El presidente Abelardo De La Espriella será recordado como el gobernante que impuso una política de paz de mano dura, cumpliendo con lo ofrecido durante la campaña electoral.
Dicha política tiene por objeto combatir a los grupos armados ilegales para lograr la tan añorada paz para Colombia; política ésta que dadas las condiciones y circunstancias por las que atraviesa el país, no parece conducir a un resultado positivo en tanto, puede incrementarse la violencia en medio de las amenazas de los grupos armados como el ELN que le declararon la guerra al actual gobierno que a su vez ha manifestado que “no dialogará con bandidos a quienes ya se les venció el plazo para someterse a la justicia”.
La política de mano dura no será suficiente para garantizar una verdadera paz de carácter estable y duradero, mediante la cual se pueda garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos a cargo del Estado, principalmente en aquellas regiones en donde el crimen organizado ha sentado sus reales de tiempo atrás, sin que ningún gobernante haya podido reducirlo utilizando para ello la fuerza del Estado.
La experiencia práctica e histórica demuestra que el uso de la fuerza para combatir a los grupos armados ilegales no ha generado los resultados deseados a largo plazo, en tanto que en muchos casos ha sido un completo fracaso y una manera de que se incremente la violencia, afectándose con ello a los ciudadanos que habitan en las regiones en donde tradicionalmente ha persistido la violencia no solo del narcotráfico sino la de carácter político y social.
La inexistencia de una política integral de paz por los gobiernos ha conducido al fracaso total de la acción de los gobiernos, más aun cuando no se profundiza en las causas ni se remueven los obstáculos que impiden su accionar en el tiempo y en el espacio respectivos.
Y por supuesto, el dilema de la paz se ha convertido en un asunto importante que será necesario abocar en forma inmediata con la participación ciudadana por ser éste un asunto de interés general que debe ser discutido ampliamente conforme a lo establecido en la Constitución y en la ley.
La política de paz del actual gobierno fundamentada en el uso de la fuerza por parte del Estado podrá generar una mayor exacerbación de las condiciones de polarización de la sociedad colombiana, con lo cual no solo nos alejamos de la paz sino que tendremos más violencia y guerra en el país.
ADENDA: La autoridad del Estado se traduce en la toma de decisiones, órdenes y en el cumplimiento de la ley por los funcionarios y por las instituciones, no pudiendo utilizarse para actuaciones que riñan con la Constitución, las normas legales legales y los más elementales derechos de la convivencia Social; so pretexto de que la transgresión de las normas mediante la violencia por parte de algunos ciudadanos, les permite al gobernante y a las autoridades poner fin a tal estado de cosas incluso dando de baja a los delincuentes exhibiendo sus cadáveres en bolsas frente a las cuales el presidente con vestimenta semi militar lanza un discurso provocador que para disuadir a los delincuentes y allanar el camino hacia la pacificación del país.
La función presidencial de conservar el orden público en Colombia para garantizar la convivencia pacífica, la seguridad de los ciudadanos y el respeto de los derechos en todo el país, no puede traducirse en la facultad omnímoda para impartir órdenes que van más allá de los límites que le señalan la Constitución y la ley.
Son los funcionarios con el presidente de la República a la cabeza como como jefe de Estado, jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, quienes deben dar ejemplo en el cumplimiento de la Constitución, la ley y las normas de convivencia sin pretender estar por encima de ellas, cualquiera sea el motivo invocado.
La rama judicial con su frondoso y costoso aparato investigador, es el llamado a perseguir para capturar, investigar y sancionar a los delincuentes sin discriminación ni privilegios.
