El proyecto de ley de ajuste fiscal presentado por el presidente Abelardo De La Espriella al Congreso de la república, ha suscitado diversas opiniones, unas en favor del proyecto, otras en contra, e incluso algunas posiciones intermedias con las cuales se busca ya sea, justificar o no, la política de ajuste fiscal.
Para los partidarios de la aprobación del proyecto de ley, dicha iniciativa constituye la única alternativa viable para conjurar la crisis fiscal que se cierne sobre el país, siendo necesario incrementar los impuestos (bienes de consumo, alimentos entre otros) conjuntamente con la ampliación de la base gravable, el recorte de la nómina estatal y la focalización del gasto público social.
Para los opositores de la iniciativa gubernamental, ésta no resuelve los graves problemas que afronta el país en materia fiscal, en tanto sí beneficia a determinados sectores económicos y sociales, a los cuales se les reduce la tasa impositiva del impuesto a la renta y se les mantienen sus privilegios con el argumento de que, de esta forma se estimula la inversión de capital, se crean nuevas empresas y empleos, contribuyendo a mejorar el crecimiento y desarrollo de la economía del país.
Para los sectores intermedios, el ajuste fiscal constituye una salida que sin embargo no es fácil de aceptar, para lo cual el gobierno tendrá que utilizar una amplia pedagogía con el fin de demostrar los beneficios que recibe el país con su implementación, pero también el gran sacrificio que harán los colombianos para impedir que el país caiga en lo que los expertos denominan el “default”. Esto no significa que se le puedan introducir algunas modificaciones al proyecto de ley, con el fin de atemperarlo a las condiciones reales del país y a los principios constitucionales de progresividad, equidad y justicia tributaria.
El déficit fiscal se ha convertido en un problema recurrente que se ha agravado con el paso del tiempo como consecuencia del manejo irresponsable de las finanzas públicas, el despilfarro de los recursos del Estado, la corrupción, la evasión y elusión de los impuestos. Circunstancia que tiene lugar en medio de una clase política incapaz de dirigir los asuntos del Estado cada vez más endeudado y con un bajo crecimiento económico que no permite superar los problemas por los cuales atraviesa el país, sumido en la pobreza y la desigualdad social.
De aprobarse en el Congreso de la república el proyecto de ley en los términos en que fue concebido por el gobierno, está claro que serán los trabajadores y en general la clase media los que tendrán que soportar el peso de los impuestos y asumir el costo del mal manejo de las finanzas públicas, lo que significa que la mayor parte de la carga tributaria se le trasladará a dichos sectores.
Los ciudadanos no solo deben rechazar por lo que constituye un despropósito, sino reflexionar sobre la necesidad y urgencia de unir sus esfuerzos, organizarse y desarrollar las acciones políticas pertinentes con las cuales se puedan realizar los cambios económicos, políticos y sociales que requiere el país.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
