La emergencia habitacional sigue abierta y los recursos aún no se reflejan en soluciones para miles de damnificados
Dos meses después del terremoto del 10 de agosto, Cali enfrenta una prueba institucional: convertir las ayudas económicas, los anuncios oficiales y los planes de reconstrucción en viviendas para las familias que perdieron sus hogares o no pueden regresar a ellos. Hay avances administrativos, pero la magnitud de la necesidad plantea una pregunta: ¿dónde están los recursos y cuándo se convertirán en soluciones habitacionales?
Las ayudas avanzan, pero la necesidad continúa
La Administración Distrital informó que 9.025 familias cobraron las ayudas económicas del primer corte. Sin embargo, otros 6.751 registros con cuentas bancarias validadas permanecían pendientes de aprobación para el giro de los recursos. Aunque el Distrito ha revisado 26.035 registros, solicitudes y casos, y gestionado 13.863 correcciones, depurar datos no equivale a garantizar un techo.
Las cifras muestran una operación administrativa en marcha, pero también la distancia entre registrar a los afectados, aprobar las ayudas y resolver su situación habitacional. Para una familia que paga arriendo, vive con parientes o permanece en incertidumbre, los procedimientos institucionales no reemplazan una vivienda.
Más de 3.200 edificaciones inseguras o inhabitables
De los 4.733 inmuebles caracterizados, 1.787 fueron declarados no habitables y 1.422 inseguros. Además, 63 edificaciones fueron identificadas para demolición, aunque solamente tres habían sido demolidas, según el balance suministrado.
La remoción de más de 192.000 toneladas de escombros y la intervención de 1.095 puntos afectados son tareas necesarias. Pero despejar calles y retirar materiales no significa reconstruir hogares. La emergencia exige articular las evaluaciones estructurales, las demoliciones, la protección de los damnificados y la construcción de viviendas.
Dos torres no resuelven una emergencia de esta magnitud
La Alcaldía proyecta construir dos torres de vivienda: una en Cuarto de Legua y otra en Ciudad Paraíso, en un terreno de propiedad distrital. El inicio de las obras fue anunciado para noviembre o comienzos de diciembre.
La iniciativa puede contribuir a la solución, pero debe traducirse en financiación definida, contratos, licencias y fechas de entrega. ¿Cuántas familias podrán ocupar esas viviendas? ¿Qué ocurrirá con quienes no sean incluidos? ¿Quién asumirá los costos mientras esperan?
El alcalde Alejandro Eder estima que la reconstrucción podría tardar cuatro años y costar $10 billones. Esta proyección obliga a explicar cuánto dinero está disponible, cuánto se ha comprometido, qué entidades aportarán los recursos y cuánto se ha ejecutado efectivamente.
La Nación anuncia 20.000 viviendas: hay que cumplir
El Ministerio de Vivienda y el Fondo Milagro plantean una estrategia por fases: beneficiar con vivienda construida a más de 7.000 familias en los próximos nueve meses y entregar un total de 20.000 viviendas nuevas en dos o tres años.
Es razonable creer en la palabra del presidente de la República, de su ministro de Vivienda y del Gobierno nacional. La reconstrucción exige coordinación entre la Nación y el Distrito, y la capacidad financiera nacional será determinante para atender a los damnificados. Pero esa confianza debe acompañarse de presupuestos, responsables, criterios de selección y reportes públicos de ejecución. Una meta anunciada no es una vivienda entregada.
La desconfianza frente a la capacidad ejecutora de la Alcaldía tampoco surge de la nada. La ciudad sigue esperando soluciones estructurales para el MIO, obras necesarias de EMCALI y las nueve megaobras pendientes del sistema de valorización. Estos antecedentes justifican exigir cronogramas realistas y resultados comprobables, sin trasladar automáticamente al Gobierno nacional la responsabilidad que corresponde al alcalde.
La reconstrucción necesita transparencia y resultados
Cali requiere un tablero público que informe mensualmente sobre los recursos asignados, recibidos, contratados y ejecutados; las familias atendidas; las viviendas financiadas, iniciadas y terminadas, y los plazos de cada proyecto. También necesita vigilancia de los organismos de control y participación de los damnificados.
La pregunta central no es cuántas reuniones se han realizado ni cuántos registros se han revisado. Es cuántas familias tienen una solución segura y cuántas deberán seguir esperando.
Dos meses después del terremoto, Cali necesita pasar de los balances administrativos a los resultados habitacionales. Los damnificados no pueden vivir de anuncios ni estadísticas: necesitan recursos ejecutados, plazos públicos y viviendas dignas. La reconstrucción se medirá por los hogares recuperados y por la capacidad de las instituciones para responder con transparencia y oportunidad.
La promesa de reconstruir a Cali en cuatro años, con un costo de $10 billones
Obliga a cuestionar la capacidad de ejecución de la Alcaldía. La ciudad arrastra más de 1.000 kilómetros de malla vial con huecos sin reconstruir, deterioro o falta de pavimentación; barrios del perímetro urbano padecen problemas de abastecimiento de agua, sin la ampliación de los acueductos y las obras del MIO llevan 2 décadas sin concluirse integralmente. Se suman 9 megaobras pendientes de las 21 financiadas mediante valorización. ¿Con qué fundamento se promete reconstruir la ciudad en 4 años si siguen sin resolverse necesidades básicas y compromisos de infraestructura?
Los contribuyentes merecen cuentas claras sobre los recursos recaudados, las obras ejecutadas y las pendientes. Si se cobraron contribuciones para obras inconclusas, la Alcaldía debe explicar los resultados y garantizar su terminación. Antes de anunciar una reconstrucción de $10 billones, el alcalde debe demostrar que puede convertir los recursos públicos en obras terminadas, servicios confiables y soluciones concretas para Cali.
