Cali ha pasado las últimas dos décadas intentando resolver un rompecabezas estructural: cómo integrar a más de la mitad de su fuerza laboral a la formalidad. Mientras las cifras del DANE muestran ciclos de recuperación, la calle cuenta una historia de resiliencia y precariedad.
Desde el año 2000, la informalidad en Cali se ha mantenido en un rango persistente entre el 45% y el 52%. A principios de siglo, la ciudad enfrentaba las secuelas de la crisis económica nacional de 1999, con una informalidad que superaba el 50% debido al cierre de empresas manufactureras tradicionales.
Entre 2010 y 2019, hubo un periodo de relativa estabilidad gracias al crecimiento del sector servicios y la inversión en infraestructura. Sin embargo, el 2020 marcó un punto de quiebre. La pandemia y el estallido social de 2021 dispararon la vulnerabilidad económica. Según los reportes del DANE, para 2023 y lo que va de 2025, la tasa de informalidad en el área metropolitana de Cali se sitúa cerca del 47%, lo que significa que casi uno de cada dos trabajadores no cotiza a seguridad social ni tiene garantías contractuales.
La estructura laboral de la ciudad se divide principalmente en tres frentes que definen el programa económico local:
- Servicios y Comercio: Es el motor principal. Desde el vendedor ambulante en el centro hasta el microempresario de barrio.
- Industria de Eventos y Gastronomía: Cali se ha posicionado como un “Distrito Especial”, donde el entretenimiento genera miles de empleos, aunque muchos de ellos temporales o por turnos.
- Economía del Cuidado: Un sector invisible pero masivo, compuesto mayoritariamente por mujeres que trabajan de manera informal en hogares o servicios de limpieza.
En los últimos dos años, la estrategia de la administración local y las cámaras de comercio se ha centrado en la “Formalización Progresiva”. Ya no se busca solo el registro mercantil, sino la sostenibilidad.
- Programas de “Capital Semilla”: Iniciativas como Valle INN han intentado inyectar recursos a emprendedores para que den el salto a la legalidad.
- Barrios Productivos: Se han creado nodos de capacitación en sectores como el Distrito de Aguablanca y Siloé, enfocados en oficios técnicos y servicios digitales.
- Inclusión Digital: La implementación de pagos electrónicos (como Nequi o Daviplata) en mercados populares ha servido como primer paso para que el trabajador informal empiece a generar un historial financiero.
Sin embargo, el reto sigue siendo el alto costo de la parafiscalidad y la carga tributaria para los pequeños negocios, lo que hace que muchos prefieran mantenerse “bajo el radar”.
Si usted es un trabajador independiente o tiene un negocio informal en Cali y busca respaldo para crecer, existen canales institucionales diseñados para este fin:
- Secretaría de Desarrollo Económico de Cali
Es la entidad encargada de liderar la política pública de empleo. Ofrecen ferias de servicios y asesoría técnica.
- Centro Administrativo Municipal (CAM).
- Información sobre las convocatorias vigentes de fondos concursables para microempresas.
- Cámara de Comercio de Cali (CCC)
Más allá del registro, la CCC tiene programas de fortalecimiento empresarial.
- Trámite: Solicite el programa de “Fortalecimiento para Micronegocios”.
- Beneficio: Capacitación gratuita en contabilidad, marketing y acceso a créditos con tasas preferenciales.
- Cajas de Compensación (Comfandi y Comfenalco)
Cuentan con agencias de empleo que ayudan a los trabajadores informales a capacitarse para entrar a empresas formales o a mejorar sus emprendimientos.
- Requisito: Estar inscrito en el Servicio Público de Empleo.
- Prosperidad Social
Para quienes están en situación de alta vulnerabilidad, esta entidad nacional maneja programas de transferencias monetarias condicionadas y apoyo a la generación de ingresos.
La informalidad en Cali no es solo un problema de leyes; es una respuesta a la falta de vacantes suficientes en el sector privado formal. Para este 2025, el reto de la ciudad es convertir el “rebusque” en una empresa sólida. La ayuda existe, pero requiere que el ciudadano dé el paso hacia la institucionalidad para acceder a créditos y protección social que, a largo plazo, son la única garantía contra la pobreza.
