El Gobierno ha decidido exigir a las empresas información detallada sobre cómo fijan precios, márgenes y descuentos, con el argumento de controlar la inflación. Lo que se presenta como una medida técnica plantea riesgos para la libertad empresarial y los derechos constitucionales.
Los gremios han señalado que esta decisión no es una simple solicitud administrativa, sino una intromisión en la esfera privada de las empresas. Fenalco advierte que la medida podría convertir a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en una “Superintendencia de Precios”, excediendo sus funciones.
El artículo 333 de la Constitución protege la libertad de empresa y la libre competencia. Jaime Alberto Cabal recuerda que el Estado debe vigilar y sancionar conductas ilegales concretas, no imponer controles generales que parten de la desconfianza hacia todo el sector productivo. Pedir información masiva sobre fórmulas de precios y márgenes equivale a un control indirecto de precios.
El exsuperintendente Pablo Felipe Robledo afirma que la solicitud de la SIC excede sus facultades legales y constitucionales y la compara con prácticas aplicadas en Venezuela, donde políticas similares afectaron el mercado y la actividad empresarial. La Andi recuerda que la resolución 006 del gobierno de Hugo Chávez en 2011 tuvo efectos negativos sobre la confidencialidad y la libre competencia.
Natalia Gutiérrez, del Consejo Gremial Nacional, señala que el Gobierno debe vigilar, no acosar. El Estado puede investigar casos concretos, pero exigir información generalizada rompe el equilibrio entre control y libertad. Además, muchos comercios manejan miles de referencias, con precios que cambian por razones normales del mercado, como productos perecederos o exceso de inventarios.
La superintendente Cielo Rusinque sostiene que los empresarios no deben temer si no tienen nada que ocultar. Esa postura invierte la carga de la prueba y debilita garantías básicas.
Los gremios advierten que la medida puede generar el efecto contrario al buscado: controles excesivos y sanciones podrían causar desabastecimiento, incentivar el contrabando y aumentar los costos para los consumidores.
Colombia enfrenta un dilema: mantener la confianza institucional y respetar las libertades constitucionales, o avanzar hacia controles que ya han demostrado sus efectos negativos en la región. Defender la libertad de empresa no es proteger intereses privados; es garantizar prosperidad, innovación y bienestar para todos.
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Exigir fórmulas de precios puede parecer conveniente para controlar la inflación, y favorecer al ciudadano, pero resulta inconveniente para la libertad empresarial y la salud del mercado
Continua el debate….
