En Cali, la protección de los derechos humanos es un programa que opera de manera articulada entre la administración distrital, las entidades de control y las organizaciones sociales. Su propósito es responder a situaciones que vulneran la vida, la integridad, la libertad y la participación ciudadana, y garantizar rutas claras para que cualquier persona pueda solicitar apoyo.
La estructura del programa parte de tres componentes: atención a casos, acompañamiento a poblaciones específicas y prevención de vulneraciones. La Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, junto con la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital, atiende denuncias directas, realiza verificaciones en terreno y activa mecanismos institucionales cuando se identifica riesgo. Estas acciones incluyen análisis de contexto, alertas tempranas, mediaciones y remisiones a entidades responsables.
Durante los últimos dos años, el trabajo más visible del programa ha estado relacionado con la intervención en zonas donde se presentaron tensiones comunitarias, amenazas a líderes sociales y conflictos territoriales. En 2024, el distrito fortaleció las mesas locales de derechos humanos en comunas y corregimientos, un espacio donde líderes, gestores comunitarios y funcionarios revisan casos, comparten información y acuerdan acciones inmediatas. Este modelo permitió agilizar respuestas y reducir el tiempo entre una denuncia y su trámite oficial.
Entre las experiencias relevantes se encuentran los acompañamientos a líderes comunales con reportes de amenazas. En varios casos, las entidades locales gestionaron con el Gobierno Nacional la evaluación del nivel de riesgo y la posible asignación de medidas de protección. El distrito también amplió el programa de formación en derechos humanos para jóvenes, docentes y organizaciones barriales, con el fin de mejorar el conocimiento de las rutas de atención y fortalecer las capacidades locales de resolución pacífica de conflictos.
Otro avance en estos dos años ha sido la articulación con programas de convivencia, atención psicosocial y mediación comunitaria. Esta conexión permitió que situaciones inicialmente reportadas como conflictos entre vecinos, disputas de espacios públicos o tensiones entre grupos juveniles fueran abordadas antes de escalar a amenazas o violaciones más graves. El programa también apoyó procesos de verificación de posibles casos de desplazamiento intraurbano y brindó acompañamiento a familias en riesgo que solicitaron orientación.
En 2025, la administración avanzó en la actualización de los protocolos de atención para víctimas de amenazas y violencias basadas en género en el marco de los derechos humanos. Esto incluyó una ruta integrada para canalizar denuncias hacia comisarías de familia, fiscalía, personería, unidades de salud y centros comunitarios. Además, se fortaleció el registro de casos para consolidar datos confiables que orienten decisiones públicas.
También se desarrollaron jornadas de atención móvil en sectores con reportes frecuentes de violaciones de derechos. En estas jornadas se brindó asesoría jurídica básica, orientación para activar rutas de protección y espacios de diálogo comunitario. Este tipo de acciones buscó acercar la institucionalidad a poblaciones que suelen tener barreras para acceder a servicios.
Sobre cómo solicitar ayuda, el programa mantiene varios canales de acceso. La Personería de Cali recibe denuncias presenciales en sus sedes y a través de su línea telefónica y correo institucional. La Defensoría del Pueblo dispone de puntos de atención en el distrito y un canal nacional para recibir reportes urgentes. La Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana atiende solicitudes mediante gestores en territorio, enlaces comunitarios y la plataforma distrital de peticiones ciudadanas. En casos de riesgo inminente, cualquier persona puede comunicarse con la línea 123 para activar la presencia de autoridades competentes.
Para pedir ayuda, la orientación general es registrar la situación de la forma más clara posible: qué ocurrió, en qué lugar, quiénes están involucrados, si existen riesgos actuales y si la persona afectada ha recibido amenazas previas. No es necesario tener documentos específicos para hacer la denuncia inicial; basta con exponer los hechos para que la institución determine los pasos siguientes. Cuando la situación corresponde a un caso de presunto delito, la remisión se hace a Fiscalía; cuando es un asunto de convivencia, se canaliza hacia los mecanismos distritales; y cuando implica riesgo a la vida o integridad, se activa la ruta de protección.
Los últimos dos años han mostrado que la protección de derechos humanos en Cali depende en gran medida de la articulación entre instituciones y comunidad. Aunque persisten desafíos, el distrito ha fortalecido mecanismos de respuesta, ampliado espacios de participación y mejorado las rutas para que cualquier ciudadano pueda solicitar apoyo. La clave sigue siendo que las personas conozcan los canales disponibles y acudan a ellos ante cualquier situación que ponga en riesgo sus derechos.
