La renovación urbana que se adelanta en el centro de la ciudad de Cali, no solo ha causado un despojo de la propiedad sino un desplazamiento de los residentes particularmente en el barrio El Calvario. Circunstancia que se agravó con el correr de los años con la tugurización de algunos barrios adyacentes como el barrio San Bosco y con la presencia cada vez mayor de indigentes y habitantes de calle que llegaron recientemente al barrio Guayaquil en cercanías de la escuela de artes y oficios del sector, sin que hasta la fecha las autoridades respectivas hayan tomado las medidas del caso que reclaman sus habitantes.
Es precisamente en el sector donde se desplazó a la población en donde se construirá la central de transporte del MIO y se impulsará la construcción de nuevas torres de apartamentos por grandes empresas constructoras auspiciadas por las administraciones locales a partir del alcalde Jorge Iván Ospina quien en medio de la realización de un cabildo abierto adelantado en el auditorio de la policía en el barrio San Pascual manifestó que el proceso de renovación urbana con el nombre de “Ciudad Paraíso” “constituía un proyecto fallido que debería someterse a varias modificaciones contando para ello con el concurso de los habitantes del sector desalojados de sus viviendas y locales comerciales”.
No debe olvidarse que previamente a la ejecución del proyecto de renovación urbana, la administración del momento procedió a bajar de estrato socio económico a los habitantes del sector, después de lo cual se declararon de utilidad pública los inmuebles objeto del citado proyecto procediéndose a la expropiación de predios en el barrio El Calvario, circunstancia que incidió en forma determinante en el valor de los avalúos catastrales y por consiguiente, en el precio de compra por parte del municipio.
Este proceso de renovación urbana que hoy se viene realizando en la ciudad trae como consecuencia la gentrificación convirtiéndose en una forma de imponer los cambios exigidos por el gran capital financiero en asocio con grandes empresas constructoras, en donde tienen lugar algunos procesos urbanísticos que se adelantan en aquellas zonas deprimidas de las ciudades tal como ha sucedido en el caso de Cali y atentando generalmente contra el patrimonio histórico arquitectónico y cultural de la ciudad.
No se trata de rechazar la renovación urbana como parte del progreso urbanístico que se realiza en todo el mundo civilizado, proceso que debe realizarse con la participación de los ciudadanos objeto del proceso expropiatorio, durante el cual el Estado debe garantizar el derecho de los afectados a la vivienda digna tal como aparece consignado en la Constitución y en las leyes de la república.
ADENDA UNO: Las pretensiones de la actual administración distrital radican en transformar la ciudad mediante la renovación urbana en varios sectores sin disponer de estudios en cuanto a la viabilidad de los suelos y el impacto negativo sobre la movilidad, la saturación de las s vías públicas publicas inadecuadas para recibir el aumento del tráfico vehicular; sin servicios públicos eficientes y con precariedad en las finanzas de EMCALI para atender la reposición, ampliación y adecuación de las redes de acueducto, alcantarillado, energía.
La renovación urbana proyectada exclusivamente en función de la reproducción del capital de los inversionistas a través de la construcción de grandes moles de cemento y acero, conduce al aumento de la pobreza en la medida en que los propietarios, poseedores y arrendatarios de las áreas renovadas son expropiados sin acceder a nueva vivienda digna en él área que les pertenecía; desplazando pobreza, miseria, personas en estado de calle por drogadicción y con ello la inseguridad, ocupación de espacios públicos, consumo de estupefacientes, prostitución hacia el vecindario y otros sectores., agravando así el problema en pro de “la estética del cemento y acero”, y de lo “bonito del paisaje” artificial gótico futurista.
ADENDA DOS: la adquisición de la hidroeléctrica Salvajina por parte de EMCALI no debe recibirse con euforia infantil sino que amerita una discusión de los caleños sobre los riesgos que el cambio climático genera en la reducción de los caudales y nivel del embalse que pondría en riesgo la generación de energía y con ello el incremento de la tarifa y el estado de la infraestructura que puede impactar la operación.
El costo-beneficio de la operación debe ser objeto del debate público general ya que son la ciudad y los caleños los que asumirían los elevados costos a futuro en tanto que los beneficios serán grandes para el actual propietario que se libra de un activo costoso.
Ninguna operación sobre EMCALI debe hacerse al margen de los caleños sobre todo en operaciones con altos riesgos para la empresa que pueden conducirla a la quiebra distrayendo la atención para concentrarse como actor principal, en la generación de energía alternativa eólica y solar.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
