La acusación de “retórica incendiaria” por parte de Estados Unidos marca un punto crítico en la relación bilateral y amenaza con debilitar la Misión de la ONU en Colombia.
La acusación del representante estadounidense Mike Waltz en el Consejo de Seguridad de la ONU contra el presidente Gustavo Petro no es un episodio menor ni pasajero. Llamar al mandatario colombiano “irresponsable” y acusarlo de una “retórica incendiaria” que estaría socavando el proceso de paz equivale a un golpe político e internacional de gran calado. Más aún, porque Washington puso en duda la continuidad de su apoyo a la Misión de Verificación de la ONU, columna vertebral del proceso de paz con las FARC, ampliado a la llamada “Paz Total”.
El señalamiento de que el mandato de la misión se ha “expandido” hacia áreas como la justicia transicional y la protección de minorías étnicas no es un tecnicismo. Es una advertencia política que cuestiona directamente las prioridades de Petro y su modelo de implementación de paz. La insinuación de que EE. UU. podría retirar su respaldo financiero y diplomático debilitaría no solo a la misión, sino a la legitimidad internacional de los acuerdos con las guerrillas y grupos armados.
La tensión no surge en el vacío. Petro, en la Asamblea General de la ONU, fustigó a Washington por su intervencionismo histórico y su papel en América Latina, acusándolo de perpetuar conflictos y desigualdades. Más grave aún, llevó su discurso a las calles de Nueva York, donde lanzó críticas a Donald Trump y con mensaje a sus tropas, vulnerando la Constitución estadounidense, un gesto que en la política norteamericana se interpreta como una afrenta directa. La reacción fue inmediata: la delegación estadounidense se retiró durante su intervención en la Asamblea y, poco después, le fue revocada la visa diplomática, una señal inequívoca de sanción personal.
En este tablero, Colombia aparece atrapada entre la apuesta audaz pero arriesgada de Petro por reconfigurar las alianzas internacionales, y la dura realidad de la dependencia histórica de la cooperación estadounidense. Si Washington decide efectivamente reducir o retirar su apoyo a la misión de la ONU, el costo político recaerá en Bogotá, y la “Paz Total” se verá sin respaldo internacional, ni financiero ni político.
El desafío es doble: Petro debe calibrar su discurso internacional, para no convertir la legítima defensa de la soberanía en aislamiento diplomático; y Estados Unidos, a su vez, debe decidir si mantiene un apoyo pragmático al proceso de paz en Colombia o lo sacrifica en medio de la confrontación ideológica. En esa disyuntiva, lo que está en juego no es solo el mandato de la ONU, sino la viabilidad misma de la paz en el país.
