El centro de Cali se encuentra en medio de una profunda transformación urbana y de seguridad, como hecho visible, entre finales de septiembre y principios de octubre de 2026, la Alcaldía de Cali y la Policía Metropolitana desplegaron la Operación Cristo Rey, una intervención masiva y sin precedentes que abarca más de 20 manzanas críticas del corazón de la ciudad.
Con un pie de fuerza que superó los 1.400 uniformados, el operativo golpeó con contundencia los barrios Sucre, San Pascual, El Calvario y San Bosco. El objetivo institucional es claro: recuperar el control territorial, desmantelar las llamadas “ollas” de microtráfico y demoler las edificaciones que por años funcionaron como inquilinatos ilegales y centros de acopio del crimen organizado. Como resultado inmediato, las autoridades reportan una reducción del 80% en los delitos priorizados y un total de 89 personas capturadas (16 en flagrancia y 73 por orden judicial).
Sin embargo, detrás del repliegue de las bandas criminales y el derribo de los muros de impunidad, ha quedado al descubierto una problemática humana y social de grandes proporciones. La salida forzada de cientos de habitantes en situación de calle de sus espacios habituales no erradicó la vulnerabilidad; simplemente la movilizó, desatando una crisis que hoy mantiene en vilo a las comunidades vecinas.
El desplazamiento de la vulnerabilidad
En el argot de la seguridad ciudadana y la sociología urbana, existe un fenómeno conocido como el “efecto globo”: cuando se presiona con fuerza una zona para erradicar una problemática, esta no desaparece, sino que se infla y emerge en otro lugar. Esto es precisamente lo que experimenta el centro de Cali. Al verse cercados por el fuerte control que ha impactado 140 puntos de expendio de droga y ha permitido la incautación de más de 250 armas blancas, cientos de indigentes y personas vulnerables se han desplazado en masa hacia sectores aledaños.
Los habitantes y comerciantes de barrios tradicionalmente comerciales y residenciales, como Alameda, la Comuna 9, los alrededores del colegio Camacho y las inmediaciones de la iglesia La Milagrosa en la av Roosvelt , reportan una alarmante y repentina concentración de personas en situación de calle en sus andenes, parques y portones. Lo que para el cuadrante original representa una victoria en la lucha contra la criminalidad, para los barrios vecinos se ha convertido en una emergencia de convivencia, salubridad y percepción de inseguridad ciudadana. Los líderes comunitarios denuncian que las estrategias de choque carecen, muchas veces, de una sincronización metódica con la contención periférica.
Entre la demolición de “ollas” y la insuficiencia social
La Operación Cristo Rey ha demostrado una capacidad logística en su componente policial. Las retroexcavadoras ya ejecutaron las primeras 5 demoliciones de edificaciones críticas, algunas de ellas instrumentalizadas por el crimen y afectadas estructuralmente por el sismo del pasado 10 de agosto. Asimismo, se ejecutó el cierre definitivo de 30 bodegas de reciclaje y la inspección a 155 hoteles e inquilinatos. Sin embargo, la infraestructura para la atención social parece marchar a un ritmo diferente al de las demoliciones.
La Alcaldía de Cali ha defendido su gestión argumentando que la intervención incluye una ruta de atención social. De hecho, se reporta la asistencia integral a más de 300 habitantes de calle a través de comedores comunitarios, hogares de paso y la activación de una casa de atención básica de bajo umbral ubicada en el barrio Sucre para servicios de autocuidado y salud.
A pesar de estos esfuerzos institucionales, la oferta resulta insuficiente ante la magnitud del censo real de esta población, la cual supera las 5.000 personas en situación de calle en toda la ciudad. Para muchos de los afectados, la rigidez de los horarios o las normativas de los hogares de paso chocan con realidades complejas de adicción severa y problemas de salud mental crónicos. Al no encontrar un puente de transición efectivo entre la calle y la resocialización, la intemperie de los barrios vecinos se convierte en su única alternativa de supervivencia.
El desafío de una solución integral
La seguridad no puede avanzar más rápido que la política social. Recuperar urbanísticamente el centro de la ciudad es una urgencia histórica e innegable para el desarrollo de Cali, pero el éxito real de estos operativos no se puede medir únicamente en manzanas desalojadas o demoliciones ejecutadas.
El verdadero desafío de la administración municipal implica no solo perseguir el delito, sino garantizar que el habitante de calle reciba un acompañamiento continuo que evite su deambulación errática por la ciudad. Mientras la oferta social no logre absorber la demanda humana que las dinámicas policiales desplazan, el centro de Cali seguirá atrapado en un ciclo donde la seguridad de un barrio se construye sobre la incertidumbre del vecino.
Cali no puede recuperar el centro a costa de perder sus barrios vecinos.
Se le exige a la Alcaldía que demuestre si la reducción de los delitos en el centro representa una recuperación sostenible de la seguridad o si parte del problema se está desplazando hacia otros sectores de la ciudad.
Publicar un balance semanal por barrios que registre delitos, desplazamientos de habitantes de calle, atención social efectiva, acceso a servicios de salud y capacidad disponible en los hogares de paso.
Y la única manera que Cali deja de ser la mas violenta de Colombia, es con un BLOQUE DE BUSQUEDA , que lo tuvo Medellin, con una política social hacia la juventud agresiva,
