La visión y planes del alcalde para Cali

La visión del alcalde sobre el presente y futuro de la ciudad y de sus habitantes se expresa básicamente en la ejecución de un conjunto de obras urbanísticas, viales, deportivas, turísticas y de servicios, que se concretan en varios ´programas desarticulados y parciales que poco o nada tienen que ver con las verdaderas soluciones que requiere la ciudad y que los caleños vienen reclamando desde tiempo atrás y particularmente al comenzar el mandato del burgomaestre de turno.

Sin embargo, tales ejecutorias prevalecen por encima del interés general acorde con la visión que se tiene, que independientemente se está aplicando en su integridad acorde con el plan de desarrollo en la cual se insiste en sacar adelante a partir del desarrollo de proyectos que solo benefician a determinados sectores de la sociedad, sin que con ello se mejoren las condiciones de existencia de los caleños relacionadas con la rampante inseguridad, la creciente informalidad, el deficiente acceso y mejoramiento de los servicios de educación, salud, vivienda, además de las abrumadoras congestiones de vehículos que se forman en los diversos puntos cardinales de la ciudad y todo ello a pesar de la implementación parcial de los semáforos inteligentes y de la denominada “ola verde” que muy poco contribuye con la fluidez del tráfico automotor.

Con todo y la aprobación por parte del Concejo distrital de los denominados planes de desarrollo, los cuales no dejan de tener más que un carácter formal, el hecho real es que todos estos se convierten en programas parciales que impone el alcalde de turno, acorde con su visión y el interés que representa y defiende desde la administración al margen de las necesidades e intereses de los caleños, a quienes en épocas electorales se les promete toda clase de soluciones que en términos generales no se traducen en acciones concretas o simplemente se dilatan en el tiempo tal como sucede con varias obras públicas de interés general para la población caleña.

En verdad la ciudad no tiene un verdadero plan integral de desarrollo y menos aún con la posibilidad de aplicarlo en la práctica y darle continuidad en el tiempo y en el espacio, en tanto que tal como lo hemos expresado anteriormente, lo que prevalece y se impone es lo que concibe el alcalde de turno, el cual obedece a una visión estereotipada y utilitarista con que se mira la ciudad.

En este caso, no se trata de afirmar aquellos principios de que se habla en el preámbulo de la Constitución Política relativos a garantizar el trabajo estable y duradero, la vivienda digna, el acceso a la educación y la salud, ni la protección de la vida humana ante la inseguridad que se vive en la ciudad y menos aun el bienestar social de los caleños.

Los requerimientos de los caleños a título individual y social, no pueden considerarse como una simple réplica del manejo administrativo, en tanto se trata de ejercer los derechos inalienables que tienen los ciudadanos de exigir al mandatario cumplir estrictamente con su obligación constitucional de garantizar su participación en todos aquellos asuntos de interés individual y social, particularmente en este momento en que se discute las bases  los términos del Plan de Ordenamiento Territorial que será aprobado por el Concejo distrital en el que se sientan las bases del presente y futuro de la ciudad de Cali a partir del plan de ordenamiento territorial del AMSO y del Plan Cali 500+ cuya visión no corresponde a las urgencias del territorio, de las necesidades económicas, políticas y sociales de los caleños ni del medio ambiente natural especialmente con la protección de los recursos hídricos y del parque nacional Natural Los Farallones de Cali.

ADENDA: A propósito de la realización de las elecciones para elegir el nuevo congreso de la república, es necesario señalar que los caleños desconocen en los fundamental las propuestas de los candidatos a ocupar curules por el Valle del Cauca en dicha corporación, lo cual es esencial para definir el voto en favor de quienes están realmente decididos a representar y defender los intereses con sus derechos y libertades de todos los colombianos, vallecaucanos y caleños.

ADENDA DOS: Es muy grave la situación del sistema de salud en Cali y en el Valle. Los discursos electorales con frases para los votantes, distan mucho de la realidad padecida por pacientes de La Nueva EPS en especial los de alto costo, irrespetados en su dignidad, salud y su vida en riesgo, por no recibir autorizaciones en forma ágil e inmediata, en tanto deben desplazarse hasta la sede administrativa en la madrugada, en espera de ingresar para “radicar” las ordenes, fórmulas e historia clínica, que en muchos casos parece se extravían, en otros; no envían mensajes de texto, como tampoco a los correos electrónicos conocidos por dicha entidad.

A los pacientes oncológicos les son desconocidos los derechos que les concede la “ley Ceballos”; al tiempo que sus tratamientos son interrumpidos y cambiados de IPS, situación que se agravará con la decisión de la “migración” de un grupo grande de afiliados trasladados de otras EPS con base en un decreto presidencial sin consideración a que La Nueva EPS no tiene la infraestructura ni la logística suficiente para atender tantos millones de pacientes.

Es indiscutible que el sistema de salud requería reformas tendientes a agilizar y mejorar la atención a los afiliados a fin de que pronta y eficiente. El gobierno nacional no tuvo en cuenta que Colombia es un país urbano y el mayor número de afiliados se encuentra en las ciudades.

Las personas que viven alejadas de los centros urbanos estuvieron abandonadas en cuando a la atención, tratamientos y medicamentos. Para ellas se requiere solidaridad y justicia social. Pero la solución aplicada ha conducido a empeorar lo que existía.

Este asunto de interés general, desafortunadamente es presentado como bandera electoral a escasos diez días de las elecciones, lo que no conduce a una discusión seria, respetuosa y argumentada en tanto, es utilizado por los diferentes movimientos y partidos políticos para agitar sus propuestas alrededor de la salud.

La decisión asumida por el ejecutivo nacional de redistribuir los afiliados solo podría hacerse con base en una ley y no por medio de decretos que según la normatividad jurídica sería absolutamente inconstitucional e ilegal.