Dicha forma de gobierno tiene como fundamento jurídico y político la concentración y centralización del poder en cabeza del órgano ejecutivo representado por los gobiernos presidenciales, que poco a poco renuncian a las formas y métodos democráticos de gobernar, generándose con ello diferentes situaciones que lindan con la violación de los derechos y libertades de los ciudadanos.
El autoritarismo se convirtió en una práctica recurrente de gobernar, en tanto se profundiza la crisis general del capitalismo, la cual se extiende a todos los niveles de la vida institucional relacionada con el manejo de los asuntos del Estado y de la sociedad.
Un ejemplo de esta forma de gobernar se presenta con varios de los países del denominado mundo civilizado y en particular con gobiernos como el del presidente Donald Trump de los Estados Unidos de Norteamérica, quien en este momento de crisis generalizada ha causado toda una conmoción internacional con la imposición de nuevos aranceles a los países con los cuales mantiene relaciones comerciales, generándose lo que algunos dirigentes económicos y políticos califican como una “guerra comercial”. Al mismo tiempo, ha creado al interior de su país una serie de conflictos de carácter institucional al apropiarse de competencias que pertenecen a otras ramas del poder público como el Congreso de la Unión. Paralelamente. confronta en forma abierta las decisiones de los tribunales de justicia que le imponen límites a sus actos arbitrarios e ilegales, como sucede por ejemplo, con aquellos migrantes que a pesar de tener el correspondiente status legal de protección temporal como estudiantes extranjeros, son deportados de manera ilegal y arbitraria por las autoridades migratorias, a las cuales el presidente Trump ha delegado dicha función ejecutiva, sin que existe de por medio un juicio previo ni el respeto al derecho al debido proceso.
El autoritarismo asociado al presidencialismo ha generado a nivel político e institucional un deterioro de la democracia liberal estadounidense, cuyos dirigentes pierden cada vez mas la capacidad política para gobernar el país acudiendo al uso de toda clase de formas y métodos autoritarios y antidemocráticos para resolver los asuntos de interés general con lo cual se afecta la legitimidad de las instituciones, los derechos y libertades de los ciudadanos, que comienzan a desconfiar de sus autoridades.
En Colombia el autoritarismo está encarnado fundamentalmente en la figura del presidente de la república como jefe de Estado, Comandante de las fuerzas armadas y suprema autoridad administrativa. Y aunque de acuerdo con la Constitución, la estructura del poder se integra con base en las tres ramas del poder público: legislativa, ejecutiva y judicial, en la práctica el poder es solo uno en cabeza del ejecutivo representado por el presidente de la República elegido por un período de gobierno de cuatro años para desarrollar y ejecutar las políticas de gobierno acorde con los intereses de las clases dirigentes (económica y políticamente dominantes) que caracterizan a la sociedad capitalista, imprimiéndole a la gobernanza un carácter de clase que en algunos casos se atenúa cuando al frente del poder del Estado son elegidos representantes de las fuerzas políticas, sociales, democráticas y progresistas.
No es del todo cierto como lo afirman algunos dirigentes políticos de que el presidencialismo en que se sustenta el poder autoritario del jefe del Estado en nuestro país se ha debilitado, particularmente durante el gobierno del presidente Petro, debido entre otras causas, al hundimiento de las reformas sociales, el rechazo del monto del proyecto del presupuesto por parte de las comisiones económicas del Congreso, además de las constantes tensiones con los altos tribunales de justicia y órganos de control. Si bien es cierto, dichos factores han afectado sensiblemente la función ejecutiva en lo relacionado con el principio de la colaboración armónica que debe existir entre las diferentes ramas del poder, dicho suceso tan solo ha generado una especie de bloqueo relativo en contra del ejecutivo que en su conjunto no debilita el poder presidencialista, que de acuerdo con la Constitución de 1991 adquiere, concentra y centraliza un conjunto de funciones que le permiten por ejemplo dictar decretos leyes, elaborar ternas para la escogencia de magistrados de la Corte Constitucional, para Fiscal General de la Nación, Procurador general, Contralor de la República, etc., además de ejercer funciones en materia de justicia administrativa a través de sus agentes en las superintendencias; a lo cual se suma la facultad de dirigir la política económica y social del país y definir lo concerniente al gasto público de la nación que en el pasado fuera de iniciativa del congreso de la república.
De esta manera, el presidente no solo actúa en función de las facultades propias de su mandato, sino que legisla y administra justicia en determinadas condiciones y circunstancias e incluso, imponiendo medidas que lindan con el autoritarismo que resulta cada vez más evidente y funesto para el ejercicio de la democracia basado en el principio de las mayorías al cual deben someterse las minorías que se valen del presidencialismo autoritario para imponer sus decisiones y favorecer determinadas clases o grupos sociales.
Sobre el autoritarismo de los gobiernos presidenciales, es conveniente recordar lo manifestado por el presidente Alfonso López Michelsen en la instalación del congreso de Trabajadores de la UTC realizado en el Gimnasio Cubierto Evangelista Mora en esta ciudad de Cali a fines de abril de 1975 en donde planteó: “lo que está en juego es saber si estamos en capacidad de solucionar los problemas dentro del sistema democrático o tenemos que recurrir a alguna forma de totalitarismo o despotismo para que haya educación, techo, salud”. (El País, edición del 28 de abril de 2025, sección: hace 50 años).
El autoritarismo presidencialista no solo hunde sus raíces en el pasado, sino que se reproduce en nuestro tiempo revestido de nuevas formas relacionadas con el populismo, el reformismo, la demagogia, el totalitarismo o despotismo, con los cuales se aliena la conciencia de las masas populares a quienes se les ofrecen soluciones aparentes a sus problemas; entretanto se incrementan la pobreza y la desigualdad social, agudizándose los conflictos sociales a costa del enriquecimiento de unas minorías que viven de la explotación económica del trabajo de vastos sectores de la población que no ven en este tipo de gobiernos una solución real de sus carencias y necesidades en trabajo, salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria, etc.
