La Registraduría niega el ataque
Una denuncia sobre la presunta venta de información personal y biométrica de más de 41 millones de colombianos encendió las alarmas de ciberseguridad en el país. Fotografías, huellas dactilares, números de cédula y registros de identificación estarían siendo ofrecidos en un foro clandestino de internet. La Registraduría Nacional del Estado Civil aseguró que sus sistemas no han sido vulnerados.
El caso se conoció el 4 de noviembre de 2026, cuando un usuario identificado como GordonFreeman1 publicó una oferta que supuestamente contenía 41.415.693 registros de ciudadanos colombianos, equivalentes a aproximadamente 1,45 terabytes de información.
La denuncia fue examinada por el portal especializado MuchoHacker, que encontró inconsistencias en las pruebas divulgadas. Hasta el momento, no existe una confirmación independiente de que la base de datos ofrecida sea auténtica o haya sido extraída directamente de la Registraduría.
¿Qué información estarían vendiendo?
Según el anuncio publicado en el foro clandestino, los archivos incluirían nombres completos, números de identificación, fechas y lugares de nacimiento, fechas de expedición de documentos, fotografías y huellas dactilares.
El vendedor afirmó que obtuvo acceso mediante una vulnerabilidad en una API, una interfaz tecnológica que permite intercambiar información entre sistemas informáticos.
También ofreció una supuesta herramienta para consultar los datos de una persona utilizando únicamente su número de cédula.
La cantidad anunciada llama especialmente la atención: los 41.415.693 registros ofrecidos representan apenas 6.280 personas menos que los 41.421.973 ciudadanos habilitados para votar en las elecciones presidenciales de 2026.
Esta coincidencia plantea interrogantes sobre la procedencia de los datos, pero tampoco constituye una prueba de que hayan sido robados.
Las pruebas generan dudas
La investigación de MuchoHacker identificó varias irregularidades en las muestras utilizadas para promocionar la información.
Una ficha presentada como perteneciente al presidente Abelardo de la Espriella contenía realmente datos de su padre. Otra, atribuida al expresidente Gustavo Petro, incluía información que ya había circulado públicamente desde 2022.
Estas inconsistencias dificultan comprobar que el vendedor tenga acceso a los archivos originales que asegura poseer.
Sin embargo, durante la investigación también apareció una captura de un supuesto servicio de consulta mediante Telegram que mostraba información privada de una persona, incluyendo fotografía, datos de identificación, direcciones, teléfonos y afiliación a una EPS.
La existencia de estas imágenes aumenta las preocupaciones sobre posibles servicios clandestinos de consulta de datos personales. Aun así, no permite determinar que la información proceda de una vulneración a los sistemas de la Registraduría.
La Registraduría responde
El jueves 5 de noviembre, la Registraduría Nacional del Estado Civil publicó un comunicado en el que descartó haber identificado accesos no autorizados a sus sistemas.
La entidad explicó que realizó verificaciones de seguridad mediante registros de auditoría, monitoreo de plataformas, trazabilidad de accesos y revisión de evidencias digitales.
Según su pronunciamiento, estos procedimientos no encontraron indicios de intrusión.
También aseguró que el Archivo Nacional de Identificación (ANI), donde se administra información de identificación de los ciudadanos, cuenta con mecanismos de seguridad destinados a proteger su integridad y confidencialidad.
La Registraduría anunció que continuará monitoreando sus bases de datos para prevenir posibles incidentes.
No obstante, la respuesta institucional deja pendiente una cuestión: determinar si la información divulgada podría proceder de una entidad externa autorizada para consultar sus registros.
La propia Registraduría mantiene mecanismos de acceso y validación de identidad con entidades públicas y particulares habilitados por la ley. Por esta razón, una eventual filtración en sistemas de terceros constituye una hipótesis que requiere verificación.
El peligro de perder la biometría
Una filtración de estas características tendría consecuencias especialmente delicadas por la naturaleza de los datos presuntamente comprometidos.
Mientras una contraseña puede modificarse después de un incidente, las características biométricas de una persona, como su rostro o sus huellas dactilares, permanecen prácticamente iguales durante toda su vida.
Esta información podría facilitar intentos de suplantación de identidad, falsificación de documentos, fraudes financieros y engaños dirigidos a ciudadanos.
Además, disponer de información precisa sobre una persona permite construir estafas más convincentes, en las que los delincuentes utilizan datos reales para aparentar que representan a un banco o una institución pública.
En Colombia, la Ley 1581 de 2012 clasifica los datos biométricos como información sensible y establece condiciones especiales para su tratamiento.
Por ello, la protección de estos registros exige controles de seguridad tanto en las entidades que los administran como en las organizaciones autorizadas para utilizarlos.
¿Qué deben hacer los colombianos?
Mientras se esclarece la autenticidad de la supuesta filtración, los ciudadanos pueden adoptar medidas preventivas: activar las notificaciones de sus cuentas bancarias, revisar periódicamente su historial crediticio, desconfiar de llamadas que soliciten información personal y verificar directamente cualquier comunicación atribuida a una entidad pública.
También es importante recordar que conocer el número de cédula o la fecha de expedición de un documento no demuestra que quien llama sea un funcionario autorizado.
El caso plantea la necesidad de establecer el origen de los datos divulgados, comprobar su autenticidad y examinar la seguridad de los servicios que intercambian información personal.
Al 6 de noviembre de 2026, el presunto hackeo continúa sin confirmación pública independiente. La Registraduría sostiene que sus sistemas no fueron vulnerados, mientras persisten interrogantes sobre las muestras difundidas y la posible procedencia de los registros.
