Durante poco más de tres años del gobierno Petro, Colombia enfrentó un deterioro progresivo en su seguridad energética, especialmente en el abastecimiento de gas natural. Las decisiones oficiales y la falta de nuevos desarrollos exploratorios configuraron una crisis que afectó producción, tarifas, empleo e ingresos de hogares y empresas.
A finales de 2022 e inicios de 2023 se evidenció la caída histórica en la producción de gas, que retrocedió a niveles de una década atrás. La declinación de los campos, la reducción de inversiones y el ambiente de incertidumbre por el enfoque gubernamental hacia la transición energética frenaron la exploración, elevando el riesgo de desabastecimiento y presionando sectores como manufactura, generación térmica y hogares.
En 2023, el panorama empeoró con la caída del 16 % en las reservas probadas. La política de no promover fracking ni firmar nuevos contratos de exploración restringió la capacidad para reponer reservas y asegurar autosuficiencia, aumentando la dependencia de campos en declive y las alertas sobre déficit energético. Regiones e industrias anticiparon dificultades en el suministro.
El punto crítico llegó entre octubre y noviembre de 2024, con episodios de racionamiento y un aumento significativo en tarifas. Con menor disponibilidad de gas y sin nuevos proyectos avanzados, se priorizó el consumo residencial. Activar fuentes más costosas disparó tarifas, afectó operaciones empresariales y generó malestar ciudadano.
Hacia 2024 y 2025, el Gobierno reconoció la crisis estructural y evaluó la importación de gas natural —incluida la compra de gas a Venezuela— para evitar un colapso del abastecimiento. La medida elevó costos y aumentó la dependencia externa, generando preocupación por vulnerabilidad geopolítica y tarifaria.
Las proyecciones para 2025 confirmaron el deterioro: un déficit del 8,2 %, con posibilidad de llegar al 20,6 % en 2026 sin nuevos proyectos. Esto afectó transporte, generación eléctrica e industria, agravando presiones laborales y económicas.
El aumento del 25 % en el costo del gas durante 2025 profundizó los efectos económicos. Sectores como cerámica, alimentos, químicos y energía térmica redujeron su rentabilidad, mientras los hogares enfrentaron facturas más altas y protestas por falta de soluciones.
La crisis golpeó el empleo y la actividad petrolera: la caída de inversiones y la incertidumbre regulatoria generaron recortes y aplazamientos de operaciones, afectando miles de empleos directos e indirectos.
Para 2025, las protestas por la gestión del gas se intensificaron. Comunidades, gremios y actores políticos cuestionaron la coherencia de la estrategia energética, especialmente ante la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración y la opción de comprar gas a Venezuela como solución temporal.
La crisis refleja la necesidad urgente de replantear la política energética, equilibrando la transición con autosuficiencia y garantizando estabilidad para industria, hogares y empleo.
