Seguridad y Justicia lleva orientación a las zonas afectadas por el terremoto en Cali
La atención se concentra en arrendamientos, propiedad horizontal, protección al consumidor y seguridad en los sectores afectados.
La Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali mantiene atención en los sectores que resultaron afectados por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026. La dependencia distrital no es la encargada de distribuir los kits de ayuda humanitaria; su intervención se concentra en la seguridad, la orientación jurídica y la protección de los derechos de las personas afectadas.
A 25 de agosto, la Secretaría informó que sus equipos de Propiedad Horizontal, Protección al Consumidor y Control a Contratos de Arrendamiento están atendiendo directamente en seis sectores: Capri, Cámbulos, Tequendama, Nueva Tequendama, Cuarto de Legua y San Fernando. En estos puntos se reciben consultas y casos relacionados con viviendas afectadas, contratos de arrendamiento, administración de conjuntos y posibles incrementos injustificados de precios.
En materia de propiedad horizontal, los funcionarios orientan a los administradores de edificios y conjuntos residenciales sobre la certificación que acredita su condición. Este documento puede ser requerido para realizar trámites en nombre de la copropiedad, incluidos procesos relacionados con aseguradoras y reclamaciones por daños en las áreas comunes.
Otro frente corresponde al control de contratos de arrendamiento. La emergencia obligó a numerosas familias a abandonar viviendas que quedaron afectadas o que fueron evacuadas por las autoridades. La Secretaría está orientando a arrendatarios y propietarios sobre las situaciones que se presentan cuando un inmueble no puede ser ocupado y sobre los procedimientos que corresponden en cada caso.
La protección al consumidor también hace parte de la respuesta. La Alcaldía anunció que recibirá denuncias por aumentos de precios relacionados con la emergencia. Entre los casos señalados están los incrementos en materiales de construcción, necesarios para reparar viviendas. Los ciudadanos deben informar el establecimiento, el producto o servicio y la variación de precio observada. Con estos datos se pueden realizar verificaciones e investigaciones y, cuando corresponda, aplicar las medidas previstas en la ley.
La situación de los arriendos se convirtió en una de las principales preocupaciones después del terremoto. El secretario de Seguridad y Justicia, Javier Garcés Mosquera, explicó que los cánones de contratos vigentes no pueden modificarse por encima de los límites establecidos en la legislación. La administración distrital también señaló que acompaña a las familias que necesitan buscar una nueva vivienda debido a la afectación del inmueble que ocupaban.
La Secretaría también participa en el componente de seguridad de la emergencia. En los sectores donde se desarrollan operaciones de búsqueda, rescate o intervención de estructuras afectadas se mantienen controles de acceso con la Policía Metropolitana y el Ejército. Las autoridades han pedido a ciudadanos y voluntarios no ingresar a las zonas restringidas debido a los riesgos existentes en estructuras afectadas y a las condiciones de las operaciones.
La entrega de ayudas humanitarias corresponde a la ruta de atención coordinada por la Alcaldía y las entidades responsables de la gestión del riesgo. Según el balance oficial del Distrito, más de 363 toneladas de ayudas humanitarias habían sido entregadas después del terremoto. Una parte fue distribuida en los sectores más afectados de Cali y otra llegó a 19 municipios del Valle del Cauca. Esta operación es diferente de los servicios de orientación que presta la Secretaría de Seguridad y Justicia.
La Alcaldía también avanza en la identificación de las familias damnificadas mediante los registros de emergencia. Esta información permite establecer quiénes resultaron afectados y orientar la atención institucional. El registro de damnificados es parte de la ruta para acceder a las ayudas estatales.
A dos semanas del terremoto, la Secretaría de Seguridad y Justicia mantiene presencia en las zonas afectadas con funciones relacionadas con trámites, denuncias, protección al consumidor, arrendamientos, propiedad horizontal y seguridad. La entrega de alimentos, agua, elementos de alojamiento y otros suministros se realiza por los canales establecidos por la administración distrital para atender a las familias damnificadas.
