El Estado Social de Derecho, consagrado en la Constitución Política de Colombia de 1991, atraviesa una crisis que se refleja en la educación, la salud, la vivienda, el empleo y la participación ciudadana. Esta fue la conclusión central de La Lupa Urbana de Caliescribe, dirigida por Ramiro Varela, con la participación de los abogados Luz Betty Jiménez de Borrero y Pablo Borrero.
El debate partió de una preocupación internacional. Las protestas sociales en diferentes ciudades europeas evidencian las dificultades que enfrentan los gobiernos para garantizar condiciones de bienestar. Colombia comparte problemas estructurales que, después de 35 años de vigencia constitucional, continúan sin resolverse.
Luz Betty Jiménez definió el Estado Social de Derecho como la obligación estatal de promover el bienestar general, el desarrollo, la solidaridad, el empleo y la paz. Pablo Borrero advirtió que la concentración de la riqueza ha debilitado las posibilidades de cumplir esos propósitos.
Educación en crisis
Ramiro Varela abrió el análisis sectorial cuestionando la calidad de la educación colombiana, reflejada en los resultados de las pruebas Saber y PISA, y en las dificultades de las instituciones públicas.
Luz Betty Jiménez señaló problemas de infraestructura, insuficiencia de profesores y decisiones presupuestales que afectan el funcionamiento de los establecimientos educativos. Citó experiencias de Cali donde importantes inversiones no han respondido adecuadamente a las necesidades académicas.
Pablo Borrero cuestionó las barreras económicas de acceso a la educación superior y la falta de actualización de algunas universidades frente a los avances tecnológicos.
Destacó especialmente la inteligencia artificial y la necesidad de formar estudiantes con criterio para evaluar la información que reciben.
Varela anunció que Caliescribe trabaja en una propuesta de mejoramiento educativo que será presentada a las autoridades nacionales.
Salud: derecho fundamental
La crisis sanitaria ocupó otro momento central del encuentro. Luz Betty Jiménez recordó que desde 2015 la salud está reconocida expresamente como derecho fundamental, aunque persisten dificultades para acceder oportunamente a medicamentos, tratamientos y diagnósticos.
La abogada destacó el papel de la tutela como mecanismo de protección ciudadana y cuestionó que los intereses económicos puedan prevalecer sobre las necesidades de los pacientes.
Pablo Borrero coincidió en que el sistema requiere transformaciones profundas para garantizar atención efectiva, especialmente a las poblaciones con menores recursos.
Ambos señalaron la responsabilidad del Estado en la financiación, vigilancia y prestación adecuada de los servicios.
Vivienda y servicios públicos
La situación urbanística de Cali permitió trasladar el debate constitucional a problemas cotidianos de la ciudad.
Ramiro Varela mencionó las dificultades de abastecimiento de agua, alcantarillado y vivienda social en sectores de las comunas 1, 18 y 20, además del crecimiento urbano hacia Jamundí.
Luz Betty Jiménez cuestionó los modelos de vivienda de interés social que ofrecen espacios reducidos, sin considerar suficientemente la composición familiar ni la capacidad económica de los compradores.
Advirtió sobre la importancia del próximo Plan de Ordenamiento Territorial y la necesidad de proteger los recursos naturales frente a la expansión inmobiliaria.
Pablo Borrero sostuvo que construir viviendas sin garantizar agua, infraestructura y condiciones ambientales adecuadas profundiza los problemas urbanos.
Empleo y modelo económico
La situación laboral de Cali abrió una discusión sobre la transformación de su estructura productiva.
Luz Betty Jiménez recordó el peso histórico de la industria caleña y cuestionó su desplazamiento por una economía concentrada en actividades de servicios.
Consideró que parte del emprendimiento promovido actualmente corresponde al rebusque de ciudadanos que no encuentran oportunidades laborales estables, incluidos profesionales que recurren a plataformas de transporte y pequeños negocios.
Para la abogada, Cali necesita revisar su modelo económico, recuperar capacidad productiva y fortalecer la generación de empleo.
Pablo Borrero agregó que la crisis también afecta la democracia cuando la participación ciudadana se limita a comunicar decisiones previamente tomadas por los gobernantes.
Cali necesita un plan al 2036
En el cierre, Ramiro Varela planteó que la solución exige crecimiento económico, productividad y una visión de largo plazo.
Propuso construir un plan maestro de desarrollo hacia 2036, cuando Cali cumplirá 500 años, con proyección al 2051, orientado a elevar el ingreso por habitante y mejorar las condiciones sociales.
Pablo Borrero respondió que el crecimiento debe acompañarse de una distribución más equitativa de la riqueza.
La Lupa Urbana dejó planteado el desafío: recuperar la capacidad del Estado para garantizar derechos, fortalecer la economía y convertir el bienestar general en una realidad para los ciudadanos de Cali y Colombia.
