Cali y el departamento del Valle se quedaron sin recursos suficientes de carácter económico y financiero provenientes de la nación para adelantar planes y proyectos en infraestructura vial y social contenidos en los planes de desarrollo de dichos entes territoriales.
Todo ello debido al recorte del presupuesto de la nación por 70 billones de pesos afectando, por ejemplo, la continuidad de la construcción de la carretera Mulaló-Loboguerrero y el tren de cercanías entre Cali y Jamundí.
Así las cosas, algunos alcaldes de la región plantean la posibilidad de financiar dichas obras con recursos propios, lo que implica adquirir nuevos créditos con el sector financiero que finalmente se trasladarán vía impositiva a los contribuyentes caleños y vallecaucanos.
Los recursos de la nación que reciben los municipios con base en el sistema de participación y de las regalías, además de los que obtienen con el recaudo de los impuestos locales son muy escasos y limitados para atender las necesidades básicas fundamentales de los ciudadanos, quedando muy poco dinero para la inversión en obras de desarrollo vial y de infraestructura social.
En cuanto a la ciudad de Cali, la administración del alcalde Eder considera que el progreso y desarrollo dependen en gran medida de que se pueda desarrollar el área metropolitana (AMSO), a partir de la gestión que realicen los alcaldes en este caso, de Cali, Jamundí y Puerto Tejada, lo cual se expresa en este momento con la interconexión vial entre dichos municipios y la construcción de una estación del MIO en Jamundí y no obstante la crisis por la cual atraviesa METROCALI de carácter económico, financiero y técnico, lo que pone en duda el éxito de dicho proyecto.
Por lo demás, tanto la ciudad de Cali como el departamento del Valle se quedaron sin suficientes recursos para ejecutar aquellos planes y programas aplazados en el tiempo al no tener los presupuestos indispensables para acometer las obras consideradas de vital importancia para el desarrollo y progreso de la región Pacífico a la cabeza de la cual se encuentra la ciudad de Cali.
ADENDA 1.: La situación financiera de EMCALI continúa crítica siendo evidente que los asuntos misionales no se cumplen o sí acaso muy tangencialmente, entretanto la prestación de los servicios públicos domiciliarios es deficiente con interrupción de los mismos, daños constantes en redes de energía, alcantarillado, telefonía e internet.
El mal estado de las instalaciones en la torre de EMCALI, demuestran desidia y falta de recursos para atender su adecuado mantenimiento.
Es muy grave la cantidad de procesos judiciales que pierde la empresa, especialmente de carácter laboral con condenas individuales que superan los centenares de millones pesos, pudiendo ser insuficientes las reservas para atender las contingencias judiciales en caso de eventuales condenas, pagadas con las onerosas e injustas tarifas que recaen sobre los usuarios y en especial los pertenecientes a los estratos 5 y 6 que por mandato legal deben asumir un costo adicional del 20% sobre el valor de la factura para solidaridad con los estratos 1, 2 y 3.
Es urgente que frente a la empresa y ante la administración distrital los usuarios ejerzan su derecho de participación ciudadana como soberanos del poder y decidan sobre la empresa que hasta ahora ha sido manejada como un feudo privado.
ADENDA 2: Las contradicciones en la dirección de la ciudad se reflejan en cada uno de las políticas públicas que con el argumento de la defensa del interés general y promover el desarrollo, invisibilizan el interés particular de sectores económicos han ido ocupando los territorios para “llenarlos” de vivienda con el pretexto de de darles soluciones a los sectores populares, sin respetar el paisaje, el medio ambiente ni el recurso hídrico, a pesar del boom publicitario con la COP16 hace escasos 5 meses.
Hoy, los habitantes de Charco Azul y el Pondaje, exigen respeto por el medio ambiente y el recurso hídrico en serio peligro con el ambicioso proyecto urbanístico para “transformar el habitat de Cali, para mejorar las zonas verdes y adecuarlas para el disfrute de la comunidad” en el que el interés particular de los constructores y urbanizadores es inocultable, con la política de construir cientos de viviendas de interés social y prioritario, recibiendo los subsidios y dejando los graves problemas sociales, económicos, financieros, ambientales, a la ciudad y a sus habitantes.
Poco importa a las autoridades locales el Sistema de la red hídrica superficial constituida por 455 nacimientos de agua, 15 quebradas y siete ríos principales, sustentada por los ecosistemas naturales y agroecosistemas con manejo sostenible.
A la vez que la voz ciudadana es silenciada a la usanza de tiempos pasados, como si no hubiese una Constitución garantista de los derechos fundamentales en la que la soberanía reside en el pueblo.
