En Cali, «la sucursal del cielo», el acceso universal al agua potable y la garantía del derecho constitucional a una vivienda digna siguen siendo una utopía para la población más vulnerable. Sedientos y sin techo, muchos luchan por sobrevivir mediante el rebusque, las ventas informales o el reciclaje en el centro de la ciudad; sin embargo, son perseguidos y criminalizados. A este escenario, para nada celestial, se suma la propuesta del alcalde Eder de reducir más de 45 mil millones de pesos a los programas de inversión social en el presupuesto de Cali para la vigencia 2027. Por lo tanto, no es exagerado afirmar que estamos ante una expresión de la aporofobia que históricamente ha caracterizado a la élite oligárquica que representa el alcalde.
Quienes se han visto obligados a sobrevivir en los asentamientos precarios de la ladera y el oriente de la ciudad son considerados, desde el lenguaje institucional y la mentalidad hacendada, invasores e ilegales que no merecen la protección que debería brindarles el Estado social de derecho. Se trata de 53.109 hogares en Cali que no cuentan con acceso a servicios públicos en condiciones de calidad, continuidad y justicia. Además, muchos deben sobrevivir expuestos al riesgo inminente de inundaciones o deslizamientos. En los corregimientos, solamente el 64 % de las viviendas cuenta con cobertura de agua potable y el 32 % dispone del servicio de alcantarillado.
Muchas de las familias que habitan en los asentamientos precarios o en la zona rural obtienen sus escasos ingresos de la venta de productos agrícolas en la carrera 10 con calle 13, del comercio informal en la carrera 9.ª entre calles 13 y 14, y del reciclaje de oficio, cuyas Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) están ubicadas en el barrio Ciudad Paraíso (antes El Calvario). Esta es precisamente la población vulnerable que ha sido objeto de persecución y criminalización en la operación de recuperación del centro denominada «Cristo Rey», emprendida por el alcalde Eder durante el último mes. Los campesinos fueron desalojados del centro, a los recicladores de oficio se les prohíbe ingresar a las ECA y el episodio más reciente fue el operativo realizado a las 3:00 a. m. del viernes 6 de noviembre de 2026 para apropiarse de la mercancía de 41 puestos de vendedores informales del centro de Cali.
En todos estos episodios hay una constante: presentar ante la opinión pública las intervenciones como operaciones para garantizar la seguridad ciudadana, sin ofrecer alternativas que permitan a esta población garantizar su mínimo vital. A ello se suma que el alcalde Eder ha propuesto en el presupuesto de Cali para la vigencia 2027 una serie de recortes a los programas sociales dirigidos a la población vulnerable. Para la atención a la primera infancia busca reducir 10.620 millones de pesos; en los programas para las mujeres, 20.825 millones; en la atención al adulto mayor, 4.966 millones, y en los programas para habitantes de calle, 5.000 millones de pesos.
No es exagerado afirmar que, desde la conformación de la élite oligárquica que representa Eder, la cuestión social ha sido históricamente relegada y la población vulnerable no ha sido reconocida como sujeto de derechos, sino tratada bajo sospecha, como ilegal, invasora y generadora de inseguridad. Sin embargo, es preciso recordarle al alcalde Eder que vivimos bajo un Estado social de derecho, cuya jurisprudencia establece garantías para las personas de especial protección constitucional, ha ordenado al Distrito de Cali adoptar acciones afirmativas en favor de los recicladores de oficio y ha definido claramente los procedimientos para el tratamiento de los vendedores ambulantes. Ya no estamos en los tiempos de la hacienda de abolengo, cuando la población negra esclavizada no tenía más derecho que obedecer. Sin duda, Cali merece un gobierno democrático que resuelva de fondo la cuestión social, un propósito que no se logrará mientras prevalezca la mentalidad hacendada que encarna Eder.
*Concejal de Cali.
