El inicio de las obras de remodelación del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, liderada por la Alcaldía de Barranquilla, ha generado una protesta creciente entre sectores deportivos y jurídicos. El alcalde Alejandro Char encabezó el acto con la frase “la cancha baja 4 metros y el ‘Metro’ se extiende hasta el borde de la cancha… Un nuevo ‘Metro’ para Barranquilla”, pero la obra implica la eliminación de la pista de atletismo, única para eventos panamericanos, mundiales u olímpicos y plantea preguntas sobre prioridades en el uso de recursos públicos. Esto en el contexto de demanda de acción popular instaurada a finales del año 2025 y que se adjunta, ante la presunta vulneración de derechos colectivos.
La administración local ha comprometido una inversión que oscila entre $172.969.667.789 y $180.000 millones de pesos provenientes del presupuesto distrital, principalmente a través de impuestos como el de Industria y Comercio y créditos públicos, para financiar la obra. Según informes oficiales, estos recursos cubren no solo la ampliación del aforo a alrededor de 60 000 espectadores y mejoras estructurales, sino también zonas VIP, nuevos baños, 10 salas de enfermería, camerinos y sala de prensa. Hay que tener en cuenta, que a la ciudad, esta inversión le retorna en industria, comercio y turismo, como capital del futbol, pero ha debido conservar su concepto olímpico.
Para el alcalde, la obra responde a la necesidad de modernizar la infraestructura y posicionar a Barranquilla como sede de eventos de futbol y de entretenimiento. El impacto más inmediato y polémico es la demolición de la pista de atletismo existente, lo que afecta el derecho colectivo al deporte contemplado en la Constitución y pone en riesgo el patrimonio deportivo regional y nacional, construido con recursos públicos incluso con apoyo del Ministerio del Deporte. Esta pista no solo permitía entrenamientos, competencias internacionales, sino que también servía de preparación física para atletas de distintas disciplinas olímpicas.
La eliminación de este escenario limita la capacidad de Barranquilla para albergar eventos multideportivos de gran escala, como Juegos Panamericanos o Campeonatos Mundiales de Atletismo, y reduce las oportunidades de formación para jóvenes atletas. Será que el alcalde podrá olvidar la sede fallida de los Panamericanos 2027, con el escenario que se requiere en atletismo, mínimo de 30.000 personas como Lima 2019, Santiago 2023 y Lima 2027 . Es decir, renuncia Barranquilla a su transformación deportiva con una cita panamericana, como la hizo Cali 1971 .
Organizaciones deportivas argumentan que la pista atlética es un bien público cuya eliminación podría constituir un detrimento patrimonial del Estado, al destruir infraestructura construida con recursos nacionales sin justificación técnica, deportiva o económica clara. Señalan además que Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín cuentan con varias canchas de fútbol públicas, pero hay escasez de escenarios atléticos, que son costosos de reemplazar.
Por esto, se presentó a finales del 2025, una acción popular ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que le correspondió al juzgado 9 administrativo de Cali, fue remitida al Tribunal del Atlántico en Barranquilla, en busca de proteger derechos colectivos y solicitar medidas provisionalmente para suspender obras.
El debate judicial seguirá abierto, donde se ha solicitado la concurrencia del ministerio del deporte, el Comité Olímpico Colombiano, la Federación Colombiana de atletismo y la liga de atletismo del Atlántico.. La acción popular busca que se evalúe la legalidad del proyecto y que se adopten medidas para preservar el derecho al deporte, garantizar alternativas mientras se ejecutan obras y evitar que decisiones administrativas sacrifiquen patrimonio y derechos colectivos sin un análisis de impacto que equilibre inversión y deporte olímpico.
