El presidente que no reconoce sus propias elecciones
El presidente Gustavo Petro lleva más de un año construyendo una narrativa sobre un presunto fraude electoral en Colombia. Lo peculiar del caso es que el mismo sistema que hoy cuestiona fue el que lo eligió presidente en 2022, y el mismo software que llama “ilegal” procesó el preconteo de su propia victoria. Esta contradicción, señalada por múltiples analistas y medios, no ha impedido que el jefe de Estado utilice su poderío en redes sociales para instalar la duda en millones de colombianos.
La Silla Vacía rastreó 1.783 publicaciones en X que hablaban de posible fraude entre el 1 de enero y el 24 de abril de 2026. De los 329 con mayor alcance, que acumulan 26 millones de vistas, 59 eran del propio presidente, con 12,8 millones de visualizaciones. El 31 de mayo de 2026, la noche de la primera vuelta presidencial, Petro siguió su narrativa y rechazó el preconteo que daba como ganador a Abelardo de la Espriella. A dos días de la segunda vuelta del 21 de junio, el mandatario volvió a agitar la misma bandera.
Las acusaciones de Petro: qué ha dicho exactamente
Las denuncias de Petro son variadas, reiteradas y tienen distintos niveles de elaboración técnica. Se pueden agrupar en cinco núcleos argumentales:
- Thomas Greg & Sons controla el sistema electoral y puede manipularlo.Petro ha sostenido que la empresa “tiene a su cargo el preconteo y la logística desde el nivel de mesa hasta el nacional” y que eso constituye “un monopolio privado tecnológico contrario a la Constitución”. Llegó a afirmar que “solo haría falta un acuerdo entre los propietarios de la firma y un candidato presidencial para manipular los resultados electorales”.
- La Registraduría ha desacatado el fallo del Consejo de Estado de 2018.El presidente ha insistido en que la sentencia del Consejo de Estado que surgió del caso MIRA ordenó que “el software de escrutinios fuera propiedad del Estado”, y que esa orden no se ha cumplido. “De esa orden solo se ha solucionado un 15%, el 85% restante sigue igual”, afirmó.
- El formulario E-14 tiene vulnerabilidades que permiten el fraude.Petro alertó sobre el peligro de dejar “casillas en blanco” en los formularios E-14, argumentando que ese espacio vacío puede ser llenado con datos falsos. También denunció que Thomas Greg & Sons habría usado una operación en Pereira (Risaralda) en 2022 en la que “cerca de 600 personas contratadas llenaban formularios con casillas en blanco”.
- En las elecciones del 8 de marzo de 2026 hubo 50.000 alteraciones en formularios E-14 y valores “Null”.Petro denunció en redes sociales la existencia de “información completa de 50.000 alteraciones en formularios E-14” y señaló que en más de 3.000 mesas el software de escrutinio sustituyó votos por la palabra “Null” para un solo partido político.
- El preconteo de la primera vuelta del 31 de mayo agregó 800.000 cédulas fraudulentas.La noche del 31 de mayo, Petro afirmó: “No acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”.
La respuesta técnica e institucional: qué dice la realidad
Cada uno de los cinco argumentos de Petro puede ser contrastado con la realidad técnica del sistema electoral colombiano y con los hallazgos de las instituciones de control y los observadores internacionales.
Sobre el control de Thomas Greg & Sons
La premisa de Petro de que Thomas Greg controla el escrutinio es técnicamente incorrecta en su alcance. La empresa, a través de la Unión Temporal ILE 2026, tiene a su cargo la logística y el preconteo informativo, que es una herramienta sin valor jurídico, cuyo único propósito es dar información rápida la noche de la elección. El preconteo no cuenta los votos: eso lo hacen exclusivamente los jurados de votación en cada mesa, que son ciudadanos colombianos elegidos aleatoriamente.
El escrutinio oficial, que es el que tiene validez jurídica y determina quién gana, es una función exclusivamente estatal: lo realizan comisiones escrutadoras integradas por jueces y notarios, bajo la supervisión del CNE. El software de consolidación nacional que usa el CNE para ese proceso es de la empresa española Indra, adquirido en 2021 por el Estado colombiano, y su operación corre por cuenta del Consejo Nacional Electoral, no de Thomas Greg. En síntesis, Thomas Greg procesa datos preliminares informativos; el Estado colombiano procesa los resultados vinculantes.
