Emperatriz Giraldo S.

 

En Colombia, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) administra

Los bienes incautados  a personas y entidades involucradas en actividades ilícitas. Estos activos, que varían desde propiedades inmuebles, obras de arte hasta vehículos de lujo, son administrados por y, en teoría, deberían ser utilizados para el bienestar de la sociedad. Sin embargo, en momentos de crisis, como el reciente terremoto que devastó varias regiones del país, surge la pregunta: ¿por qué no se utilizan estos bienes para ayudar a los damnificados?

La SAE tiene como mandato la administración y disposición de estos activos, pero su proceso puede ser lento y burocrático. A pesar de que hay una gran cantidad de bienes bajo su custodia, la conversión de estos activos en recursos tangibles para la ayuda humanitaria, no ocurre de manera exenta. Mientras familias enteras han perdido sus hogares y medios de subsistencia, muchos de estos bienes permanecen ocupando espacio, a menudo sin ser aprovechados.

La razón detrás de esta inacción puede radicar en diversas barreras administrativas y legales. La normativa que rige la disposición de bienes incautados, se centra en su liquidación de forma eficiente, pero a menudo carece de directrices claras sobre su utilización inmediata en situaciones de emergencia. En este sentido, se presenta una dicotomía frustrante: por un lado, la necesidad urgente de asistencia para los damnificados y, por otro, un sistema que no se adapta con la celeridad necesaria para hacer frente a situaciones emergentes.

La situación de los damnificados por el terremoto, es un recordatorio de que, en una nación donde la desigualdad y la pobreza siguen siendo problemáticas persistentes, cada recurso cuenta. Los bienes incautados pueden y deben ser parte de la solución en la respuesta a desastres, ayudando a reconstruir vidas y comunidades.

En Colombia, la Ley 1708 de 2014 establece un marco para la administración de los bienes incautados, y es posible que se puedan redirigir esos recursos para ayudar a afectados por desastres naturales, pero esto requeriría un proceso legal específico y la aprobación de las autoridades competentes.

Por eso, es imperativo que el gobierno y la SAE revisen sus protocolos y busquen mecanismos que permitan una rápida movilización de recursos en situaciones de emergencia. La voluntad política y una visión centrada en la efectividad, pueden transformar estos activos en herramientas de reconstrucción y resiliencia, propiciando un impacto positivo inmediato en la vida de miles de colombianos afectados. En tiempos de crisis, los sistemas deben adaptarse y encontrar nuevas formas de gestionar los recursos disponibles. Los destinos de estos inmuebles pueden variar, pero generalmente se incluyen las siguientes opciones:

  1. Subastas: Los bienes pueden ser vendidos en subastas públicas, lo que permite que sean adquiridos por particulares o empresas.
  2. Uso Estatal: Algunos inmuebles pueden ser asignados para el uso de entidades gubernamentales o para llevar a cabo proyectos de interés público.
  3. Restitución a Víctimas: En ciertos casos, se contempla la restitución de bienes a víctimas del conflicto armado o del narcotráfico, como parte de procesos de reparación.
  4. Destrucción: En ocasiones, los inmuebles son destruidos si se consideran inseguros o incompatibles con el uso civil.
  5. Arrendamiento: Algunos inmuebles pueden ser arrendados para generar ingresos que ayuden a financiar la administración de la SAE.

La política detrás de la gestión de estos activos, busca no solo la recuperación de recursos para el Estado, sino también contribuir a la reparación de las víctimas y a la desarticulación de estructuras ilícitas.

En la gran mayoría, los bienes incautados al narcotráfico, como vehículos, propiedades o maquinaria, a menudo son dejados en condiciones deplorables debido a varios factores, muchas veces, (la gran mayoría), estos bienes son confiscados y almacenados sin el debido mantenimiento, esto se debe a que tras la incautación, el proceso legal puede ser largo, costoso, complicado, y durante este tiempo, los bienes pueden sufrir daños por el paso del tiempo, vandalismo o falta de cuidado. Además, en algunos casos, los bienes son desmantelados intencionadamente por las autoridades para evitar su uso ilícito o como parte de investigaciones.

La gestión de estos bienes, podría tener un impacto positivo en la sociedad, ofreciendo refugio, atención y recursos a quienes más lo necesitan. Es fundamental que el gobierno y las autoridades pertinentes, evalúen y prioricen el uso eficiente de estos recursos, encontrando maneras de convertirlos en soluciones para problemas sociales urgentes. Esto no solo ayudaría a las víctimas, sino que también podría contribuir a la reintegración de las personas afectadas, promoviendo una imagen de esperanza y reconstrucción ante la adversidad.

 

Reflexión 1: ¿Cómo podría el uso de los bienes incautados del narcotráfico, ayudar a los damnificados impactar en la reconstrucción del tejido social y económico de las comunidades afectadas, y qué medidas se deberían implementar para garantizar que estos bienes inmuebles, se utilicen de manera transparente y efectiva?”

 

Por último, quiero expresar mi gratitud con todos aquellos que leen mis columnas y confían en este trabajo para investigar temas de interés, su respaldo, sugerencias y curiosidad, son mi mayor inspiración y el motor que impulsa cada nuevo artículo. Siempre los leo y tengo presente. Muchas gracias..!

 

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Comunicadora Social – Periodista

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