independiente que la ciudadanía necesita sobre quienes administran los recursos públicos?. La respuesta es NO.
Durante mas de tres décadas, la pauta pública de la Alcaldía y Emcali ha cooptado al periodismo de la ciudad y contribuido a ocultar una realidad fiscal, contractual y administrativa que debió ocupar el centro del debate público. Es examinar sus efectos sobre la independencia editorial y la vigilancia del poder.
Y la narrativa del periodismo de Cali, ayuda con la cooptación que hacen los alcaldes del Concejo Municipal, sus decisiones son sesgadas por el interés del alcalde de turno , los concejales viven de los contratos del distrito de Cali , de las gestiones con el alcalde y los secretarios y por lo tanto no hay control constitucional, nunca ha probado la moción de censura contra un secretario, o director o gerente
- LO BUENO: EL PERIODISMO QUE NO SE RINDE
Cali ha tenido periodistas que investigan, denuncian irregularidades, defienden comunidades y documentan las decisiones de sus gobernantes. Su trabajo demuestra la importancia de una prensa que no se limite a reproducir comunicados oficiales. Pero unos periodistas , pocos, pero los hay, denuncian para cobrar, como lo hacen algunos concejales
El periodismo debe investigar la contratación, examinar las finanzas públicas, verificar las promesas de campaña y hacer seguimiento a las obras. Su misión no termina cuando publica una denuncia: debe establecer qué ocurrió después, cuánto dinero se comprometió y quién responde por los resultados.
Una de las tareas es denunciar problemas estructurales de planeación, contratación, infraestructura y finanzas públicas.
Investigar demostrando afirmaciones. La independencia se prueba con documentos, contrastación y seguimiento
Lo bueno del periodismo es su capacidad de enfrentar al poder con información verificable. Lo decisivo es que esa capacidad no dependa de quién paga la publicidad.
- LO MALO: LA COOPTACIÓN POR LA PAUTA PÚBLICA
Lo triste, : el 100 % del periodismo de Cali ha buscado o ha sido cooptado por la pauta pública de la Alcaldía y Emcali, y esas dependencias han contribuido a ocultar la verdad sobre la situación de la ciudad.
Existe un historial de contratos, montos, concentración de ingresos, decisiones editoriales y casos documentados que respalda la denuncia.
El problema estructural es claro: las instituciones públicas distribuyen recursos publicitarios, mientras los medios tienen la responsabilidad de investigar y vigilar a esas mismas instituciones. Cuando los ingresos provenientes de la pauta condicionan la cobertura, la publicidad deja de ser una relación comercial ordinaria y se convierte en un riesgo para el control democrático.
La pregunta no es si un medio puede recibir publicidad estatal y seguir siendo independiente. Puede hacerlo. La pregunta es si investiga con el mismo rigor a la entidad que lo contrata, si publica información que incomoda al anunciante y si sus decisiones editoriales están libres de condicionamientos.
Se debe examinar el conjunto de la relación entre pauta y cobertura, no limitarse a un contrato aislado. También exige distinguir entre recibir recursos públicos, depender económicamente de ellos y demostrar que esa dependencia produjo silencios o tratamientos editoriales específicos.
Si la pauta pública condiciona la crítica, el ciudadano termina financiando una comunicación institucional que puede debilitar la vigilancia de sus propios recursos.
III. LO FEO: LAS OBLIGACIONES LEGALES QUE CALI SIGUE SIN CUMPLIR
La consecuencia más grave no es periodística, sino fiscal y urbana: Cali acumula compromisos públicos que se prolongan durante años, mientras sus habitantes esperan las obras que debían recibir. Dos casos son centrales: el MIO y las nueve megaobras pendientes del programa de valorización.
El MIO: veinte años de problemas estructurales. El Sistema Integrado de Transporte Masivo fue concebido para transformar la movilidad de Cali. Sin embargo, ha acumulado problemas de planeación, financiación, operación y sostenibilidad que han comprometido recursos públicos durante dos décadas. El sistema carece de viabilidad financiera estructural y que sus necesidades de recursos presionan las finanzas distritales, en subsidios, que inicialmente no se pactaron.
El deber periodístico era y sigue siendo verificar los costos acumulados, las fuentes de financiación, las obligaciones de cada entidad y los resultados obtenidos frente a los recursos comprometidos.
Las nueve megaobras: contribuyentes que pagaron y sus obras pendientes
El programa de las 21 Megaobras, establecido mediante el Acuerdo 0241 de 2008 y financiado mediante contribución de valorización, constituye otro caso central. Es una estafa al ciudadano, al contribuyente. El problema no se reduce al retraso de una serie de obras. Se trata de compromisos que atraviesan distintas administraciones y acumulan más de cinco, diez y quince años sin cumplimiento integral.
