Quienes vivimos en Cali sabemos que la problemática es grande , representada, en muchas obras de la ciudad sin hacer, unas que son obligación de hacer , pagadas y no construidas , otras comprometidas contractualmente y otras dentro de los programas de gobierno y planes de desarrollo de los 6 alcaldes 2006 – 2026. Yno estamos hablando de los n barrios, sin vías o destrozadas o sin agua, o con pésima calidad educativa, alcantarillados que no funcionan o la consabida inseguridad.
Y quienes palpamos a toda hora la comuna 22 de Cali conocemos bien la escena: con media lluvia se va la energía, las calles de Ciudad Jardín y Pance se inundan, los sumideros rebosan y el tráfico se detiene por horas. No es un accidente, es el recordatorio de que la infraestructura llegó hasta donde pudo, mientras el cemento siguió creciendo sin pedir permiso. Como ciudadano preocupado por la problemática urbana, creo que ya no son molestias aisladas. Es un modelo de crecimiento que está superando la capacidad real del territorio que dice habitar.
La comuna 22 abarca toda el área de expansión del sur, incluidos Ciudad Jardín y Pance, y durante años se promocionó como el lugar ideal para vivir con aire limpio, zonas verdes y tranquilidad. Recordamos , viva “ LEJOS DEL MUNDANAL RUIDO “…. Hoy se siguen levantando casas, apartamentos y centros comerciales a un ritmo que no guarda proporción con las redes que deberían sostenerlos, empezando por los desagües y las cañerías de aguas lluvias, que en Pance y Ciudad Jardín ya no dan abasto. Cada nueva edificación se conecta a un sistema que fue pensado para una densidad menor, y la consecuencia la pagamos los vecinos con inundaciones, desagradables olores y calles deterioradas.
La movilidad cuenta la misma historia. Las vías del sector no resisten un vehículo más. No es una exageración, es lo que vivimos todos los días al intentar salir o entrar. Lo peor es que en la comuna 22 ya no hay hora pico, hay congestión permanente, porque cada proyecto nuevo suma decenas o cientos de carros a una malla vial que sigue siendo la misma de hace años. Construir sin ampliar ni mejorar las vías equivale a llenar un vaso que ya está rebosando.
A esto se suma un problema de usos del suelo que merece una explicación clara de las autoridades. Se están construyendo obras comerciales en sitios cuya vocación es exclusivamente residencial, lo que altera la naturaleza de barrios que se planearon para otra cosa y erosiona la calidad de vida de quienes compraron allí precisamente por ese carácter. Las normas urbanísticas existen para algo, y cuando se flexibilizan en la práctica sin un debate abierto con la comunidad, lo que se pierde es la confianza en la planeación misma. Los concejales 2012 – 2016, nos deben explicaciones del POT 2014 / 2015.
Es particularmente llamativo lo que sucede alrededor de PriceSmart y de la Universidad Icesi, donde proliferan los apartaestudios, centros comerciales al lado, por detrás y en diagonal de ambos puntos. Entiendo la lógica del negocio, pues hay demanda de estudiantes y la rentabilidad atrae a los inversionistas, pero cada unidad y cada centro comercial significan más habitantes, más vehículos, más consumo de agua y más residuos en una zona cuyas redes ya están al límite. Lo que se presenta como una oportunidad inmobiliaria termina siendo una carga que se reparte entre todos los vecinos.
El panorama se completa si miramos el corredor que va hacia la San Buenaventura, donde se ha consolidado una lista creciente de centros comerciales como Lago Verde, Marbella, Ibiza y otros más que están próximos, que ya se están anunciando y están próximos a iniciar su construcción. Cada uno atrae miles de visitas semanales y, sumados, convierten un eje que debería ser equilibrado en un polo de congestión y de presión sobre el espacio público. Ningún proyecto, mirado por separado, parece decisivo, pero la suma de todos nos coloca frente a un sector que ya superó lo que su infraestructura puede soportar.
Quiero ser claro en que no se trata de oponerse al desarrollo ni al progreso de Cali, sino de exigir que el crecimiento sea ordenado, planificado y proporcional a los servicios disponibles. Una ciudad que permite construir sin preguntarse si hay agua evacuada, vías suficientes y usos compatibles está hipotecando el futuro de quienes ya la habitan, y también el de quienes vendrán. ¿Dónde está Planeacion y la curaduría, dónde están los alcaldes y concejales de la ciudad, dónde está la administración municipal, dónde están los órganos de control? Bueno, verdad que desde hace ya muchos años, Cali se convirtió en un foco de corrupción para los que han ocupado estos cargos.
Frente a esto, la comunidad tiene una herramienta que vale la pena considerar la Ley 472 de 1998 y la acción popular, creada para proteger derechos colectivos como el goce de un ambiente sano, el espacio público, la prestación eficiente de los servicios públicos y la realización de construcciones respetando las normas, con prevalencia de la calidad de vida de los habitantes. Cualquier ciudadano puede promoverla, y el juez puede ordenar medidas cautelares para frenar lo que esté causando un daño, aunque conviene contar con apoyo jurídico y técnico para que el caso llegue bien sustentado.
Mi invitación es a organizarnos antes de que sea tarde. Las juntas de acción comunal, los administradores de conjuntos residenciales, los comerciantes afectados y la propia comunidad universitaria pueden reunir pruebas como fotografías de inundaciones, licencias de construcción vigentes y los usos del suelo autorizados, además de solicitar información formal a Planeación Municipal, Emcali, el Dagma y Tránsito. Con ese soporte, la discusión deja de ser una queja de pasillo y se convierte en una exigencia con fundamento.
Todavía estamos a tiempo de pedir que se detengan las obras que contradicen la norma y que se revise lo que está en marcha, pero cada semana de silencio le da la razón a quienes sostienen que el sur de Cali se nos ahoga.
