En medio de la polarización política que se vive en el país entre los numerosos partidos y movimientos políticos, la lucha competitiva por el poder del Estado refleja en términos generales la que se libra en el mercado capitalista, matizada por toda clase de promesas de carácter populista y demagógico que poco o nada tienen que ver con la solución de los problemas que aquejan a los colombianos. De esta manera se predispone la conciencia de los potenciales electores que restringe el juicio y el razonamiento de quienes se deciden a acompañar a los embaucadores de la política.
De acuerdo con la Constitución y la ley a los ciudadanos se les ofrece la posibilidad de escoger de manera directa a sus gobernantes y a participar en asuntos de interés general a través de los mecanismos de participación, al tiempo que en diferentes regiones del país los comicios electorales se adelantan en medio del soborno, la intimidación, la infracción de las leyes electorales y la violencia desatada por los grupos armados ilegales que actúan a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto sin tener en cuenta que a los electores se les trata como masa electoral disponible por los dirigentes políticos que los manipulan, tal como viene sucediendo.
Entre tanto las condiciones económicas, políticas y sociales de los colombianos tienden a agravarse con la exacerbación de las contradicciones y conflictos sociales que afectan a las clases y grupos sociales en general, inherentes a ciertos problemas que afectan a los ciudadanos con el aumento inusitado de la violencia y el despilfarro de los recursos públicos en poder de funcionarios inescrupulosos que operan en las altas esferas del poder del Estado. Circunstancia que se repite con la connivencia de algunos empresarios y banqueros que gozan de garantías y ventajas e influyen en la política de los gobiernos a nivel nacional y local y con los cuales se realizan alianzas público-privadas financiadas con vigencias futuras que comprometen los presupuestos del Estado.
Así las cosas, queda claro que las relaciones políticas establecidas particularmente en época electoral se convirtieron en una práctica antisocial que vulnera los principios de la ciencia política y la forma de realizarla.
A lo anterior se suma el comportamiento asumido por los “politiqueros de turno” interesados en asegurar la continuidad de determinadas políticas y políticos que les permiten gozar de beneficios al igual que a quienes los patrocinan durante el período de la campaña electoral en la cual se manifiesta la puja por integrar las listas para la conformación de los órganos de representación ya sea al Congreso de la República o a las corporaciones de elección popular.
Con esto, hay quienes sostienen que para las elecciones del próximo año 2026 se producirá una renovación del Congreso con la presencia de nuevas caras integrantes de diferentes partidos y movimientos políticos con los cuales se estaría reemplazando a los viejos caciques políticos que han estado ocupando curules en los cuerpos colegiados por 20 o más años consecutivos, correspondiendo a una nueva estrategia utilizada por la vieja y desueta dirigencia política para asegurar su influencia en el destino de la sociedad y del régimen económico y político que siempre han defendido y con el cual la clase dirigente busca perpetuarse en el poder del Estado. Se trata de “los mismos con las mismas” pero diferentes rostros.
Al contrario, hay quienes consideran que no se producirá tal renovación en la política, en tanto que el poder de decisión para la escogencia e integración de las listas al congreso la tienen los caciques de la política a nivel nacional, regional y municipal que establecen alianzas y acuerdos con diversos sectores económicos, políticos y sociales e incluso con individuos y organizaciones que se encuentran en la ilegalidad tal como ha venido sucediendo en el país.
Aquellos ciudadanos que aspiran ocupar la presidencia de la República a título personal no partidista y al margen de las estructuras políticas tradicionales ya sea como “out sider de la política” o del centro político, no son confiables al igual que no lo son aquellos que se limitan a continuar con las políticas de los gobiernos salientes comprometiéndose a resolver las contradicciones y conflictos sociales con la implementación de nuevas reformas al estilo del “capitalismo popular”, del bienestar general, con los cuales se busca maquillar al régimen capitalista de explotación, discriminación y exclusión política que impera en el país.
La política es una ciencia y un arte con las cuales es posible construir una nueva realidad social que no dependa simplemente de la voluntad o del capricho de las masas ni de sus dirigentes que luchan por la transformación social, lo cual no significa que no puedan actuar conforme a sus intereses y aspiraciones y escoger las formas de acción para lograr sus objetivos en el marco de determinadas condiciones concretas y objetivas e incluso de romper los límites que bordean las viejas y desuetas relaciones sociales de un régimen que como el capitalista en Colombia entró en un proceso de declive en medio del cual no es posible construir la paz ni lograr el bienestar general y el progreso social en igualdad de condiciones para los colombianos con todos aquellos aspectos que los identifican y a la vez los diferencian, congregan y separan como genuinos exponentes del género humano.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social