Sobre el fallo del Consejo de Estado y el supuesto desacato
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en un fallo de abril de 2026, aclaró con precisión lo que realmente ordenó el Consejo de Estado en 2018: la sentencia no ordenó que el software de escrutinio fuera propiedad del Estado. Lo que ordenó fue que la Registraduría adquiriera mayor control sobre el proceso tecnológico. Adicionalmente, el tribunal fue explícito: “el Consejo de Estado no ha asegurado en ningún momento que el software electoral tenga fallas en su seguridad informática y tampoco afirmó que la Registraduría está obligada a adquirir otro software”.
El tribunal consideró que las afirmaciones de Petro sobre el fraude eran “infundadas” y constituían “una amenaza de perjuicio irremediable” al poner en duda la confiabilidad de la organización electoral sin fundamentación técnica suficiente. Le ordenó al presidente rectificar sus afirmaciones y abstenerse de repetirlas.
Sobre las casillas en blanco del formulario E-14
La preocupación por las casillas vacías tiene un fundamento parcialmente legítimo: un formulario con espacios sin diligenciar podría permitir alteraciones posteriores. Sin embargo, la Registraduría adoptó medidas preventivas para las elecciones de 2026: publicó instrucciones explícitas para que los jurados marcaran con “X” o “N/A” toda casilla sin votos, y los protocolos de auditoría permiten cruzar los datos del formulario físico con la imagen digitalizada publicada en la web.
La presunta operación en Pereira que mencionó Petro como prueba en 2022 fue investigada y no pudo ser verificada como fraude. La Registraduría señaló que muchas de las imágenes de formularios E-14 difundidas como “prueba de fraude” en redes sociales después del 8 de marzo de 2026 eran falsificaciones o imágenes descontextualizadas.
Sobre las 50.000 alteraciones y los valores “Null”
El registrador Hernán Penagos rechazó esta denuncia y explicó que el valor “Null” es un parámetro técnico informático que aparece cuando la celda de datos de una mesa no tiene información transmitida aún, no cuando los votos son eliminados o reemplazados. En el proceso de transmisión del preconteo, mientras las mesas van reportando sus resultados telefónicamente a los CRT, las demás aparecen como “Null” hasta ser completadas. Se trata de un estado transitorio del procesamiento de datos, no de una alteración de votos.
El Tribunal de Cundinamarca concluyó además que en las elecciones al Congreso del 8 de marzo de 2026 “hubo una diferencia de menos del 1% entre el preconteo y el escrutinio, siendo este un indicador positivo que también desdibuja la posibilidad de un fraude electoral”.
Sobre las 800.000 cédulas agregadas en la primera vuelta del 31 de mayo
Esta fue la acusación más grave y la que generó mayor alarma la noche electoral. Petro afirmó que el software de preconteo había agregado 800.000 cédulas que “no están en el censo oficial presentado”. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que tenía 143 observadores desplegados de 24 países durante la primera vuelta, explicó técnicamente la diferencia:
El censo electoral que usa el software de preconteo y el censo oficial que publica la Registraduría son construidos en momentos distintos. El preconteo usa una base de datos más actualizada que puede incluir cédulas expedidas después del corte oficial. La MOE UE cuantificó la diferencia en 885.409 cédulas que no se inscribieron en la fecha legal de cierre del censo y en 696 puestos de votación adicionales. Esta diferencia técnica entre dos cortes de fecha distintos no es prueba de fraude: es una inconsistencia de sincronización entre bases de datos que opera con plena visibilidad en el sistema.
La MOE UE calificó la primera vuelta como “transparente”, “pluralista y competitiva”, y señaló que “todos los candidatos han podido comprobar la regularidad del procesamiento de los resultados y no han formulado objeciones que los cuestionen”. Por su parte, el candidato Iván Cepeda, inicialmente apoyó las afirmaciones de Petro, pero luego indicó que “no había pruebas de manipulación”.
Lo que dijeron los observadores y organismos de control
La respuesta del ecosistema institucional y de observación ha sido consistente:
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, con 143 observadores de 24 países en la primera vuelta y permanencia para la segunda, descartó la existencia de fraude, destacó la transparencia del proceso y calificó la actuación de los jurados de votación como “transparente, precisa y bien organizada”.
La auditoría internacional del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), presentada el 9 de abril de 2026 ante partidos, Procuraduría, Contraloría, MOE UE, OEA y Centro Carter, concluyó que las elecciones del 8 de marzo se desarrollaron “bajo transparencia, estabilidad tecnológica y resguardo frente a amenazas informáticas sin precedentes”. La infraestructura bloqueó más de 30 millones de solicitudes maliciosas, soportó picos de 5,85 millones de solicitudes por minuto sin degradación, y mantuvo disponibilidad del 100%.
