Los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella, con el vicepresidente José Manuel Restrepo y los ministros de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, deberán traducir la propuesta económica en cinco realizaciones concretas, acompañadas de control fiscal, seguridad jurídica y evaluación de riesgos.
- Ley de Ajuste Fiscal y Rescate Económico: sanear las finanzas públicas
Conseguir la aprobación y ejecutar el Proyecto de Ley de Ajuste Fiscal y Rescate Económico, que integra la reforma tributaria, la racionalización del gasto y medidas de recuperación económica. Impulsar su trámite legislativo, expedir medidas de austeridad, revisar contratos y reorganizar el gasto estatal.
Riesgo que debe evitarse: aumentar los impuestos a los productos de la canasta familiar, encarecer los alimentos y afectar el ingreso de los hogares. La reforma debe proteger el consumo básico, evitar nuevas cargas desproporcionadas a las empresas y no frenar la inversión. El ajuste debe concentrarse prioritariamente en el gasto improductivo y la eficiencia estatal.
- Milagro Week en Nueva York: convertir expectativas en inversión
Desarrollar la agenda internacional de 97 proyectos, con expectativas de inversión y financiación por US$41.900 millones, en infraestructura, energía, agroindustria, turismo y tecnología. Establecer seguimiento a las reuniones, acuerdos y compromisos para convertirlos en financiación efectiva y proyectos ejecutables.
Riesgo que debe evitarse: confundir expectativas de inversión con recursos comprometidos. Se necesitan proyectos bancables, estudios de viabilidad, seguridad jurídica y financiación comprobable, sin ofrecer garantías estatales que comprometan irresponsablemente las finanzas públicas.
- Reindustrialización: fortalecer la producción nacional
Abrir convocatorias de Bancóldex e iNNpulsa para financiar maquinaria, innovación, modernización tecnológica y expansión empresarial. Facilitar créditos, simplificar trámites y promover exportaciones y empleo formal.
Riesgo que debe evitarse: convertir los subsidios y créditos públicos en mecanismos de favorecimiento político o financiación de empresas inviables. Los recursos deben asignarse mediante criterios transparentes, competitivos y verificables.
- Agroindustria: transformar el campo en potencia exportadora
Impulsar convocatorias de Finagro y el Banco Agrario para distritos de riego, vías terciarias, centros de acopio, plantas procesadoras y tecnología agrícola. Fortalecer asociaciones campesinas y comercialización internacional.
Riesgo que debe evitarse: financiar obras sin estudios técnicos, proyectos sin mercados asegurados o inversiones que terminen endeudando a pequeños productores. Cada proyecto debe demostrar rentabilidad y sostenibilidad.
- Seguridad energética, infraestructura y turismo
Promover inversiones en petróleo, gas, generación y transmisión eléctrica, energías renovables, carreteras, puertos y turismo, mediante procesos competitivos y proyectos con financiación definida. Fortalecer la promoción internacional con Fontur y ProColombia.
Riesgo que debe evitarse: comprometer recursos en proyectos sin viabilidad financiera, generar incertidumbre regulatoria o descuidar los impactos ambientales y la seguridad energética.
Dos realizaciones estratégicas
- Seguridad y paz: recuperar las condiciones para la inversión y la producción
La sanción de la Ley 2640 del 4 de noviembre de 2026, que establece un nuevo marco de sometimiento a la justicia y transformación territorial, constituye una herramienta para recuperar el control institucional en zonas afectadas por estructuras criminales. Su aplicación debe traducirse en protección de empresarios, transportadores, agricultores y comunidades; reducción de la extorsión, el secuestro y las economías ilegales; y recuperación de territorios para la producción agropecuaria, minera legal y turística. La seguridad jurídica y física es también una condición para atraer inversión y generar empleo.
Riesgo que debe evitarse: que el sometimiento se convierta en impunidad, que las estructuras criminales se reorganicen o que la inseguridad continúe desplazando la inversión. Se requieren verificación judicial, protección de las víctimas y resultados territoriales medibles.
- Ajuste presupuestal de 2026: garantizar equilibrio entre ingresos y gastosl Gobierno a expidió el Decreto 1585 del 22 de octubre de 2026, que redujo apropiaciones del Presupuesto General de la Nación en aproximadamente $13,8 billones. Esta decisión debe complementarse con seguimiento a la ejecución presupuestal, revisión de gastos no prioritarios y protección de los programas sociales y las inversiones estratégicas.
Riesgo que debe evitarse: recortar indiscriminadamente inversión productiva, infraestructura o servicios esenciales, debilitando el crecimiento y el empleo. El ajuste debe privilegiar el gasto ineficiente y preservar proyectos con impacto económico y social.
Crecimiento con responsabilidad
Los primeros 100 días deben dejar resultados verificables: decisiones administrativas, convocatorias abiertas, financiación efectiva, inversiones contratadas y proyectos iniciados.
La transformación económica no consiste en recaudar más a cualquier costo ni en anunciar inversiones millonarias. Consiste en gastar mejor, proteger el poder adquisitivo de los colombianos, atraer capital productivo, fortalecer las empresas y generar empleo. La disciplina fiscal debe ser compatible con el crecimiento económico y la protección social.
