La ruptura de un modelo confiable
Después del apagón de los 90s, y durante 3 décadas el sistema eléctrico colombiano logró un equilibrio poco común en América Latina: tarifas competitivas, cobertura creciente y, sobre todo, confiabilidad permanente. Desde mediados de los años noventa el país evitó apagones gracias a una mezcla de planificación técnica, reglas claras y participación privada sólida. Esa arquitectura permitió mantener un margen de seguridad del 10% entre la oferta y la demanda de energía. Hoy ese margen desapareció, y el país enfrenta un saldo negativo que refleja un deterioro acelerado de las decisiones gubernamentales recientes.
Las señales de alerta no provienen de opositores políticos sino de los propios actores del sector eléctrico. La demanda crece por el auge de los centros de datos, la digitalización masiva y la electrificación del transporte. Sin embargo, el gobierno no entregó las señales regulatorias necesarias para que los inversionistas aceleraran proyectos que ya venían retrasados. La presidenta de Acolgén advierte que, aunque el problema de fondo se acumulaba desde años atrás, la situación se agravó bajo la administración Petro, que no actuó con la urgencia requerida.
El sector estima que Colombia necesita inversiones anuales entre $10 y $13 billones para cubrir la demanda futura. Pero sin un marco regulatorio estable, sin una CREG técnica e independiente y en medio de intentos del gobierno por replantear todo el modelo, los proyectos simplemente no avanzan. Ese vacío político-regulatorio es el punto central del deterioro: un gobierno que desconfía de la institucionalidad del mercado y que lanza propuestas sin respaldo técnico genera incertidumbre y paraliza decisiones de capital.
El caso de las energías renovables es ilustrativo. La transición energética que Petro prometió como bandera se frenó por completo. Ningún proyecto eólico de gran escala ha podido entrar en operación, especialmente en La Guajira, donde los conflictos comunitarios sin gestión adecuada se convirtieron en un muro infranqueable. La falta de una estrategia clara con las comunidades, sumada a la ausencia de reglas estables para licenciamientos y consultas previas, produjo un atasco que compromete la diversificación del sistema.
A esto se suma otro riesgo mayor: la llegada del próximo fenómeno de El Niño entre 2026 y 2027. Las cifras oficiales muestran que el país no tendría con qué atender la demanda si la sequía se prolonga. El sistema hidráulico, base histórica de nuestra generación, no puede responder sin respaldo térmico y sin gas suficiente. Y aquí aparece otro problema: la capacidad de regasificación de SPEC podría quedarse corta si coincide El Niño con escasez de gas nacional. El gobierno lo sabe y no ha tomado medidas.
En Bogotá la evidencia es dramática: ante la falta de refuerzos eléctricos y retrasos en obras de transmisión, la capital debe prender una planta de carbón para evitar apagones. Esta decisión contradice todo discurso ambiental del gobierno y revela la fragilidad operacional generada por la improvisación.
El impacto económico es inevitable. Con oferta insuficiente, los precios suben. El cargo por confiabilidad, muchas veces criticado sin argumentos, ha sido la herramienta que impidió aumentos desbordados y evitó apagones durante 30 años. Pero ningún mecanismo puede sustituir la ausencia de nueva generación.
Lo que requiere Colombia es simple: reglas estables, una CREG técnica, licenciamiento eficiente, respeto por el modelo de mercado y coherencia en la política pública. El gobierno actual hizo lo contrario. La administración Petro intentó reemplazar el sistema sin entenderlo y sin escuchar a quienes lo operan. Ese enfoque ha erosionado la confianza y pone al país al borde de una crisis energética.
El fracaso en energía será uno de los mayores pasivos del gobierno Petro, con consecuencias económicas, sociales y ambientales que podrían sentirse por años, el próximo gobierno debe corregir el rumbo , planificar la salida de la crisis eléctrica.
