La reforma a la salud se encuentra a un paso de hundirse en la comisión séptima del Senado de la república, después de haberse tramitado el proyecto e impulsado por el gobierno del presidente Petro.
Las razones y motivos esgrimidos por los opositores al proyecto tienen que ver con el hecho de que hasta el momento el ministro de Hacienda y Crédito Público no ha entregado el aval fiscal de la citada reforma, desconociéndose de esta forma cual sería su costo y si la misma tiene garantizados los recursos financieros para garantizar su funcionamiento.
Por otra parte, a los opositores del proyecto no les agrada del todo que el Estado ejerza el control sobre el manejo de los recursos de la salud que en la actualidad tienen las EPS.
Según dicen, el sistema de salud no solo no cuenta con los recursos para comenzar a funcionar, sino que tampoco está en condiciones de enfrentar los desafíos que se plantean en la reforma, particularmente en lo relacionado con la atención y prestación del servicio de salud de manera oportuna y eficiente.
Entretanto el presidente Petro ha expresado públicamente que no retirará el proyecto de reforma a la salud y que intervendrá a las EPS que no hayan cumplido con ciertas normas, generándose con ello la pérdida de billones de pesos. Por otra parte, el gobierno anunció que reglamentará vía decreto algunos aspectos de la reforma, lo que probablemente generará una serie de demandas judiciales ya que el ejecutivo carece de la competencia para modificar la ley estatutaria de la salud.
En el caso de aprobarse la reforma como ha sido concebida por el gobierno, se afianzará el poder del Estado en trono al manejo y control de la salud, lo que para algunos gremios y dirigentes políticos se estaría entronizando el “estatismo” en el sistema de la salud y de esta manera vulnerándose los principios de la libertad de empresa y de la libre competencia consignados en la Constitución Política.
Independientemente de esta visión por lo demás exagerada y contraria a la realidad, de lo que se trata en este caso es de reforzar el papel intervencionista del Estado con el fin de garantizar la prestación del servicio de salud desde el punto de vista preventivo y curativo.
Lamentablemente, desde la vigencia de la Constitución Política en 1991 y con la ley 100/93, la salud se convirtió en un negocio que le genera grandes dividendos a algunas EPS, en tanto se presta un servicio de deficiente calidad poniendo en riesgo la salud y la vida de los pacientes que acuden a dichas instituciones.
Aunque la reforma a la salud presentada por el gobierno contiene algunos aspectos positivos, como por ejemplo la creación de los centros de atención preventiva CAPS, ello no significa que la prestación de dichos servicios de salud sea eficiente y oportuna en favor de las personas que acceden a dichas entidades.
De lo que se trata es de que el servicio a la salud no se convierta en una simple formalidad cuya materialización dependa de sí se paga una suma adicional para ser atendido oportunamente como sucede con la denominada medicina prepagada, especialmente tratándose de enfermedades de alto costo como el cáncer, la diabetes, las enfermedades huérfanas, etc.
Así mismo, en las condiciones de la sociedad capitalista, aunque las reformas de carácter progresista constituyen un subproducto de la lucha social y política, no hay que convertirlas en un fin en sí mismo y menos sí lo que se busca con ellas es atenuar las contradicciones sociales para mantener en lo fundamental el statu quo ajeno a todo cambio esencial del sistema, casi siempre liderado por quienes abogan por el reformismo a ultranza, la demagogia y el populismo de derecha o de la izquierda radical que considera esta última que el cambio es posible con la creación de una nueva mentalidad capaz de transformar a los seres humanos, su modo de vida, y la estructura política y social, lo cual no deja de ser mas que una utopía, en tanto el cambio de la sociedad solo es posible en la medida en que se transforman las condiciones económico materiales en que se vive y mediante la lucha política se logra el acceso al poder del Estado desde el cual se realicen las reformas económicas, políticas y sociales dirigidas a construir una nueva realidad social.
