneran con cierta regularidad los derechos Humanos, tal como viene sucediendo en los Estados Unidos de Norteamérica con el gobierno del presidente Trump, particularmente con la población inmigrante. Así mismo sucede en varios países latinoamericanos en donde el poder se utiliza de manera arbitraria para defender los intereses de los grandes monopolios nacionales e internacionales como acontece con el gobierno de Milei en Argentina.
Colombia no es la excepción. También en nuestro país las prácticas autoritarias de los gobernantes se han convertido en el pan de cada día con acciones que sobrepasan los límites establecidos en las leyes y en la propia Constitución, generando grandes desajustes institucionales que conducen a poner en tela de juicio la propia estabilidad política y jurídica del país y con ello la denominada “democracia liberal” y el Estado de derecho.
En este momento en que tiene lugar el debate electoral y se aproxima la fecha para elegir el nuevo congreso, el gobierno de turno utiliza los resortes del Estado no solo para garantizar la continuidad de sus políticas de gobierno y del cambio social, sino para fortalecer su influencia ideológica y política con los candidatos de su partido en el parlamento colombiano.
En este caso, el presidente de la república interviene directa o indirectamente en los procesos políticos que inciden en los destinos electorales, lo cual se refleja por ejemplo, en el aumento que hizo del salario mínimo en favor de los trabajadores, en los subsidios a la vivienda y a sectores vulnerables y en el aumento insólito de la nómina oficial y de contratistas del Estado, etc.
Dichas prácticas hacen parte de las nuevas formas del autoritarismo más sofisticado y revestido de una aparente legalidad y del arsenal electoral que “tirios y troyanos” utilizan para acceder y mantenerse en el poder del Estado, impidiendo que las elecciones tengan un carácter libre como expresión de la voluntad del pueblo soberano, de que tanto se habla por parte de los ideólogos del populismo practicante con el cual se encubre el autoritarismo de nuestro tiempo.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social