Los candidatos que participan en la campaña electoral para la presidencia de la república se distinguen por sus propuestas limitadas de gobierno encaminadas a lograr cambios de forma, con los cuales pretenden resolver los graves problemas que afectan la vida económica, política, social e institucional del país; en tanto se repiten las mismas propuestas de siempre a partir de la aplicación de algunas métodos y procedimientos que se han aplicado en el pasado y sin que con ello se hayan obtenido los resultados esperados y sin profundizar en las verdaderas causas de los problemas ni remover los obstáculos que permitan avanzar en la solución de los problemas como la inseguridad, el recrudecimiento de la violencia, el aumento de la corrupción, la crisis del sistema de salud, educación, vivienda, empleo, etc., los cuales han estado precedidos de reformas parciales de corte populista y demagógico en favor de determinados grupos sociales afectos al régimen.
Esta situación no parece tener solución, a la vez que se repiten las promesas de cambio de los candidatos que aspiran a acceder a la presidencia de la república, según se desprende del contenido de sus propuestas de campaña.
Así, por ejemplo, el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda propone qué en un eventual gobierno suyo, profundizará las reformas sociales del gobierno del actual presidente Petro y continuará apoyando el acuerdo de paz suscrito con las antiguas guerrillas de las FARC-EP.
Por otra parte, el candidato del frente por la vida Roy Barreras manifiesta que le dará continuidad en su gobierno a las políticas del cambio social dentro del esquema de la democracia liberal.
La candidata por el centro democrático Paloma Valencia plantea reformar el plan Colombia, ser pilo paga e igualmente, la justicia, además de bajar los impuestos, reducir el aparato del Estado y fortalecer el seguro pensional, haciendo que todo ciudadano cotice desde el día de su nacimiento.
El candidato Abelardo De La Espriella propone que, “sí los empresarios le ayudan a matar el hambre, yo les rebajo los impuestos”. Además, manifiesta que propondrá un plan de choque en los primeros 90 días de su mandato para que con 10 billones de pesos podamos resolver los problemas relacionados con la crisis de la salud, recursos estos que saldrán del presupuesto nacional o de la emisión de bonos. Y agrega, que el cree en la denominada “paz romana”, es decir, la que se impone con las armas. para lo cual se hará un plan con apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica y de Israel para dotar a las fuerzas armadas de Colombia con los instrumentos y recursos necesarios para combatir el crimen organizado. Así mismo, manifiesta que “adelgazará” el Estado para lo cual suprimirá varios ministerios como el de la igualdad que es un “absurdo” y el que” le meta la mano a la plata voy a caerle con mano de hierro”. “Firme con la patria”.
Otros candidatos con menos opciones para optar por la presidencia como David Luna, invitan a trabajar en equipo con el sector privado para resolver los problemas del país. Mauricio Cárdenas da a entender que acabará con la política de paz total del presidente Petro, al tiempo que se debe reforzar las fuerzas armadas. Carlos Pinzón, propone establecer la cadena perpetua para sancionar a los delincuentes. Enrique Peñalosa propone promover la construcción de vivienda en el país. Aníbal Gaviria plantea modificar la tasa de cambios. Juan Manuel Galán propone modernizar la DIAN, Finalmente, Vicky Dávila afirma que intensificará la persecución contra el crimen.
De las promesas y palabras de los aspirantes a la presidencia de la república, es muy poco o nada lo que se espera de sus propuestas de cambios -para que todo siga igual- en medio de una sociedad sumida en la más profunda crisis institucional producto de la agudización de las contradicciones de clase y de los conflictos sociales de toda índole que tienden a agravarse, generándose con ello un mayor clima de inseguridad y de violencia en todo el país.
Cuando los de arriba no pueden y los de abajo se unen, organizan y realizan las acciones políticas y sociales encaminadas a producir verdaderos cambios en la vida económica, política y social y se crea la posibilidad real de realizar los que requiere la sociedad más allá de las palabras y de las promesas que hacen los candidatos y dirigentes políticos que compiten por mantenerse en el poder del Estado o acceder al mismo por la vía electoral, es factible avanzar por los caminos del progreso social, la democracia y el bienestar general.
ADENDA: El Consejo de Estado acaba de incurrir en una equivocación al ordenar la suspensión de los efectos del decreto del gobierno nacional que fijó el salario mínimo legal para el año 2026. Aunque se mantiene el monto del salario mínimo hasta tanto se expida un nuevo decreto que fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para el año en curso y, el valor total del mismo para esta vigencia que regirá hasta que se dicte sentencia en el proceso de nulidad ante el Consejo de Estado, aplicando la totalidad de los criterios económicos y constitucionales consagrados en el inciso segundo del parágrafo de la ley 8 de 1996, con lo cual los efectos son diferidos hasta la fecha de publicación del nuevo decreto.
Cualquier decisión que se tome causará una gran conmoción social que perjudicará a más de dos millones trescientos mil trabajadores y a los pensionados que devengan el salario mínimo y, que con el incremento decretado por el gobierno, apenas sí lograrían satisfacer sus necesidades básicas fundamentales, mientras que el valor de la canasta familiar sobrepasa el mínimo decretado.
La no aplicación de los principios mínimos consagrados en el artículo 53 de la Constitución política en los casi 35 años de expedición de la Carta Magna, obedece a interpretaciones jurisprudenciales que dan prevalencia a los formalismos procedimentales desconociendo el derecho sustancial al salario mínimo.
Lo referente al derecho al trabajo, a las pensiones, al salario mínimo vital y móvil, por ser un asunto de interés general debe ser discutido ampliamente no dejándolo en manos exclusivamente de las centrales obreras, gremios empresariales y gobierno ya que los trabajadores asalariados a quienes se aplica, realmente no tienen participación en las mesas de negociación, mientras que la mayoría de trabajadores en Colombia están en la informalidad, en el “rebusque” que supera el 52% en un país desindustrializado y dependiente de las políticas que en este y en todos los asuntos dicta la ONU a través de sus organismos especializados en cada tema. El salario mínimo debe ser fijado por el Congreso de la República en donde se adelante un debate público, en tanto que su aumento constituye un aspecto esencial para la vida de los trabajadores y del pueblo en general que en esta oportunidad debe apoyar las acciones necesarias y urgentes para impedir semejante desafuero de carácter inconstitucional, injusto e inhumano.
