*Resumen de agencias
En apenas cinco días, la administración del presidente Donald Trump ha puesto en marcha una serie de decisiones con impactos directos sobre la estructura política, económica y militar de Venezuela, llevando la relación bilateral mucho más allá de una política exterior tradicional hacia una forma de gobierno de facto sobre el país suramericano.
La semana comenzó con una operación militar sin precedentes en Caracas, en la que fuerzas especiales estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro, lo que por sí solo representa una intervención directa y radical en la soberanía de una nación extranjera. Esta acción fue seguida inmediatamente por anuncios y movimientos que consolidan la percepción de que Estados Unidos está directamente administrando aspectos clave de Venezuela. Según Trump, tras la captura, Venezuela “entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo” a Estados Unidos, y él mismo afirmó que ese dinero estaría bajo control estadounidense para su uso en beneficio de Washington y, supuestamente, del pueblo venezolano.
Trump afirmó haber cancelado una segunda ola de ataques militares que estaba prevista contra Venezuela, decisión que él mismo justificó en redes sociales señalando que el gobierno venezolano estaba liberando “grandes cantidades de presos políticos como señal de paz”.
Aunque esta cancelación se presenta como una medida conciliatoria, la flota militar estadounidense permanece desplegada frente a las costas venezolanas, lo que indica que la amenaza o posibilidad de acción continúa latente bajo control directo de Washington.
Junto a los movimientos militares, Trump ha promovido una reconfiguración económica de la industria petrolera venezolana, el recurso estratégico más importante del país. Ha anunciado que las grandes petroleras estadounidenses invertirán al menos 100.000 millones de dólares para reconstruir y explotar la infraestructura energética de Venezuela.
Este tipo de acuerdos y planificación, sin coordinación visible con instituciones venezolanas soberanas, ubica a Estados Unidos como administrador central de la reestructuración económica venezolana.
Además, Trump ha enviado a su embajador en Colombia ( John Mc Namara, para encargarse de los asuntos relacionados con Venezuela, demostrando que su política incluye control diplomático y operativo regional desde Washington, no solo comunicación bilateral normalizada. Y mientras los líderes venezolanos que han aceptado colaborar como la actual presidenta interina Delcy Rodríguez muestran actitudes más conciliadoras con Trump, es evidente que las decisiones estratégicas sobre el futuro político y económico de Venezuela están siendo dirigidas desde Estados Unidos.
Un elemento político interno importante en Estados Unidos ha sido la aprobación por parte del Senado de una resolución para limitar las acciones militares de Trump sin autorización del Congreso. Sin embargo, este avance no constituye una ley vinculante por sí mismo; es una medida simbólica que todavía necesita aprobación de la Cámara de Representantes y la firma del presidente para ser efectiva. Por tanto, no impidió ni revirtió las operaciones de Trump en Venezuela, y actualmente no tiene fuerza legal inmediata para detener sus acciones.
Indudablemente , la liberación de líderes y dirigentes de oposición venezolanos y ciudadanos de otros países, , la dirección de recursos petroleros, la presencia militar sostenida, y la reorientación de la economía energética del país no solo representan política exterior, sino una forma de gobierno de facto sobre Venezuela desde los Estados Unidos. Más allá de la retórica de paz o cooperación, la escala y la dirección de estas acciones subrayan que Trump está gestionando decisiones fundamentales de Venezuela, influenciando quién dirige el país, cómo se administran sus recursos y cuál es su rumbo político y económico en el corto plazo.
