El gobierno del presidente Gustavo Petro llegó al poder en 2022 con la promesa de transformar el modelo económico colombiano, ampliar el gasto social y reducir la desigualdad. Sin embargo, a medida que avanzó el mandato, crecieron las preocupaciones por el deterioro fiscal, el incremento de la deuda pública, las derrotas institucionales de sus reformas económicas y la pérdida de confianza de sectores empresariales e inversionistas.
Aunque algunos indicadores mostraron avances parciales, como la desaceleración de la inflación y el aumento del salario mínimo, numerosos centros de pensamiento económico, gremios y organismos financieros advirtieron sobre un fuerte debilitamiento de la Hacienda Pública colombiana.
Uno de los principales cuestionamientos al gobierno Petro ha sido el manejo de las finanzas públicas. Según cifras del Ministerio de Hacienda y análisis de ANIF, Colombia cerró con uno de los déficits fiscales más altos de los últimos años.
Déficit fiscal estimado: El déficit fiscal estimado para Colombia en 2026 presenta proyecciones complejas, situándose mayoritariamente entre el 5,1% y el 7% del PIB. La cifra oficial fue revisada a la baja a 5,1% por el Ministerio de Hacienda en marzo de 2026, aunque analistas advierten que riesgos estructurales podrían elevarlo cerca del 7%.
Hueco fiscal aproximado: El hueco fiscal en Colombia para 2026 proyecta una cifra crítica de $102 billones de pesos, equivalentes a un 5,1% del PIB, lo que representa una quinta parte del presupuesto general y refleja gastos superiores a los ingresos.
Gasto público estimado: Detalles del Presupuesto General de la Nación 2026 (aprobado):
Total, PGN 2026: $546,9 billones.
Funcionamiento: $358,1 billones (65,5% del total).
Servicio de la Deuda: $100,4 billones (18,4% del total).
Inversión Pública: $88,4 billones (16,1% del total).
Ingresos fiscales estimados: Para 2026, el Ministerio de Hacienda de Colombia proyecta ingresos totales por $322,29 billones en su Plan Financiero, enfrentando un hueco fiscal de $26,53 billones frente a la meta presupuestal inicial. El recaudo tributario neto estimado es de aproximadamente $299 billones, mientras que entidades como el CARF proyectan $288,7 billones en tributos.
El aumento sostenido del gasto estatal, sumado a un menor dinamismo económico y una caída en el recaudo tributario, generó fuertes presiones sobre la sostenibilidad fiscal del país. Diversos economistas advirtieron que el Gobierno incrementó compromisos de gasto sin garantizar ingresos permanentes suficientes para financiarlos.
La reforma tributaria impulsada en 2025 y 2026 el Gobierno intentó implementar nuevas medidas tributarias mediante una emergencia económica. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró inconstitucional esa medida, argumentando que el rechazo del Congreso no justificaba el uso de poderes extraordinarios.
Previamente, el Senado de la República había frenado varios intentos de reforma fiscal adicionales, dejando al Gobierno sin herramientas suficientes para cubrir el creciente déficit presupuestal.
Otro de los factores más criticados en este gobierno, ha sido el crecimiento de la deuda pública y externa. Cifras aproximadas indican:
- Deuda pública en 2022: US$183.000 millones.
- Deuda pública proyectada en 2026: US$331.000 millones.
- Deuda externa en 2025: US$246.801 millones, equivalente al 53,8% del PIB.
El pago de intereses y servicio de deuda pasó a consumir una parte cada vez mayor del Presupuesto General de la Nación, reduciendo recursos disponibles para inversión social e infraestructura.
Durante este gobierno se incrementó la incertidumbre económica debido a confrontaciones frecuentes con sectores empresariales; tensiones con el sector energético y minero; anuncios de reformas estructurales radicales; mensajes contradictorios sobre inversión y propiedad privada.
El Gobierno también enfrentó múltiples escándalos relacionados con contratación pública, subsidios y presuntas redes de corrupción. Entre los casos más mencionados estuvieron: investigaciones relacionadas con la UNGRD; denuncias sobre clientelismo político; cuestionamientos al uso de programas sociales con fines políticos;
presuntas irregularidades en contratación y manejo presupuestal.
Sectores de oposición sostuvieron que parte del gasto público terminó siendo utilizado para fortalecer estructuras políticas y movilizar poblaciones vulnerables con fines electorales. Sin embargo, varios de estos procesos continúan bajo investigación y no todos han concluido judicialmente.
Diversos analistas consideran que el próximo gobierno recibirá una Hacienda Pública fuertemente presionada, con altos niveles de déficit fiscal; aumento de deuda; menor margen presupuestal; necesidad de ajustes tributarios y fiscales.
Aunque técnicamente Colombia no quedó quebrada ni perdió acceso a los mercados internacionales, sí existe preocupación sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas en los próximos años.
El debate sobre el legado económico de Gustavo Petro dependerá de si el país logra estabilizar sus cuentas fiscales o si los desequilibrios actuales terminan convirtiéndose en una crisis más profunda.
