En una carrera contra el tiempo el Congreso de la República aprobó el presupuesto para la vigencia fiscal del 2027 incurriendo en un error de trámite que conllevaría a una nulidad, lo que condujo al presidente Abelardo De La Espriella a expedir el presupuesto para el año 2027 mediante un decreto-ley para no correr el riesgo de una demanda.
Lo anterior significa que el presupuesto para el año 2027 corresponde al proyecto inicial presentado por el actual gobierno con las modificaciones introducidas en las comisiones económicas del Congreso.
El monto del presupuesto aprobado es mayor en varios billones de pesos al probado durante el gobierno anterior del presidente Petro, con lo cual se mantiene la tendencia de aumentar su cuantía, debido a que los ingresos percibidos por el Estado con base en la tributación y los recursos de capital, no alcanzan para financiar los gastos de sostenimiento del aparato del Estado, el pago de la deuda pública y el aumento del gasto público social, etc. Lo cual se ha traducido en algo recurrente que limita la inversión e impide que el gobierno nacional cumpla con los compromisos adquiridos con los gobiernos regionales, circunstancia que se agrava aún más con los recortes que se han realizado y los que se esperan se produzcan con la ley de ajuste fiscal.
La idea de que con la reducción del gasto público se podrán equilibrar las cuentas del Estado no deja de ser más que una quimera, en tanto no es improbable que se imponga una nueva reforma tributaria y se aumenten las tasas impositivas de los impuestos del consumo y del IVA, que conllevan un carácter inequitativo e injusto, en tanto dichos gravámenes indirectos se pagan por los contribuyentes sin hacer diferencias entre los sectores más pobres y ricos de la sociedad.
Así mismo, no es improbable el recorte de los subsidios en contra de los sectores más vulnerables de la sociedad y en general para todas aquellas clases y grupos sociales que en lo fundamental viven del trabajo en su condición de pequeños comerciantes e industriales que constituyen la mayoría del pueblo trabajador de Colombia.
Algunos analistas consideran que la reducción del déficit fiscal que hoy es de 9.4% del PIB pasará al 7% del PIB, lo cual no será suficiente para equilibrar el presupuesto de la nación, siendo lo más grave que podría pasar es dejar de pagar las pensiones o las transferencias a las regiones o incumplir con los pagos de la deuda pública.
Entretanto en las alturas del poder, se discute la posibilidad de ampliar la base de los contribuyentes y ejercer una mayor fiscalización de los recursos, lo cual podría constituir el eje central de la nueva política de ajuste fiscal.
La aplicación de esta política podrá desatar una crisis que en la práctica afecte el desarrollo de la economía, en tanto se mantendrán las exenciones, deducciones y subsidios en favor del capital con el argumento de que es necesario proteger la inversión privada como fuente principal del crecimiento y desarrollo económico del país.
Dos aspectos deben mirarse con atención por las consecuencias que se derivan: A.- El peso de la deuda mediante el endeudamiento pasó de 100.45 billones apropiados para la vigencia fiscal 2026, a 155.43 billones lo que equivale a un incremento del 54%
B.- Caída de la inversión: para la vigencia fiscal 2026 se apropiaron 89.47 billones en tanto, para el 2027 88.14
Conviene señalar que un mayor endeudamiento de la nación puede generar una crisis financiera de graves proporciones, más allá de la cual no solo se intensificará nuestra dependencia de los centros del poder financiero internacionales sino que además, se aumentarán como nunca antes la pobreza y la desigualdad social del pueblo colombiano.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
