El proceso de crecimiento urbanístico de Cali se ha desarrollado en términos generales en forma espontánea y desordenada caracterizado por la lucha social del pueblo caleño en la defensa de los terrenos ejidos y baldíos que posee la ciudad y las migraciones que han disparado los índices demográficos lo cual ha influido en el surgimiento de nuevas condiciones económicas, sociales y políticas que condicionan la aparición de nuevas formas de interacción social y con la naturaleza, que demandan la necesidad de satisfacer las exigencias del crecimiento y desarrollo. Sin embargo, no siempre los procesos urbanísticos resultan positivos para la sociedad desde el punto de vista de su crecimiento y desarrollo económico y social, en tanto que las autoridades no siempre están dispuestas y prestas a cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales dirigidas a satisfacer los intereses de la comunidad. Se prevé que para el año 2030 la población de Cali supere los tres millones de habitantes.
Mientras tanto las autoridades se comprometen con la realización de grandes proyectos urbanísticos que por lo general poco o nada contribuyen con la solución de los grandes problemas en infraestructura vial, de salud, educación, vivienda agravando las condiciones urbanísticas y económica-sociales de la ciudad y de los caleños.
En relación con el proceso urbanístico que se adelanta en Cali, es necesario distinguir dos momentos en el tiempo y no solo desde el punto de vista de sus formas legales sino de del contenido de los dos planes de ordenamiento territorial que ha tenido la ciudad: el del año 2000 y el del 2014
En el primer caso, con el POT del acuerdo 069 de 2000 el proceso de crecimiento y desarrollo urbanístico de la ciudad fue jalonado con base en las decisiones asumidas por los alcaldes de turno que disponían a su antojo de la ejecución de los proyectos urbanísticos sin que se presentara una mayor discusión y debate sobre los mismos, lo cual se traducía en actos administrativos arbitrarios y ajustados al gusto de los gobernantes de su tiempo. El otro momento se caracteriza por el acatamiento formal de las normas que rigen la planeación urbanística de la ciudad, conforme a los principios consagrados en la ley, pero que no responden a la realidad ni a las necesidades del pueblo caleño.
No obstante lo anterior, resulta inexplicable que el crecimiento y desarrollo urbanístico de la ciudad no responda en general en su aplicación a los principios urbanísticas como tampoco a las necesidades y exigencias que siempre han demandado los ciudadanos que protestan sin ser atendidos por las autoridades del ramo y que por lo demás han dejado que Cali se desarrolle de manera anárquica con la construcción ilimitada de grandes complejos urbanísticos, centros comerciales, en el sur de la ciudad en donde por ejemplo sus habitantes se quejan de la “concentración” urbanística la concentración de la población y los problemas de movilidad, servicios públicos, contaminación por ruido y Co2, destrucción del medio ambiente natural y paisajístico, como parte de los efectos negativos de los procesos urbanísticos aprobados por la Corporación edilicia bajo la presión del lobby realizado por gremios de la construcción que han hecho de Cali una ciudad compleja para vivir.
Una visión diferente del desarrollo urbanístico de la ciudad solo será posible lograrlo sí los caleños finalmente exigen de las autoridades la obligación que tienen de garantizar su participación en la construcción y devenir de una nueva ciudad que conciba el progreso en función de todos y cada uno de sus habitantes como una necesidad de cambio y transformación económica, política, social, cultural, ambiental, etc., más allá de los simples procesos urbanísticos que solo benefician a determinados sectores de la población caleña.
