Hay momentos en que un presupuesto deja de ser una simple ley de apropiaciones y se convierte en una radiografía política de un gobierno. El proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2027 cumple esa función: pone sobre la mesa el costo fiscal acumulado durante los cuatro años anteriores y obliga a Colombia a mirar una pregunta incómoda: ¿qué tan sostenible fue el modelo de gasto del gobierno de Gustavo Petro?
El dato central presentado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, es contundente: entre 2022 y 2027, el gasto de funcionamiento habría aumentado 86%, mientras el servicio de la deuda crecería 122%. La inversión, en cambio, apenas aumentaría 25%. Es una brecha que merece una discusión mucho más profunda que la pelea política entre gobiernos.
La composición del PGN 2027 aprobado en primer debate es igualmente reveladora: 62% para funcionamiento, 24% para servicio de la deuda y apenas 14% para inversión. Es decir, 86 de cada 100 pesos presupuestados se consumen entre mantener el aparato estatal y pagar obligaciones financieras.
La fiesta y la factura
Miguel Gómez lo resumió con una expresión políticamente poderosa: “La fiesta fue muy larga. Ahora estamos obligados a pagar la cuenta”.
La frase es dura, pero detrás de ella hay un problema fiscal concreto. El nuevo Gobierno sostiene que recibió obligaciones que no estaban suficientemente incorporadas en el presupuesto presentado originalmente para 2027: pensiones, salud, salarios públicos, universidades y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Solo esos conceptos suman decenas de billones de pesos.
El proyecto inicial presentado por la administración anterior ascendía a $575,6 billones. El nuevo Gobierno lo llevó a $634,9 billones, unos $59,3 billones adicionales. La explicación oficial es que no se trata simplemente de gastar más, sino de reconocer obligaciones que ya existían y que, según Hacienda, estaban insuficientemente financiadas.
Aquí está la primera gran crítica al gobierno anterior: si las obligaciones eran reales, debieron aparecer con claridad en las cuentas públicas. Si no eran reales o no estaban correctamente calculadas, corresponde explicar por qué. En ambos casos, el país necesita transparencia fiscal.
El problema no es solamente cuánto se gastó
La discusión seria no debería quedarse en si Petro gastó mucho o poco. La pregunta verdaderamente importante es qué estructura fiscal dejó ese gasto.
Un Estado puede aumentar su presupuesto si simultáneamente aumenta sus ingresos, mejora su productividad, fortalece la inversión y conserva capacidad de endeudamiento sostenible. El problema aparece cuando el gasto permanente crece más rápido que la capacidad estructural para financiarlo.
Y ahí aparece el dato más delicado: según Hacienda, los recursos provenientes de crédito local y externo aumentaron 319% entre 2022 y 2027. El Gobierno actual atribuye esa presión al endeudamiento contratado durante la administración anterior.
No se trata de una discusión menor. Endeudarse no es necesariamente malo; todos los Estados modernos utilizan crédito. El problema está en para qué se utiliza, cuánto cuesta, a qué plazo se contrata y si genera capacidad futura para pagarla.
Cuando el servicio de la deuda crece mucho más rápido que la inversión, el presupuesto comienza a perder capacidad transformadora.
La paradoja de un gobierno que prometió transformar
Esta es quizá la crítica económica más fuerte que puede formularse al gobierno Petro: llegó al poder con una agenda de transformación social, productiva y ambiental, pero la estructura presupuestal que queda hacia 2027 muestra una creciente rigidez del gasto.
La inversión pública —la partida que construye infraestructura, aumenta productividad y puede modificar las condiciones económicas futuras— queda relativamente comprimida frente al funcionamiento y la deuda.
Eso genera una paradoja: un gobierno puede ampliar derechos y programas en el presente, pero si no construye simultáneamente una base fiscal sólida, termina reduciendo el margen de acción del gobierno siguiente.
El problema no pertenece solamente a una ideología. Es una cuestión de matemática fiscal.
El nuevo Gobierno tampoco recibe un cheque en blanco
Pero la crítica al gobierno anterior no significa que el gobierno de Abelardo De la Espriella tenga resuelto el problema.Todo lo contrario.
El PGN 2027 asciende a $634,9 billones y contempla 44% de recursos provenientes de endeudamiento, según la Presidencia. Además, el servicio de la deuda alcanza aproximadamente $155 billones.
Eso significa que la administración actual recibe una herencia fiscal complicada, pero también adquiere una responsabilidad propia: no convertir la denuncia de la herencia recibida en una excusa permanente para mantener el endeudamiento.
El nuevo Gobierno prometió austeridad y presentó recortes por $17,5 billones en distintas líneas de gasto. Ahora tendrá que demostrar que esa austeridad es estructural, medible y sostenible.
La verdadera factura es política
Petro dejó una discusión fiscal que no puede resolverse con una frase de campaña ni con la frase contraria del gobierno sucesor.
La cuenta está ahí. Más funcionamiento. Más deuda. Mayor rigidez presupuestal. Menor espacio relativo para inversión. Mayor dependencia del crédito.
El gobierno anterior debe responder políticamente por las decisiones que condujeron a esa estructura. Y el actual deberá responder económicamente por lo que haga con ella.
La lección para Colombia es más profunda: un país no puede financiar indefinidamente sus aspiraciones con deuda y esperar que el crecimiento futuro pague automáticamente la factura.
La política pública necesita ingresos permanentes, gasto eficiente, inversión productiva y disciplina fiscal.
Al final, la deuda no pertenece al Gobierno de turno. La paga Colombia.
