El gobierno de Colombia enfrenta un desafío para financiar el presupuesto general de la nación (PGN) para 2025, que se ha propuesto en un total de $523 billones, donde los ingresos se estiman en $511 billones y crecen 7,3%; mientras que los gastos ascienden a $523 billones y aumentan 3,9%, es decir, por debajo de la inflación. El diferencial de $12 billones se esperan obtener con la respectiva ley de financiamiento como lo estipula la ley.

Las estrategias de financiamiento que el gobierno planea implementar para asegurar los recursos necesarios son:

  • Ley de Financiamiento: El proyecto de ley de financiamiento es crucial para cerrar el déficit presupuestario. Esta ley busca recaudar $12 billones mediante nuevas fuentes tributarias y ajustes en las existentes. El Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha señalado que se espera un recaudo adicional de $6 billones a través de nuevos impuestos. La ley también propone traer la vigencia de la Regla Fiscal del 2026 al 2025, lo que podría generar $5.6 billones adicionales.
  • Reforma Tributaria: La ley incluye medidas para gravar actividades económicas consideradas improductivas, obligando a estas a contribuir al impuesto al patrimonio. Esto tiene como objetivo fomentar un crecimiento más sostenible y productivo en la economía colombiana.
  • Optimización del Gasto Público: El gobierno también busca mejorar la eficiencia del gasto público. Se planea destinar recursos a áreas críticas como infraestructura y programas sociales, asegurando que estos fondos se utilicen efectivamente para promover la reactivación económica y reducir la pobreza.
  • Inversiones Estratégicas: El presupuesto prioriza inversiones en sectores como la agricultura, la industria y el turismo, alineándose con las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Estas inversiones están diseñadas no solo para estimular el crecimiento económico sino también para abordar problemas estructurales como la desigualdad y la pobreza en el país.

La aprobación de la ley de financiamiento es esencial no solo para garantizar los recursos necesarios sino también para evitar recortes en programas sociales vitales como Renta Ciudadana y el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Sin embargo, el camino hacia su aprobación no está exento de obstáculos; hasta ahora, el Congreso ha mostrado resistencia ante las propuestas del gobierno.

El Consejo Gremial Nacional de Colombia ha expresado una serie de preocupaciones y críticas respecto al proyecto de ley de financiamiento propuesto por el gobierno para financiar el presupuesto general de la nación (PGN) de 2025:

  • El Consejo Gremial, derado por su presidente Bruce Mac Master, ha rechazado tanto el PGN como la Ley de Financiamiento, argumentando que la expectativa del gobierno sobre los ingresos es excesivamente optimista. En una carta enviada al Congreso, se expresó que si no se aprueba la ley ni se cumplen las proyecciones de recaudo por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el gasto primario podría necesitar recortes significativos, estimados en cerca de $33 billones.
  • Los directivos del Consejo consideran que el proyecto de ley es “inconveniente e inoportuno” para la reactivación económica del país. Aumentar la carga tributaria en un contexto económico ya desafiante podría frenar la inversión y el crecimiento, afectando negativamente a todos los sectores económicos. El Consejo advierte que una nueva reforma tributaria podría replicar los efectos adversos observados tras la reforma aprobada en 2022, que resultó en una disminución notable en la tasa de inversión.
  • El Consejo Gremial también ha señalado que hay un desajuste entre el crecimiento proyectado de los ingresos y el aumento del gasto público. Se estima que el déficit fiscal podría ser mucho mayor al anticipado por el gobierno, alcanzando cifras superiores a $84 billones si no se concretan las metas de ingresos34. Esta situación podría llevar a Colombia a enfrentar seis años consecutivos con altos déficits fiscales, lo que desincentivaría la inversión extranjera y presionaría aún más sobre la depreciación del peso y la inflación.
  • El Consejo también ha criticado la ejecución presupuestaria del año anterior, sugiriendo que el gobierno no ha logrado cumplir con las metas de recaudo fiscal establecidas para 2024. Esto genera dudas sobre la viabilidad del presupuesto propuesto para 2025, que se basa en expectativas similares.

Han instado al gobierno a ajustar sus ambiciones fiscales a la realidad económica del país y a priorizar la ejecución eficiente de programas existentes antes de implementar nuevas cargas tributarias. La sostenibilidad fiscal es vista como un elemento crucial para atraer inversión y reactivar la economía colombiana en un contexto donde los desafíos son significativos y las proyecciones fiscales son inciertas.

El financiamiento del presupuesto general de la nación para 2025 dependerá en gran medida del éxito del proyecto de ley de financiamiento propuesto por el gobierno, que avanza y el gobierno tiene aceita la mermelada

Editorial