El presidente Gustavo Petro ha generado un intenso debate con sus recientes declaraciones sobre la crisis del sistema de salud en Colombia. En semanas recientes, Petro ha alertado sobre la “quiebra de la Nación” y su “fracaso total” atribuido directamente a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), a las que acusa de corrupción, mala gestión y desfalco de recursos públicos. Estas afirmaciones coinciden con informes oficiales, como los de la Contraloría, que revelan graves inconsistencias financieras en la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno debido a irregularidades que datan de años atrás.
Petro sostiene que las EPS han contribuido a crear un sistema colapsado, con deudas que crecen exponencialmente, y que esta situación amenaza la sostenibilidad financiera del sistema de salud. En este marco, ha hecho un llamado urgente al Congreso para acelerar la aprobación de su polémica reforma a la salud, orientada a transformar radicalmente el modelo actual. Esta reforma plantea eliminar el rol asegurador y financiero de las EPS para convertirlas en gestoras administrativas, bajo control estatal, con el fin de reducir costos, aumentar eficiencia y garantizar que los recursos se destinen directamente a la prestación de los servicios de salud.
Lo cierto es que las EPS, muchas han robado excesivamente con el apoyo de políticos, jueces y hasta el minjusticia. Petro recibió un sistema muerto económica y financieramente, pero los funcionarios pasados y presentes, también han abusado
El Gobierno argumenta que mantener el sistema vigente implica seguir soportando un “cartel” empresarial que se lucra de los recursos públicos y que se extiende a actores políticos, afectando la gobernabilidad del sector salud. Petro advierte que sin la reforma, las deudas de las EPS podrían crecer de 30 a 50 billones de pesos y condiciona la viabilidad financiera y social de la salud pública a la aprobación de estos cambios.
Por otro lado, el Congreso ha frenado hasta tres veces este proyecto que enfrenta resistencias significativas, tanto de la oposición como de sectores dentro del Legislativo que defienden el esquema actual o proponen reformas parciales. Además, la falta de mayorías claras del Gobierno en el Senado ha complicado las negociaciones y ha generado incertidumbre sobre el futuro inmediato de la reforma.
Las EPS, por su parte, han denunciado dificultades financieras que atribuyen a retrasos en la transferencia de recursos y cambios administrativos impulsados por el Gobierno, advirtiendo que esto afecta la atención y genera crisis en la red hospitalaria. También han rechazado la narrativa oficial de asfixia financiera por parte del Estado y cuestionan el enfoque centralizador de la propuesta.
La postura presidencial incorpora además un discurso crítico hacia algunos medios de comunicación, acusándolos de manipular la información para proteger los intereses de las EPS y de invisibilizar los hallazgos oficiales sobre el manejo indebido de recursos. Petro propone un sistema de salud basado en la atención primaria, prevención y un mayor papel del Estado como garante directo del derecho a la salud, dejando atrás décadas de intermediación privada que, a su juicio, ha marginado a los ciudadanos y afectado la calidad del servicio público.
El escenario es de fuerte polarización política y social en torno a la reforma a la salud. La visión del Ejecutivo es clara y radical, orientada a un cambio estructural profundo que enfrenta resistencias legales y legislativas. Mientras tanto, el sector de las EPS y sus aliados políticos promueven un debate sobre sostenibilidad sin descartar su papel actual, y denuncian que la crisis es multifactorial, implicando responsabilidades cruzadas. El llamado presidencial al Congreso por acelerar la discusión refleja una urgencia política y social, pero también una compleja negociación futura para definir el rumbo del sistema de salud en Colombia.
