La corrupción del gobierno Petro

En campaña, el candidato de la Espriella insistió hasta el cansancio en la importancia de dar a conocer a la opinión pública el nefasto resultado de la corrupción generado por el desgobierno de Petro. Cumpliendo su promesa, diez días después de su posesión, presentó el texto de 135 páginas, debidamente documentado, con más de 80 hallazgos, demostrando el deliberado saqueo al Estado perpetrado por el gobierno de izquierda.

Quizás, ante la incongruencia de las comisiones de empalme del gobierno saliente, que querían ocultar la verdad sobre lo acontecido, ADLE decidió dar por terminado el proceso de empalme y, en su defecto, presentar el verdadero acontecer de los cuatro años anteriores.

Lo insólito de la presentación del texto es que fue presentada ante los tres organismos constitucionalmente creados como entes de control: Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, que tienen la obligación de defender el erario, el destino de los recursos y las actuaciones de los funcionarios, y de proceder contra ellos, imponiendo responsabilidad e implicaciones penales, fiscales y disciplinarias.

A partir de esta presentación, el texto pone en cuestión si los organismos de control fiscal, disciplinario y penal han perdido, en lo fundamental, su razón de ser. También plantea si, en lugar de cumplir su función, se han convertido en plataformas burocratizadas de poder político, dotadas de presupuestos anuales que superarían las necesidades básicas de algunas regiones olvidadas de la geografía nacional.

El texto considera difícil de entender que los organismos de control solo hayan actuado, salvo en casos notorios, cuando los hechos ya habían sido advertidos por un periodismo responsable y se habían convertido en asuntos de conocimiento público No es posible entender que otras situaciones, salvo los palmarios escándalos de la UNGRD, la niñez de La Guajira, las nóminas paralelas, el desmantelamiento de la fuerza pública, el inoperante, burocratizado e inocuo Ministerio de Igualdad, la compra innecesaria de material bélico y la contratación de deuda en condiciones irregulares, no fueron divulgados y diligentemente investigados.

Tampoco se entiende la inactividad de las bien apodadas “ias”, porque, ante la realidad, miran hacia otras vías, cuando el desfalco y el saqueo sistemático cobijan las empresas del Estado, con ECOPETROL a la cabeza, e infinidad de agencias gubernamentales, convertidas en “peajes” burocráticos. Sí estos casos de notoriedad nacional no fueron debidamente instrumentalizados por los organismos de control, ¿qué se puede esperar del desfalco en las regiones y los mantos oscuros que los cobijan?

El libro de la verdad desnuda la realidad de la corrupción perpetrada por el gobierno anterior, que no habría sido expuesta adecuadamente por las instituciones responsables del control.

Nuevamente, la pregunta obligada y lógica es: ¿Vale la pena sostener entidades que ocultan el verdadero acontecer de la nación y se acomodan a intereses ocultos y a la realidad?

Los organismos de control deben ser objeto de análisis y pronunciamiento legislativo que permita corregir y reformar, para bien del país, lo que hasta hoy vienen desplegando.