En un acto realizado este jueves en la Base Aérea Marco Fidel Suárez, la Alcaldía de Cali entregó tres drones a la Fuerza Aérea Colombiana como parte de una estrategia para fortalecer la vigilancia y la respuesta frente a amenazas terroristas y estructuras criminales en el suroccidente del país.
La iniciativa, liderada por la Secretaría de Seguridad, se produce tras el atentado ocurrido en agosto del año pasado contra la base aérea, que dejó siete personas muertas y 76 heridas, un hecho que evidenció vulnerabilidades en los esquemas de protección de infraestructura estratégica en la ciudad.
Durante la ceremonia, el secretario de Seguridad, Javier Garcés, y la subsecretaria de Política de Seguridad, Natalia Zúñiga, destacaron la importancia de incorporar tecnología para mejorar la prevención del delito. Según las autoridades, los drones permitirán ampliar la cobertura de vigilancia sin exponer a las tropas en terreno.
El teniente Sebastián Córdoba, comandante de la escuadrilla de defensa aérea de la base, explicó que estos equipos facilitarán la observación tanto a nivel macro como micro, permitiendo anticipar situaciones de riesgo y llegar a zonas de difícil acceso.
Capacidades técnicas y alcance operativo
Los dispositivos entregados —parte del sistema de vigilancia aérea tipo “Raptor, tienen un peso aproximado de 1.063 gramos, pueden alcanzar velocidades de hasta 90 km/h y operar a alturas de hasta 6.000 metros. Además, cuentan con resistencia a condiciones adversas como vientos de hasta 12 m/s, lo que los hace aptos para distintos entornos urbanos y rurales.
Su uso estará enfocado inicialmente en la protección del entorno de la base aérea y en comunas cercanas, con el objetivo de prevenir hechos similares al atentado de 2025. La inversión total fue cercana a los 100 millones de pesos.
Una medida necesaria, pero insuficiente
Aunque la entrega ha sido presentada como un avance en materia de seguridad, surgen cuestionamientos sobre su impacto real frente a la complejidad del panorama de orden público en Cali.
Con más de 2.3 millones de habitantes y una geografía diversa que incluye ladera, zona rural, expansión hacia el oriente y amplios corredores urbanos en el norte, centro y sur, expertos advierten que tres drones resultan claramente limitados para cubrir de manera efectiva todo el territorio.
A esto se suman problemáticas persistentes como la presencia de estructuras criminales, economías ilegales, amenazas de terrorismo y altos índices de inseguridad en varios sectores de la ciudad.
Analistas en seguridad coinciden en que, si bien la incorporación de tecnología es positiva, se requiere un plan integral y creíble de vigilancia aérea y territorial, que contemple mayor inversión, articulación entre fuerzas, inteligencia preventiva y cobertura sostenida en las zonas más críticas.
El reto: de la reacción a la prevención
La apuesta de la administración distrital parece orientada a mejorar la capacidad de reacción ante eventos de alto impacto. Sin embargo, debe mejorar la prevención.
Sin una estrategia más robusta que incluya un número mayor de equipos, monitoreo permanente y coordinación con otras capacidades tecnológicas y humanas, iniciativas como esta corren el riesgo de quedarse en medidas simbólicas frente a una problemática estructural.
En una ciudad como Cali, marcada por retos históricos de seguridad, la tecnología puede ser un aliado clave, pero difícilmente sustituye la necesidad de una política pública integral, sostenida y proporcional a la magnitud del problema.
