Por el fracaso de la reforma laboral en el Congreso, el presidente Gustavo Petro ha impulsado una consulta popular para que la ciudadanía decida sobre cambios en el régimen laboral del país. El proyecto de reforma, que buscaba mejorar la estabilidad laboral, fortalecer los derechos de los trabajadores y regulares condiciones de contratación, fue rechazado en el Congreso, lo que motivó al gobierno a recurrir a la participación ciudadana.
La consulta, que será radicada ante el Senado el 1 de mayo, incluye 12 preguntas orientadas a cambiar aspectos del empleo en Colombia, entre ellos están:
- Jornada laboral máxima de 8 horas diarias entre 6 am y 6 pm
- Pago del 100% de recarga por trabajo en domingos y festivos.
- Incentivos para micro, pequeñas y medianas empresas asociativas.
- Licencias por salud menstrual y permisos para tratamientos médicos.
- Contratación obligatoria de personas con discapacidad.
- Contratos formales para aprendices del SENA.
- Seguridad social para trabajadores de plataformas digitales e informales.
- Eliminación de la tercerización e intermediación laboral que vulneran derechos.
- Formalización de sectores tradicionalmente excluidos, como trabajadoras domésticas y campesinos.
- Promoción del contrato a término indefinido como regla general.
- Creación de un fondo pensional para campesinos.
La iniciativa ha generado fuertes críticas desde diversos sectores.
Los gremios y expertos han señalado que las preguntas son “amañadas”, no abordan el problema central del desempleo, que afecta a cerca de tres millones de colombianos. Se advierte que las preguntas inducen respuestas afirmativas y no plantean soluciones estructurales al mercado laboral.
Se ha cuestionado si la consulta popular es el mecanismo adecuado para resolver disputas entre el Ejecutivo y el Congreso. Juristas consideran que esto no soluciona tensiones políticas ni problemas de política pública, sino que puede convertirse en un plebiscito sobre la figura del presidente Petro.
Se advierte sobre el alto costo fiscal de la consulta (estimado en $700.000 millones) y la dificultad de lograr la participación requerida para que los resultados sean válidos (más de un tercio del censo electoral).
Los analistas sugieren que la consulta es utilizada como plataforma política y de movilización social, más que un mecanismo para implementar reformas laborales. Además, existe el riesgo de que, aun si las preguntas son aprobadas, su implementación requiera posteriores desarrollos legislativos y administrativos.
El Gobierno defiende la consulta como un ejercicio democrático para incorporar la voz ciudadana en decisiones trascendentales y como respuesta a la falta de avances en el Congreso. Sostiene que la reforma laboral es básico para la equidad y la justicia social, y que la consulta permitirá avanzar hacia un modelo laboral más incluyente.
