Cali sigue siendo la ciudad más violenta de Colombia. Al 31 de octubre de 2025, las estadísticas oficiales registran 872 homicidios, una cifra que, comparada con los mismos 10 meses del 2024, de 809 homicidios, es preocupante, por ser el mismo gobierno del alcalde Eder.
Y si se proyectan los homicidios al cierre del año, superará los 1.040 casos, confirmando que la capital del Valle del Cauca continuará por segundo año consecutivo con más de mil muertes violentas.
En 2024, Cali cerró con 946 homicidios y una tasa de 41,4 por cada 100.000 habitantes, la más alta entre las principales capitales del país. Para 2025, la proyección muestra la misma tasa , evidencia la persistencia de un problema estructural que no cede ante los planes oficiales de seguridad, las promesas de patrullajes inteligentes ni el uso de nuevas tecnologías.
El contraste con otras grandes ciudades es alarmante. Bogotá registra una tasa proyectada de 13 homicidios por 100.000 habitantes, Medellín alcanza 12,0. Esta brecha confirma que Cali concentra el mayor nivel de violencia letal urbana en el país, muy por encima del promedio nacional.
Los sectores más afectados continúan siendo el oriente, la ladera y parte del centro, donde se ubican los principales focos de homicidios relacionados con microtráfico, ajuste de cuentas, intolerancia social y disputas territoriales entre grupos armados locales.
Más allá de las cifras, el impacto humano es devastador: miles de familias caleñas han perdido a sus seres queridos en una ciudad donde la violencia parece haberse normalizado. La situación demanda una respuesta integral, basada en inteligencia policial, presencia judicial efectiva, inversión social y liderazgo político.
Cali no puede seguir manejando con estadísticas parciales la violencia, y encabezando las listas de muerte. La ciudad necesita una política de seguridad urbana de largo plazo, centrada en salvar vidas, no en administrar cifras.
