Cotarro local que se respete no puede dejar por fuera las hasta ahora aspiraciones ederianas de “…salir adelante cambiando la forma de administrar lo público…” (posesión enero 1/24), la ausencia de garantía de Orozco a ejecutar plenamente la “semaforización inteligente” incumplida por Ospina 2, vínculos de funcionarios con “grúas, carros piratas, …”, actitud castrense de guardas uniformados en grupos operativos de movilidad.
Atraído por este popurrí de escenarios, decidí trasladarme a un centro de programas de servicios de tránsito para hacer reportería a dolientes de contravenciones; he aquí algunos casos recogidos.
A las 7 a.m. observo la primera fila, formada por unos 30 usuarios. Un vigilante de casaca particular extrae a tres personas y las conduce a una puerta con llave que franquea. Pienso que tienen cita prioritaria; otros miran con asombro. Se oye el término “rosca”. El vigilante aduce cumplir órdenes internas.
Una señora en la fila reclama que también debería beneficiarse, pues tiene más de 80 años y no puede permanecer de pie. Inicio diálogo, explico mi misión e indago el motivo de su presencia: “Voy manejando y veo un operativo donde cuatro agentes rodean e increpan a un joven asustado. Detengo la marcha, bajo la ventanilla y protesto por la forma tosca. Uno me pita y me orilla. No me deja hablar. Pide documentos. Los entrego. Halla un extintor vencido por dos días y hace el comparendo. En bomberos me dicen que su vigencia es mínima de tres años. Estoy indignada. Por ser buena ciudadana me multan. Nos bolsiquean por todo”.
La señora habla fuerte y la fila se anima. “Tiene que oír mi caso”, dice otro. Ella se apoya en mi brazo y me identifica como acompañante. Se arma tertulia y entramos. Le ayudo a organizar datos. Informan que el trámite administrativo-económico dura dos horas; el curso es aparte. Son las 7:55 y apenas van 20 ingresos. Foto, huella, celular, correo, dirección, liquidación parcial del 50 %. Pagamos en el banco, donde detallan tres destinatarios (Ley 1383, Fide.Pst y Sttm-Ley 769). Llenamos nuevo formato para verificar presencia y aceptación de responsabilidad.
A las 8:32 aparece el guarda que dicta el curso, único funcionario público de tránsito allí. Sigo conversando con los encartados, que protestan por la tardanza, la tramitología excesiva y el trato desconfiado de los contratistas.
“Aún falta el segundo pago: Infracciones al Transporte, Resoluciones y Comparendos. Cada tabulado vale $40.200”, dice una funcionaria, aparente coordinadora del adjudicatario privado. Asegura que algunos se van al baño y no regresan, por lo que todos deben terminar el curso, firmar de nuevo y obtener certificación de asistencia y paz y salvo como validación final.
El capacitador declara a las 9 que pueden pasar al aula.
Con el material acopiado, decido esperar afuera. Un señor con puestos de comidas rápidas relata que, por tener adactilia o huellas borradas, casi no lo dejan hacer el curso hasta demostrar que era el titular del pase y la cédula. Afirma que, por su oficio de “todero”, debe parquear donde sea para entregar insumos. Para él resulta más barato pagar al fisco y perder dos horas adicionales que contratar un abogado “calidoso”, pero costoso, que contradiga, solicite pruebas y alegue, para al final quedar expuesto a que la misma dependencia niegue sus razones. Son juez y parte, “harina del mismo costal”.
Una ejecutiva se queja de que un agente le ordenó parar por supuesto exceso de velocidad; al refutar la inexistencia de señal visible de fotomulta en 500 metros y exigir constancia de calibración del equipo, el agente se retira. Al regresar, refuerza el procedimiento al registrarse otro guarda como testigo.
Un estudiante universitario admite que giró a la derecha con semáforo en rojo, hizo la parada completa, no había peatones ni ciclistas, tomó una vía amplia de tres carriles y no obstaculizó vehículos en verde. No existe prohibición expresa ni flecha roja, por lo que esas circunstancias lo exonerarían. Aunque ya pagó una parte y renunció al proceso probatorio, allí mismo le indicaron el artículo que lo respalda, incluso para un eventual proceso disciplinario al agente con base en una grabación oficial. Lamenta haberse dejado intimidar por la forma del abordaje.
Un comerciante denuncia que conducía a menos de 50 km/h en una cuadra con un solo condominio y una tapia sin accesos. Tras un aviso de 50 km/h aparece, a corta distancia, otro de 30 km/h sin ser zona escolar ni existir riesgo evidente. Había buena visibilidad y ausencia de peatones, pero fue víctima de “pesca milagrosa”: el guarda con cámara portátil estaba oculto tras una caseta comunal y otros, con policías, en la esquina. Además, no permiten ver el comparendo hasta firmar la aceptación en la plataforma electrónica.
En otra entrega recogeré más casos. Tras varios reclamos, el instructor admitió que en la secretaría existe la percepción de que la ciudadanía no aprueba el proceder de muchos agentes. Coinciden en que son “más valientes” en grupo que actuando solos.
Dado que un agente de tránsito está indiciado por la muerte de un motociclista en fuga, preciso que negar documentos como SOAT, revisión técnico-mecánica o licencia justifica la inmovilización del vehículo, pero no autoriza capturas ni el uso temerario de bienes del Estado para neutralizar al infractor. Inmovilizar no implica lesionar la integridad ni poner en riesgo la vida; de hacerlo, el servidor responde incluso por culpa leve. La huida de un infractor al Código Nacional de Tránsito no constituye conducta criminal.
Eder y Orozco deben hacer talleres de revisión de comportamientos frente al ciudadano para auscultar su progresivo cambio negativo. El contribuyente debe ser mirado y tratado de forma respetuosa. El cuerpo de guardas de movilidad no es una isla territorial. Si tuviéramos sistema de semaforización inteligente, trato amable con el conductor, capacitación bajo cánones de buenas maneras, otro sería el clima cívico. Montar cámaras con intención de represión no amilana a la caleñidad.
Si la Personería distrital no hubiera eximido al secretario de movilidad de una supuesta falta disciplinaria en ejercicio o extralimitación de sus funciones y si a la vez en la Secretaría de movilidad no hubieran excusado una contravención de tránsito al personero, la institucionalidad no estaría en boca de cientos de miles de habitantes. Requerimos ejemplos diáfanos señores de la cúpula de servidores públicos, con apego estricto a la moralidad pública, al debido proceso y al derecho de defensa.
Al final del ciclo de reportajes y toma de notas pasó por mi lado el agente Zapata, luciendo en el pecho de su blusa oficial al menos 10 condecoraciones, escudos, botones, preseas, trofeos… No tenía la menor idea que la administración distrital tuviera un empleado oficial cristalino, de calidades arquetípicas. Deberíamos conocer los premios que se dan a los funcionarios que sobresalen por sus virtudes acrisoladas, que por supuesto deben estar soportadas en actos administrativos donde la autoridad competente detalla por escrito las consideraciones que motivan los magnos reconocimientos. Ilustrativo para administrados enterarnos cómo se promueven a los que descuellan.
Abogado y periodista