Cuando una obligación legal de hacer permanece pendiente durante semejante período, el Distrito debe explicar qué falta por ejecutar, cuánto cuesta terminarla, qué recursos existen, qué decisiones se adoptaron y cuál es el cronograma verificable de cumplimiento.
El contribuyente no pagó para recibir anuncios indefinidos. Pagó por un programa de obras cuya ejecución debía materializarse y beneficiarse como obras o proyecto.
La consecuencia: una crisis fiscal que no puede ocultarse
El MIO y las megaobras representan compromisos de distinta naturaleza, pero ambos ilustran cómo las decisiones deficientemente planeadas, los retrasos y las obligaciones acumuladas pueden restringir la capacidad financiera de la ciudad.
La quiebra fiscal informada por el alcalde Alejandro Eder y olvidada, debe examinarse a partir del Marco Fiscal de Mediano Plazo, la deuda, los pasivos, las obligaciones legales pendientes, los costos de operación y las necesidades de inversión. No basta con señalar un déficit: hay que establecer su composición, evolución y efectos sobre los servicios públicos y las nuevas inversiones.
El periodismo debía mantener estas obligaciones en la agenda pública
Comparar los compromisos con la ejecución presupuestal y exigir respuestas a alcaldes, concejales, organismos de control y responsables de cada proyecto. Si la pauta pública contribuyó a que esos asuntos recibieran menos atención de la necesaria, su efecto sería especialmente grave: habría debilitado el control ciudadano sobre decisiones que comprometen recursos de todos los caleños.
No puede afirmarse que la pauta sea la única causa de la crisis fiscal. Las responsabilidades también corresponden a las administraciones que tomaron las decisiones, a las instituciones que debían ejecutarlas y a los organismos encargados de ejercer control. Pero el periodismo tenía la obligación de investigar y mantener visible el problema.
Una obra pagada que no se entrega no es simplemente una noticia atrasada: es una obligación pendiente, un recurso comprometido y un ciudadano que sigue esperando, jurídicamente es una estafa, que debe ser castigada.
- EL PERIODISMO DE CALI DEBE RENDIR CUENTAS
Los medios deben transparentar sus criterios de independencia, distinguir la publicidad de la información periodística y demostrar que no conceden privilegios editoriales a sus anunciantes. La ciudadanía debe poder conocer cómo se distribuye la pauta oficial, con qué criterios se asigna y qué mecanismos impiden que se convierta en una herramienta de presión.
Y los periodistas deben recuperar una práctica esencial: seguir las obligaciones públicas hasta su cumplimiento, sin importar quién gobierne ni quién financie la comunicación institucional.
CONCLUSIÓN: TREINTA AÑOS QUE EXIGEN RESPUESTAS
Lo bueno es el periodismo que investiga y conserva la memoria de Cali.
Lo malo es la dependencia económica que puede comprometer la independencia editorial.
Lo feo es que, mientras persisten las denuncias sobre la pauta pública y el silencio periodístico, la ciudad continúa cargando con obligaciones de infraestructura que atraviesan administraciones y comprometen su capacidad fiscal.
El MIO y las nueve megaobras pendientes no son asuntos secundarios. Son casos concretos para evaluar la planeación, la ejecución de los recursos y la eficacia del control público.
La cooptación generalizada del periodismo por la pauta pública ha contribuido a ocultar estas realidades. Esa denuncia debe confrontarse con los contratos, los antecedentes editoriales y las obligaciones documentadas; sus consecuencias para la ciudad deben evaluarse con los datos fiscales y de ejecución correspondientes.
La pregunta final es inevitable: ¿quién vigila a los gobernantes cuando los medios que deben hacerlo dependen económicamente de las instituciones vigiladas?
Cali no necesita más anuncios de obras inconclusas ni a un alcalde y un Concejo empeñados en ocultar la verdad. La ciudad exige compromisos cumplidos, cuentas transparentes y un periodismo libre para investigar sin ataduras.
Hoy, ese periodismo se ha aliado con la Alcaldía y el Concejo para formar un triángulo de opacidad. A esta alianza se suman los gremios y los grandes empresarios con acceso privilegiado a la información, añadiendo los pisos de una verdadera pirámide de la estafa: una estructura jerárquica y calculada que se sostiene sobre el encubrimiento y cuyo único perjudicado es el pueblo caleño.
Porque cuando una ciudad pierde la capacidad de exigir que se cumpla lo prometido, se quiebran sus finanzas, como esta Cali. También se debilita la confianza pública y se posterga el derecho de sus ciudadanos a recibir aquello por lo que pagaron o que deben tener. Y el futuro de la ciudad, está en veremos
