Se entra en la última fase efectiva de la administración de Alejandro Eder: de abril a diciembre de 2026. En este periodo comienza la postulación de candidatos y se activa la dinámica electoral propia del contexto colombiano, marcada por la confrontación política y la crítica permanente de quienes aspiran a la Alcaldía. Hacia finales de octubre, la ciudad elegirá un nuevo alcalde.
Por ello, este es el momento de exponer con claridad la problemática de fondo.
En Cali se volvió costumbre explicar lo evidente: que hay problemas, que son complejos y que vienen de atrás. Todo es cierto, pero es insuficiente. Gobernar no es describir la crisis, es enfrentarla. Y ahí es donde la ciudad empieza a percibir que su administración 2024 – 2026, se queda corta. Así ha ocurrido en los últimos 20 años. Tras salir de la quiebra fiscal en 2004, se regresó a la ausencia de planeación. A pesar de contar con periodos de 4 años, que permiten un primer año para corregir, se inició sin viabilizar lo anterior, sucedió en Apolinar 2004, Ospina 1 2008, Guerrero II 2012, Armitage 2016, Ospina II 2020 y Eder 2024. Todos al tener un mandato constitucional renovado, se creen con el derecho de actuar como reyezuelos, que el Concejo, los medios y los ciudadanos se lo permiten.
El gobierno de Alejandro Eder no carecía de diagnósticos, sabia del exceso de corrupción, los planteó en campaña e intentó armarlos en el llamado libro blanco. Sin embargo, le quedó grande y su gobierno no se tradujo en soluciones estructurales. Se conformó un gobierno sin resolver los problemas de fondo heredados de administraciones anteriores. Además, se designó un equipo que en varios casos no conocía la ciudad ni tiene la experiencia necesaria para rectificar. El resultado es una gestión desarticulada, mal evaluada por la opinión pública.
Lo que falta es más básico: decisiones claras, oportunas y sostenidas. La distancia entre lo prometido y lo ejecutado dejó de ser un asunto de narrativa para convertirse en un problema de gobierno. Es un tema de credibilidad. Cuando las soluciones no llegan, el ciudadano deja de escuchar explicaciones y empieza a sacar conclusiones. Cali no necesita más hojas de ruta; necesita dirección, conocimiento y decisiones con rigor técnico, económico y social.
Aquí no hay misterio: cuando el poder duda, la crisis avanza. Mientras se debate el cómo, los problemas crecen y siguen su curso, imponiendo su propia dinámica. La inseguridad no espera, el desorden urbano no se detiene y la institucionalidad no se fortalece con comunicados.
Llamó a la reconciliación, no construyó credibilidad ni resultados creibles. Gobernar implica costos y decidir implica incomodar. Evitarlo también tiene un precio, y suele ser más alto. La omisión, incluso cuando se presenta como prudencia, también es una forma de responsabilidad.
La relación con el Concejo de Cali refleja estas debilidades. Un gabinete débil desde su origen derivó en una dinámica centrada en la negociación de contratos de prestación de servicios PS, en medio de un diálogo sin acuerdos claros: mientras unos buscan más, el gobierno ofrece menos. En ese proceso se ha cedido sin exigir perfiles adecuados. Casos evidentes: un jefe de gabinete sin conocimiento de la ciudad (Stapper), educación ( Aguilar ) en otra tematica, vivienda sin especialidad, infraestructura mal ubicada, seguridad sin comprensión del territorio, y un sistema masivo atrapado en un modelo agotado , deporte sin conocer su temática,. No hubo liderazgo para ordenar la contratación, y la ciudad terminó con una estructura burocrática sin cohesión, un sancocho….
Cali no está en crisis por falta de información. Está en crisis por falta de planeación, control y ejecución. Y también por la falta de corrección a tiempo. Esa es la diferencia entre los gobiernos que administran y los que transforman.
El punto es simple: si el gobierno no asume con autoridad, la ciudad seguirá siendo gobernada por la inercia. Y la inercia, en política, no resuelve nada. Así, se profundiza un mal legado: Inviabilidad fiscal, del transporte masivo y de la valorización, más un aumento de la deuda social en calidad de educación y vivienda informal , crecimiento de la pobreza, más personas en la calle, niñez desprotegida, mayor inseguridad, más informalidad, más desigualdad y un deterioro institucional sostenido.
