Cali ha tenido normas urbanísticas supuestamente para regular el territorio y desde el año 2000 con el primer POT contenido en el acuerdo 069 se presentó tal normativa como la magia que “per se” ordenaría el territorio haciéndolo sostenible, equilibrado socialmente, sin congestiones vehiculares, garantizada la prestación y disponibilidad de servicios públicos, normativa que pusiera fin a las ocupaciones ilegales del inmenso territorio distrital, de tal manera que se lograra un “desarrollo urbano sostenible”. Hoy 26 años después, el crecimiento de la ciudad es anárquico, caótico, convertida en ciudad turística muy costosa, no siendo estos los logros que esperaba Naciones Unidas con el documento Objetivos del Desarrollo Sostenible desde el año 2015, específicamente en el punto once.
Sin embargo, el POT contenido en el acuerdo 069 del año 2000, con la modificación en 2014 y el que será presentado al Concejo en octubre para su aprobación, no están adecuados para el crecimiento urbanístico ordenado en interés de las necesidades de los caleños en tanto, que lo realizado ha conducido a las alteraciones en la movilidad, el transporte, cambios en el medio ambiente y en los microclimas de varios sectores de la ciudad.
La RENOVACION URBANA se ha utilizado como política “pública” por gobernantes, constructores, propietarios de tierras, sector financiero, para mercantilizar la propiedad de la tierra aprovechando el deterioro de los barrios de la ciudad tradicional mediante su transformación en complejos residenciales y comerciales que han incidido de manera negativa en el desarrollo urbanístico de la ciudad.
Las grandes capitales de Colombia tienen los mismos problemas en inseguridad, desempleo, informalidad, pobreza, deterioro ambiental que empieza a dejar secuelas en la salud de las personas, servicios públicos domiciliarios, el recurso hídrico, movilidad, transporte público, que no han podido superarse a pesar de las renovaciones urbanas realizadas con la finalidad de generar trabajo y bienestar general , políticas urbanísticas que hoy en auge enfocadas solo en la parte económica del “inversionista” que con una buena tasa de retorno recupera rápidamente su inversión.
Este modelo de renovación urbana está lejos de ajustarse al concepto definido por la ONU centrado en recuperar espacios subutilizados cumpliendo el objetivo 11 del desarrollo sostenible, mediante la aplicación de los puntos neurálgicos de la Nueva agenda urbana adoptada en Quito en 2016 relacionados con el equilibrio del crecimiento económico, bienestar social, protección del medio ambiente en las zonas urbanas, promoción para que todas las personas tengan los mismos derechos a los servicios básicos y vivienda digna y fijando normas para evitar riesgos ante desastres al igual que la reducción del efecto invernadero mediante espacios públicos verdes.
Poco o nada de lo anterior contiene el bosquejo del proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial POT 2026 enfocado en el cambio del uso del suelo para beneficio de unos sectores económicos y financieros que consideran los procesos de Renovación Urbana como un factor determinante del crecimiento y desarrollo económico de las ciudades, el cual poco o nada tiene que ver con la Agenda de la ONU cuyo objetivo 11 de Desarrollo Sostenible radica en el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, ambientales, de vivienda y demás aspectos relacionados con el desarrollo sostenible del medio ambiente, la protección de las fuentes hídricas, el incremento de zonas verdes y no simplemente de parques recreativos o con jardines, para mitigar los efectos del calentamiento global y del cambio climático en general.
Un ejemplo de lo que no debe hacerse, lo constituye la propuesta de incorporar al desarrollo urbanístico de la ciudad una extensa zona ubicada en la zona de Menga que hace parte del ecosistema natural de la ciudad el cual goza de especial protección constitucional y legal.
Así mismo, los procesos de renovación urbana que se adelantan en el centro ampliado como Ciudad Paraíso y los que se piensan realizar a partir de la plaza de Cayzedo resulta ser lo contrario a lo establecido en los objetivos de Naciones Unidas y en la Nueva Agenda Urbana aprobada en Quito.
Es prioritario que el alcalde Eder convoque a los caleños a través de las organizaciones sociales y comunales a conocer el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial con las incidencias urbanísticas en sectores de la ciudad como en los barrios Arboleda, Santa Rita, Santa Teresita, Aguacatal, Peñon, en el oeste de la ciudad; en el sur de la ciudad como Pance, Ciudad Jardín, Valle del Lili; Bochalema, Ciudad pacífico, etc., y ejercer de manera activa el derecho constitucional de participación ciudadana, el cual debe hacer realidad el alcalde.
