La situación actual de las Reforma a la Salud y Laboral en Colombia se encuentra marcada por tensiones entre el gobierno del presidente Petro y el Congreso de la República (Senado y Cámara). A pesar de que los proyectos aún no han sido finalmente aprobados o negados en la Comisión Séptima del Senado, la reciente presentación de una ponencia para archivar la Reforma Laboral por parte de 8 Senadores, ha generado un clima de incertidumbre.
Esta propuesta de archivo cuenta con el respaldo de varios partidos incluyendo Liberales, Conservadores, Centro Democrático, Mira, Colombia Justa y Libre, ASI, lo que proyecta el hundimiento, debido a la falta de apoyo legislativo.
La presidenta de la Comisión Séptima y del Partido Conservador, Nadia Blel, dijo que la decisión de no apoyar la reforma laboral se basa en un análisis técnico que señala que esta no generaría empleo, ni combatiría la informalidad laboral, problemas críticos en el país.
La composición actual de la Comisión, con un equilibrio de 7 Senadores a favor y 7 en contra, complicaría aún más las posibilidades de aprobación.
El sector gremial y empresarial de Colombia en cabeza la Andi y Fenalco, ha estado llamando la atención de la inoportuna e inconveniencia de las reformas.
El presidente Petro ha criticado abiertamente esa situación, acusando al Congreso de actuar como una dictadura al bloquear las reformas. En respuesta a este “bloqueo institucional”, ha propuesto convocar una consulta popular para que los ciudadanos decidan sobre estas reformas. Sin embargo, esta estrategia enfrenta grandes problemas constitucionales, legales y logísticos, por el alto costo.
En la reforma laboral se busca establecer contratos a término indefinido como norma general, mejorar las condiciones salariales y reducir la jornada laboral; también se enfoca en formalizar el empleo y erradicar el acoso laboral y sexual.
Se tiene la preocupación de los efectos económicos adversos, como el aumento de los costos laborales que podría desincentivar la contratación formal.
La reforma a la salud propone eliminar las entidades promotoras de salud EPS y establecer un sistema único de afiliación para garantizar acceso universal a servicios médicos. Se busca fortalecer el papel del Estado en la gestión de recursos destinados a salud y mejorar las condiciones laborales para los trabajadores del sector. Esta reforma también ha sido objeto de críticas por su inviabilidad económica y financiera y su falta de capacidad para abordar los problemas estructurales de la salud en Colombia.
Líderes empresariales y gremiales como Bruce Mac Master de la ANDI y Jaime Alberto Cabal de Fenalco han señalado que es esencial construir una reforma laboral consensuada entre todos los actores del mercado.
En medio de este panorama, las posibilidades de una consulta popular podrían redefinir el futuro político del país. Sin embargo, esto también podría profundizar las divisiones entre el gobierno como ejecutivo y el Congreso como legislativo y generar gran incertidumbre sobre la viabilidad de las reformas.
El camino es complicado, debido a la falta de consensos políticos y a las tensiones. El presidente Petro busca involucrar a los ciudadanos en las decisiones fundamentales para el país, sin embargo, esa estrategia puede ser insuficiente para superar los bloqueos legislativos y realmente abordar unos problemas estructurales que afectan al mercado laboral como al sistema de la salud en Colombia.
La propuesta de una consulta popular podría tener un impacto en el panorama político y social del país en lo que tiene que ver con la legitimidad y el mandato popular al ser aprobada o negada la consulta y los ciudadanos votan a favor de las reformas y el gobierno podría obtener un mandato reforzado para implementar cambios estructurales, pero que también llegarían al Congreso, como pasó con el acuerdo de paz.
La consulta genera una profunda división entre el ejecutivo y el legislativo, es decir, entre el gobierno y la oposición, mejor entre el pacto histórico y los partidos políticos tradicionales
Al llamar el presidente Petro a las movilizaciones sociales para respaldar las reformas, se incrementa la participación ciudadana y un mayor debate político sobre estos temas, lo que indudablemente va a generar conflicto y polarización social.
La redacción de las preguntas es el tema más difícil en la consulta, porque hay unos criterios preestablecidos por la Corte Constitucional, lo que puede limitar cómo se pueden plantear las reformas. Los costos son muy elevados.
Indudablemente que la respuesta ciudadana a estas iniciativas es fundamental para determinar su éxito y su impacto en el futuro del país.
