Según declaraciones del secretario de Hacienda del distrito, los caleños adeudan al fisco distrital más de tres billones de pesos por concepto del impuesto predial; de los cuales 1.5 billones corresponde a intereses moratorios que se han acumulado con el correr del tiempo por parte de la falta de gestión de pasadas administraciones.
Esta situación por demás anómala y preocupante es demostrativa de la falta de gestión de las administraciones que poco o nada hicieron para recuperar los recursos públicos derivados en este caso del impuesto predial unificado, que es el tributo más importante que nutre las arcas del distrito.
El impuesto predial es el principal impuesto que los propietarios de propiedad raíz -casas, apartamentos, lotes, fincas- pagan al municipio donde esté ubicado el inmueble, siendo una obligación constitucional y legal que le permite a los municipios financiar el gasto en servicios públicos, infraestructura, seguridad, entre otros.
Se volvió una constante por parte de los alcaldes de la ciudad asegurar un recaudo anual importante a través del mecanismo legal de actualizar el valor catastral a los mismos predios cada cinco años, en una interpretación monetarista que se aleja del verdadero sentido de lo que constituye actualización catastral, obteniendo con esto ingentes recursos que despilfarran en obras que no son prioritarias y en otros casos, por estar mal diseñadas o peor estructuradas. Política que por lo demás vulnera los principios constitucionales de progresividad y equidad consagrados en el artículo 363 de la Constitución Política.
Con el resultado de dicha política alcabalera a la que solo le interesa facturar sin resolver los problemas reales que afectan a todos los caleños, se hace evidente el caos, la anarquía y la improvisación por parte de las administraciones, en una ciudad que soporta todo los problemas que la han llevado a su deterioro sistemático en lo físico-urbanístico, ambiental y socio-económicamente sumida en la pobreza en medio de la opulencia de pocas personas que disponen de suficiente capacidad económica para invertir en propiedad raíz y gastos en la proliferación de servicios turísticos que promocionan a la ciudad como una de las más atractivas.
Sin embargo, la gestión de las autoridades municipales no ha sido eficaz ni eficiente para obtener realmente el recaudo del impuesto predial que, aunque “avanzó” al 74 o 75% del total proyectado, aun mantiene una cartera elevada de 1.5 billones en capital y un poco más de 1.5. billones en intereses legales y moratorios, cartera de tres billones de pesos que incide en el déficit fiscal y en el manejo de la deuda pública.
A pesar del enorme déficit fiscal de Cali, del aumento de la pobreza reflejada en más subsidios a los estratos populares y de la creciente informalidad que supera el 50% de la población ocupada, la autorización del concejo distrital al alcalde para comprometer las finanzas del municipio hasta más allá de 2030 para un préstamo de 3.5 billones de pesos, constituyó un acto político-administrativo irresponsable que hipoteca a los caleños por varios años dejando a los próximos alcaldes sin suficiente capacidad de recurrir a los ingresos corrientes comprometidos desde ahora por una administración y un concejo que no permitieron ni promovieron la verdadera participación de los caleños en la discusión de ese tema sensible que afecta el ingreso de los caleños que no tienen más ingresos mensuales que su salario o pensión que generalmente oscila entre uno y dos salarios mínimos y su patrimonio basado en la vivienda que ha adquirido precios exorbitantes por las últimas dos actualizaciones catastrales, en un claro desequilibrio que rompe con los mandatos constitucionales, porque ni el estrato socio económico ni el avalúo catastral alcabalero determinan la riqueza y la real capacidad económica de los sufridos y abusados contribuyentes caleños.