La Misión de Observación Electoral nacional (MOE Colombia) y 16 organizaciones de la sociedad civil emitieron una declaración conjunta señalando que “los datos históricos de las elecciones presidenciales ofrecen motivos sólidos para la confianza”, y que el sistema cuenta con “unos mínimos de garantías y confianza en sus resultados”.
La Defensoría del Pueblo reconoció que hubo “afirmaciones públicas sobre posible fraude electoral que hasta el momento no han estado respaldadas por evidencia sólida” y llamó a todas las partes a “confiar en las instituciones colombianas”.
La Procuraduría, la Contraloría y la Registraduría, en una declaración conjunta, advirtieron que “nadie tiene el derecho a arrebatarles a los colombianos la posibilidad de constituir sus instituciones” y llamaron a garantizar elecciones libres y transparentes “sin el manto de duda sobre los resultados electorales”.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue el más directo: ordenó a Petro rectificar, declaró infundadas sus afirmaciones y aclaró que no hubo fraude en 2014, 2022 ni 2026.
El problema estructural de fondo: confundir preconteo con escrutinio
Detrás de gran parte de la narrativa de Petro subyace una confusión que no es menor. El presidente habla de “el conteo de los hermanos Bautista” como si ese conteo determinara los resultados de las elecciones. Pero el preconteo no determina nada: es una herramienta informativa sin valor jurídico que la Registraduría publica para que los ciudadanos tengan datos preliminares la noche de la votación.
Lo que determina quién gana o pierde es el escrutinio, que es un proceso completamente distinto: realizado por jueces y notarios, basado en los formularios E-14 físicos, supervisado por testigos de todos los partidos, vigilado por el CNE, con audiencias públicas y con mecanismos de impugnación en cada nivel. El propio Petro lo reconoció implícitamente la noche del 31 de mayo cuando dijo que “solo aceptaría los resultados de las comisiones escrutadoras”. Esas comisiones, conformadas por funcionarios del Estado colombiano, completaron el escrutinio de la primera vuelta en menos de cuatro días, con una coincidencia del 99,94% con el preconteo y con reclamaciones en menos del 0,7% de las mesas.
Ese nivel de correspondencia entre el preconteo (a cargo de Thomas Greg) y el escrutinio (a cargo del Estado) es, precisamente, la refutación más contundente de la tesis del fraude.
Lo que la técnica dice: los tres cortafuegos del sistema
Para quien quiera evaluar la tesis del fraude con criterio técnico, el sistema electoral colombiano tiene tres capas de verificación cruzada que hacen prácticamente imposible un fraude sistémico no detectable:
La primera es el acta física E-14: cada mesa produce un formulario de papel firmado por los jurados, con copia para el partido político presente como testigo. Ese formulario es la fuente primaria de verdad. Cualquier discrepancia entre el acta física y el resultado en el sistema puede ser detectada y denunciada.
La segunda es la publicación de los tres cuerpos del E-14 en la página web de la Registraduría, medida implementada desde las elecciones de 2026. Cualquier ciudadano puede comparar el resultado oficial de su mesa con el acta escaneada publicada en línea.
La tercera es la convergencia entre preconteo y escrutinio: si el preconteo estuviera siendo manipulado para fabricar resultados falsos, esa manipulación sería detectada cuando el escrutinio oficial, realizado por jueces y notarios con los formularios físicos, produjera resultados diferentes. La convergencia histórica del 99,5% entre ambos procesos hace inviable técnicamente la existencia de un fraude masivo no detectado.
El derecho a la duda y el deber de las pruebas
El sistema electoral colombiano no es perfecto. La concentración contractual en Thomas Greg & Sons plantea preguntas legítimas sobre la gobernanza del sector, la diversificación de proveedores y la progresiva soberanía tecnológica del Estado. El debate sobre si Colombia debería tener su propio software de preconteo o sobre cómo reducir la dependencia de un único operador privado es un debate válido, necesario y que instituciones como la Fundación Karisma han sostenido con rigor técnico durante años.
Lo que es técnicamente indefendible es la conclusión que salta de esas preguntas legítimas a la afirmación de que existe un fraude en curso, sin pruebas verificables que lo sustenten. El Tribunal de Cundinamarca lo dijo con claridad: las denuncias de Petro constituyen una amenaza de perjuicio irremediable para la democracia colombiana porque erosionan la confianza en el proceso electoral sin la fundamentación técnica, probatoria ni institucional debida. La MOE UE, el IIDH/CAPEL, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría, la MOE Colombia y 1.330 observadores internacionales han llegado a la misma conclusión: el sistema funciona, tiene garantías verificables y no hay evidencia de un fraude.
La Organización electoral en la segunda vuelta presidencial 2026
