Con la sanción presidencial de la reforma laboral, Colombia marca un nuevo hito en la historia de los derechos del pueblo trabajador. Hace menos de un siglo, comenzaron a legislarse temas fundamentales como la jornada laboral de ocho horas, el descanso dominical y la existencia misma del contrato de trabajo, en respuesta a las huelgas y conflictos obreros que sacudieron al país en las primeras décadas del siglo XX.
Karl Marx, en su obra Salario, precio y ganancia, afirmó que la limitación de la jornada laboral en Inglaterra no fue una concesión voluntaria del capital, sino el resultado de la presión obrera y de la intervención legal: “sin la constante presión de los obreros desde afuera, la ley jamás habría intervenido. En todo caso, este resultado no podía alcanzarse entre los obreros y los capitalistas”. En otras palabras, los avances en derechos laborales han sido siempre fruto de la lucha popular. La reciente reforma
laboral reafirma ese legado histórico en Colombia.
En las primeras décadas del siglo XX emergió el movimiento obrero colombiano exigiendo mejores condiciones laborales, eran tiempos de la hegemonía conservadora (1885 -1930). Las primeras respuestas estatales se enfocaron en la protección frente a accidentes de trabajo y en la resolución de conflictos laborales. La Ley 57 de 1915, “sobre reparaciones por accidente de trabajo”, fue un hito fundacional del derecho laboral en el país. Esta norma contó con la decisiva influencia del senador liberal Rafael Uribe Uribe que compartía las causas obreras y fue asesinado.
En 1919, se expidió la Ley 78 sobre huelgas, antecedida por la sangrienta represión contra los sastres en huelga en Bogotá, ordenada por el presidente conservador Marco Fidel Suárez. Años más tarde, la Ley 57 de 1926 reconoció el derecho al descanso dominical remunerado, un logro atribuido por el dirigente obrero Ignacio Torres Giraldo a la huelga del Ferrocarril del Pacífico. En paralelo, mientras se abrían debates sobre la necesidad de un Código de Trabajo, el gobierno respondía con represión: la llamada
“Ley Heroica”, bajo la administración de Miguel Abadía Méndez, buscaba frenar las huelgas obreras mediante la criminalización de la protesta.
El 6 de diciembre de 1928 se consumó uno de los episodios más trágicos de la historia laboral del país: la Masacre de las Bananeras. Cientos de trabajadores en huelga fueron asesinados por exigir un contrato digno y condiciones laborales humanas. Esta masacre, ordenada por el Estado en complicidad con intereses empresariales y extranjeros, marcó con sangre la historia del movimiento obrero colombiano.
Como ha señalado el historiador Mauricio Archila, en Colombia hubo primero antisindicalismo antes que una protección efectiva del derecho de asociación. No fue sino hasta 1931, durante el gobierno liberal de Enrique Olaya Herrera, que se reconoció legalmente el derecho de asociación sindical mediante la Ley 83. Ese mismo año, la Ley 129 ratificó convenios fundamentales de la Organización Internacional del trabajo (OIT).
Posteriormente, en el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo se
creó el Ministerio de Trabajo con la Ley 86, y en su segundo mandato, se promulgó la Ley 6 de 1945, que reguló de forma progresiva el contrato de trabajo, la jornada laboral
y la remuneración salarial.
El Código Sustantivo del Trabajo finalmente se adoptó el 5 de agosto de 1950, durante el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez. Esta codificación consolidó los
avances legislativos de la primera mitad del siglo XX, resultado de las constantes luchas del movimiento obrero.
Ya en el siglo XXI, el movimiento sindical enfrentó una embestida neoliberal sin precedentes. La Ley 50 de 1990 (gobierno de César Gaviria) y la Ley 789 de 2002 (gobierno de Álvaro Uribe Vélez) significaron retrocesos drásticos: se flexibilizó el empleo, se precarizaron las condiciones laborales y se redujeron derechos adquiridos.
Este periodo estuvo acompañado de una ola de violencia sindical sin parangón, lo que Renán Vega Cantor ha denominado “sindicalicidio”. Colombia llegó a ser uno de los
países más peligrosos del mundo para ejercer el sindicalismo, según reportes de la OIT.
En un contexto de precarización, represión y resistencia, la reforma laboral impulsada por el primer gobierno de izquierda en Colombia adquiere un profundo valor histórico.
Esta iniciativa del presidente Gustavo Petro representa un paso decisivo hacia la justicia social: condensa un siglo de luchas obreras, huelgas silenciadas, derechos conquistados a pulso, mártires sindicales y generaciones que soñaron con un trabajo digno. Es también una reafirmación contundente: la historia no avanza por la generosidad de los poderosos, sino por la tenacidad de los pueblos que jamás renuncian a su dignidad.
